El servicio de transporte público vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que las autoridades correspondientes tendrán que responder: ¿cuántas unidades son necesarias para garantizar que una ruta funcione de manera adecuada?
La pregunta surge ante la situación que enfrentan usuarios de la ruta 26 Ramal, perteneciente a la línea Coecillo, donde, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades de Movilidad, actualmente solamente una unidad estaría encargada de cubrir el servicio.
El argumento oficial es que una de las unidades sufrió un accidente, situación que habría reducido la cantidad de camiones disponibles para atender a los usuarios. Sin embargo, el problema no termina ahí.
De acuerdo con la información proporcionada, esa misma unidad debe atender también otros servicios, entre ellos las rutas 26 y 26 Ramal. Incluso, se señaló que una de las unidades correspondientes a la 26 Ramal dejó de aparecer en el sistema de monitoreo, mientras que únicamente se mantiene identificada una unidad de la ruta 26.
El escenario resulta complicado si se considera que un recorrido de la ruta 24 Ramal tiene una duración aproximada de 20 minutos. Es decir, una sola unidad tendría que realizar recorridos de manera continua para intentar cubrir una demanda que corresponde a un servicio público utilizado diariamente por decenas de personas.
La situación también deja ver algunas de las limitaciones que existen dentro de la propia autoridad encargada de supervisar el transporte. La servidora pública consultada lleva apenas 15 días en el cargo y, de acuerdo con lo señalado, no recibió capacitación específica para atender este tipo de situaciones relacionadas con la operación de las rutas y las empresas concesionarias.
Esto no necesariamente representa una responsabilidad personal para quien ocupa actualmente el puesto, pero sí abre una pregunta sobre la preparación con la que las dependencias reciben y atienden problemas que afectan directamente a los usuarios.
Desde Movilidad se explicó que la dependencia mantiene comunicación con la línea Coecillo y que, ante este tipo de situaciones, la autoridad puede emitir sanciones cuando la empresa concesionaria incumple con las condiciones del servicio.
El problema es que, según lo señalado, esas sanciones representan un monto que puede ser similar o incluso menor a lo que la empresa podría obtener con un recorrido con la unidad llena.
Y ahí aparece la parte que más preguntas genera.
Si una sanción no representa un impacto suficiente para corregir una deficiencia en el servicio, ¿qué incentivo existe para que la situación cambie?
La propia autoridad reconoce que tiene facultades limitadas frente a las decisiones operativas de la empresa. En este caso, la responsabilidad recae en la línea Coecillo, mientras que Movilidad únicamente puede supervisar y, en su caso, sancionar.
Para los usuarios, sin embargo, la consecuencia es mucho más sencilla: esperar.
Esperar a que llegue el siguiente camión, esperar a que la unidad termine su recorrido y esperar que exista espacio suficiente para poder abordarla.
El transporte público no solamente se mide por la existencia de una ruta en un mapa. También se mide por la frecuencia, la cantidad de unidades disponibles y la capacidad de responder a las necesidades de quienes dependen de él para llegar a sus trabajos, escuelas o actividades diarias.
Que una unidad haya sufrido un accidente puede explicar temporalmente la reducción del servicio. Lo que queda por aclarar es cuánto tiempo puede mantenerse una situación así y qué medidas existen para evitar que los usuarios terminen pagando las consecuencias.
Porque si una ruta completa puede operar con una sola unidad durante buena parte del día, quizá la discusión ya no sea solamente sobre un camión que falta, sino sobre qué tan preparado está el sistema, tanto desde las empresas concesionarias como desde la autoridad, para garantizar el servicio que los ciudadanos necesitan.
