El reformar para aplicar prisión preventiva para quien porte armas de fuego no es la solución a los delitos federales que presenta Guanajuato y otros estados por la violencia, inseguridad y robo de combustible, porque podría ser contraproducente al darse situaciones de “sembrado de armas”, apuntó el experto en seguridad, Miguel Carbonell.
“No es una reforma necesaria, se ha discutido, incluso en seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); sin embargo, si se aplican las normas vigentes tal cual están es suficiente para tener un combate efectivo a la delincuencia, no veo indispensable esa reforma, es más, podría generar un efecto contraproducente en cuanto al sembrado de armas”, refirió.
Comentó que en la actualidad un 45 por ciento de los reclusos están en las cárceles por la prisión preventiva, lo que resulta como una violación a la presunción de inocencia.
En este sentido, y sobre la solicitud de los gobernadores en el país, insistió en que modificar la ley no es la solución a la problemática de impunidad que existe en el país, es entonces con la prevención del delito, en perfeccionar el trabajo de la fiscalía y atender las deficiencias en los reclusorios lo que ayudaría a mejorar la impartición de justicia.
“Hay que trabajar en la prevención del delito, estamos fallando en la prevención, perfeccionar el trabajo de la fiscalía; en la presentación de pruebas, atender el tema de los reclusorio”, enfatizó.
RECLUSORIOS
Reprochó las condiciones en las que operan los reclusorios, mismos que se convierten en universidades del crimen.
“Estos son un fracaso del estado mexicano, los reclusorios no están cumpliendo con la tarea de reinsertar a las personas a la sociedad, hay que voltear a ver esa realidad muy dura, y hasta caótica, pero si no tenemos sano el sistema penitenciario, difícilmente vamos atacar de raíz la incidencia delictiva”, advirtió.
Indicó que cada año se registran 33 millones de delitos, según el Inegi, donde un 50% tienen que ver con robo. Un 43% de las denuncias tienen que ver con la portación de armas de fuego; un 38% por delitos contra la salud y tan sólo un 7% de los procedimientos son por delitos fiscales.
Manifestó que ninguna persona ha sido juzgada por el delito financiero en el país.
El experto en seguridad, indicó que sólo 0.24 de los procesos judiciales llegan a una sala de juicios orales, lo que ve como algo positivo, ya que de lo que se trata es de solucionar los conflictos, algo que se está logrando en las primeras instancias judiciales.
MIEDO
Comentó que es necesaria la protección de testigos, ya que al ser juicios orales estos han mostrado temor para participar en un proceso penal, y esta situación no sólo se da en asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada, incluso en donde se acusa de robo.
