Decíamos ayer, hace apenas unos días y para ser exactos, en mi columna del 18 de Junio del presente año, precisé lo siguiente:
“Hace tan solo un mes, hubo “cacería de brujas” en contra de los conductores de Uber, por parte de las autoridades. Creo que se ocupa de buenos oficios en lo político, social y económico del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, por lo que el Gobernador de Guanajuato debiera intervenir directamente para resolver este problema que se presentó en el servicio público de los taxis. La sociedad no quiere que ahora haya zafarranchos, porque sería lamentable que la seguridad de los ciudadanos, la cual se encuentra bastante resquebrajada, ahora también tenga que preocuparse de que puede ser atacada por utilizar un servicio, tanto de un taxi de color verde como uno de los conocidos como “Uber” o un taxi ejecutivo, la conclusión es que en esta ciudad de León cabemos todos, pero se ocupa del liderazgo y capacidad por parte de las autoridades.”
En este orden de ideas se advierte, que era indispensable la aplicación del Instituto de Movilidad en un marco democrático, de respeto a la legalidad y a los derechos humanos porque hasta esos momentos era notorio y público que se tenía un problema que tenía que ver con el servicio del transporte público, conocido como taxis, en relación con los “Uber”.
Desde mi perspectiva, en León vuelve a aparecer la represión derivada de la falta de capacidad para enfrentar un problema de estas dimensiones, aunque no quisiera convertir esta columna en un relato que más pareciera de una película de “Rápido y Furioso” en donde se dan persecuciones peliculezcas de un vehículo que en su carrera empiezan a dañar carritos de puestos, que los automóviles en su loca carrera destruyen mesas y sillas de cafeterías, y todo lo que se encuentra a su paso, provocando choques de vehículos de terceros, pero en el presente caso esto no es una película sino es una vergonzosa realidad en donde los policías son expuestos como verdaderos cazarecompensas, detonados por los intocables de Movilidad para que estos levanten una infracción a un chofer del “Uber”, a toda acción se ocupa de una reacción pero la actuación de Seguridad Pública (policías) debe estar justificada con la repulsa o control de la misma, es muy fácil iniciar una persecución sin ningún tipo de precaución que cause daños colaterales, y en este caso se pusieron en peligro los bienes de terceros y lo más alarmante, hubo lesionados en donde más de alguno estuvo en peligro su vida, y con esto la infracción que finalmente lograron los amantes del orden es pecata minuta para los peligros y daños que se ocasionaron. Y esto lo digo porque no estaban persiguiendo a ningún homicida, asaltabancos, por lo tanto están criminalizando una forma de trabajo que a la postre en tratándose de una política de criminología al impedir que una persona tenga un modo honesto de vivir, puede ser que ahora sí, lo estén encausando a que cometa un ilícito para poder sobrevivir él y su familia.
Desde mi perspectiva asumo, que el Gobernador del Estado Miguel Márquez debe intervenir para poner orden en el Instituto de Movilidad porque los asuntos que tienen que ver con el mismo, que hasta ahora es evidente que los han rebasado, y en lo que toca de igual forma al Alcalde de esta ciudad Lic. Héctor López Santillana, debe de participar en lo que toca en la intervención de la policía. Es de todos conocido, que los ánimos políticos están encendidos, pero este incidente prendió los focos rojos para recordarles que antes de estar pensando en una probable reelección o la búsqueda de nuevos puestos, primero deben garantizar gobernabilidad y paz en nuestro Estado.
Es una contradicción hasta biológica que en el plano nacional se esté peleando continuar con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, en donde una de las características es precisamente la de libre competencia pero por otro lado, en lo local le pongamos freno a mejorar el servicio del transporte público a este sistema conocido como “Uber”, que cada día está siendo aceptado por países desarrollados, y de esta manera fomentemos los monopolios y sea la propia autoridad quien obstruya el libre desarrollo como puede ser el turismo de León, que éste es un tema muy sensible que puede traer recursos para la industria hotelera y restaurantera de esta ciudad.
La lectura que le damos a este incidente bochornoso que probablemente se ha derivado para integrar una carpeta de investigación de daños y lesiones, igual que cuando se presentó el problema del aumento al transporte urbano, es que ha habido incapacidad para resolver este conflicto, por lo que se ocupa aquí y ahora de asumir con toda responsabilidad el encargo que le han dado los guanajuatenses a la autoridad local y estatal.
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