Al iniciar el análisis de la iniciativa de reformas al Código Penal para el Estado de Guanajuato, la Comisión de Justicia de Congreso del Estado revisó la propuesta para crear y construir el Registro de Personas Agresoras Sexuales de niñas, niños y mujeres.
La iniciativa que fue turnada por la Gobernadora del Estado, Libia Denisse García contempla, además la puesta en marcha de un sistema público de información que contenga los registros de quienes hayan recibido sentencia por cometer delitos sexuales contra las personas ya señaladas.
La presidenta de la Comisión de Justicia, María Eugenia García Oliveros aseguró que la propuesta busca también inhabilitar a los agresores, que en su calidad de servidores públicos incurran en estas faltas, para estar impedidos de desempeñarse en el sector público.
“Estoy muy contenta con este tipo de iniciativas porque van de la mano con las propuestas que hace nuestra Presidenta y el hecho que la Gobernadora esté trabajando con ella, sobre todo en un caso tan importante que es en beneficio de las mujeres” dijo.
Explicó que, en una época y un contexto social, en donde existe un incremento de violencia que se ejerce contra mujeres y niños, resulta fundamental llevar a cabo reformas que protejan su vida y castiguen a quienes abusan de ellos.
Durante la sesión de trabajo de la Comisión se revisaron los diversos aspectos que aborda el proyecto de Ley como: el tiempo que debe permanecer la información de los agresores, ampliar las sanciones privativas de la libertad y la obligación del Estado para que niñas, niños, adolescentes y mujeres puedan vivir libres de violencia.
García Oliveros señaló que además de hacerse pública la situación de servidores públicos agresores, se les deben fincar una responsabilidad y un castigo para que no vuelvan a ejercer en el sector público.
Mientras que la diputada, Susana Bermúdez Cano abordó el tema, desde la perspectiva de la educación y cuestionó que cuando se trata de agresión de parte de maestros contra alumnos, al agresor solo se le cambie de plantel.
Apuntó que en este caso es injusto que el agresor permanezca libre y la y los agredidos estén expuestos los riesgos que implica estar cerca de una persona con estas condiciones, que muchas veces no se detienen.
Bermúdez Cano consideró que se debe escuchar a las mujeres o menores de edad que han sido agredidos o abusados, entenderlos y evitar que haya la posibilidad que el causante del daño pueda acercarse.
