La diputada Claudia Silva Campos presentó en el Congreso del Estado un punto de acuerdo, a través del cual solicita se exhorte a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, a fin de establecer y ejecutar de manera conjunta con el Congreso local los mecanismos metodológicos necesarios para analizar la eficacia y eficiencia de la implementación del sistema penal acusatorio en la entidad.

En dicha evaluación, dijo, se deberá incluir la participación social, mediante foros, conferencias, charlas o cualquier otro instrumento metodológico que permita recoger el parecer de observatorios ciudadanos, organizaciones no gubernamentales que interactúan en materia de seguridad, violencia y derechos humanos en lo particular, así como académicos y profesionales en las materias inmersas ya sean con acción estatal, nacional o internacional, pero sobre todo a la sociedad en general, con apertura para que sea parte de la construcción de los instrumentos y después sea parte de la necesario eficacia de los mismos en su implementación, remarcó.

AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Aparte, en opinión del diputado Víctor Zanella Huerta, dijo que con las modificaciones al Código Civil del Estado, aprobado por el Pleno del Congreso local, los ciudadanos guanajuatenses recibirán múltiples beneficios, porque “después de una toda una vida de trabajo, la mayoría de los adultos mayores no cuentan con una pensión y en aquellos casos en que sí la reciben, la misma resulta insuficiente para satisfacer siquiera sus necesidades elementales y en este contexto el derecho de alimentos se convierte en una institución de derecho civil útil y necesaria”.

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Reconoció que este sector de la población que se encuentre en estado de abandono, tendrán una herramienta para obtener un acto de justicia natural, “que es el de apoyar a nuestros padres en la parte final de la vida, del mismo modo en el que ellos nos apoyaron el principio de nuestra vida”.                                                             Refirió que según datos del Gobierno Federal, el número de adultos mayores va en aumento por lo que es necesario reconocer, proteger y garantizar los derechos de los adultos mayores.                                  Y citó datos de la Secretaría de Bienestar en las que señalan que no se tiene reportado mejorías

para este sector de la población en el rubro de bienestar económico y existe un aumento en la incidencia de las personas adultas mayores con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo: “ellos se encuentran en desventaja económica, y no solo eso, también enfrentan detrimentos sociales y laborales, enfermedades, y discapacidades; con ello, disminuye su autonomía, se limitan sus relaciones, y son parte del esquema de vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana”, finalizó.

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