Ligia Gricelda Arce Padilla, la nueva encargada de despacho de la Secretaría de Salud de Guanajuato tiene una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud y más de diez años de experiencia laborando en el sector público de salud pero, también, tiene un par de quejas ante la Prodheg por supuesto acoso laboral.
Ante la salida de Daniel Díaz, la Secretaría de Salud se quedó con Gricelda Arce Padilla al frente, ella era la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria III en Celaya desde el 1° de junio de 2014 hasta la fecha pero este era su segundo periodo a cargo de dicha jurisdicción pues la primera vez que estuvo en ese puesto fue del 16 de agosto del 2011 al 31 de enero del 2013.
Como antecedentes la hoy encargada de despacho de la Secretaría de Salud tiene un par de quejas en la Prodheg (Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato) por presunto acoso laboral.
De acuerdo con el registro de la propia Prodheg el 14 de diciembre del 2018 se emitieron recomendaciones ante el asunto con el expediente número 50/16-E, las cuales se dirigieron al titular de la secretaría (en ese momento Daniel Alberto Díaz Martínez) para que instruyera a quien corresponda, a iniciar un procedimiento disciplinario en contra de la doctora Ligia Griselda Arce Padilla, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número III por cuanto a los hechos que se le atribuyeron que hizo consistir en la Violación del derecho a la dignidad humana, en su modalidad de acoso laboral.
La segunda recomendación es con el expediente 5/17-C fechada el 1° de agosto del 2019 en donde la queja fue en contra de la jefa de la jurisdicción pero también contra de la coordinadora de servicios de salud, al coordinador de epidemiología y al director general de recursos humanos, todos ellos de la Secretaría de Salud del Estado.
En este asunto la Prodheg también recomendó al titular de salud instruir a la doctora Ligia Gricelda Arce Padilla, Jefa de la Jurisdicción y a Florida Suaste Zárate, Coordinadora de Servicios de Salud, implementar un diagnóstico que tenga como objetivo mejorar el clima laboral y, con ello, se eviten actos de acoso laboral como el sucedido en este caso.
Ambas resoluciones fueron hechas y firmadas por José Raúl Montero de Alba, quien fue procurador de derechos humanos del 2016 al 2020 en el estado.
