El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez, declaró que más de la mitad de los programas sociales del Gobierno Federal nacen y operan sin reglas de operación.
Lo anterior comentó ante la nula presencia de reglas de operación del nuevo Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) que el Gobierno Federal creó para desaparecer el Seguro Popular.
«Nosotros, históricamente hemos dicho que la mitad de los programas sociales en el país no tienen reglas de operación, esta no es una característica particular del Insabi, la mitad de los programas nacen sin reglas de operación, eso lo van a resolver en el Gobierno Federal y al final las van a crear, tarde o temprano tiene que tenerlas si quieren tener el gasto público, no hay forma de ejercer el dinero sin tener las reglas».
Explicó que los gobiernos panistas que se oponen a adherirse al Insabi por falta de reglas de operación, fue bien manejada por sus gobernantes, y destacó que la federación también actuó correctamente al darle una salida viable para no perjudicar a los derechohabientes del Seguro Popular.
«A mí me parece que la salida que dieron a los gobiernos estatales es la clave, este no es un instrumento al que te tienes que sujetar obligatoriamente, cada estado tiene que hacer sus cuentas, hacerlas bien, determinar si le conviene o no, y que no haya ningún tipo de perjuicio para el derechohabiente».
Recordó que el Seguro Popular nació sin dichas reglas de operación y también fue ajustando la reglamentación jurídica durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
«Cuando surgió el Seguro Popular existió la misma conversación que se tiene hoy con el Insabi, se dudaba si era una buena medida de política pública, si tenía reglas de operación, cómo funcionaría, eso es bastante normal cuando se crea una nueva institución, lo importante es como deciden los gobiernos estatales sumarse o rechazarlo».
Enfatizó que los estados panistas que no desean entregar su Sistema Estatal de Salud ahora tienen que hacer cuentas sobre la conveniencia de mantener el sistema del Seguro Popular y administran su propio servicio médico o entrega al gobierno federal toda su infraestructura médica.
«Es de números, los gobiernos estatales tienen que hacer bien sus cuentas, porque el contrato que propone la federación es muy duro de cumplir, tiene ventajas y desventajas, es un asunto de liderazgo político el definir si se suman o no, y en base a que números tomaron la decisión, y no es un cumplimiento obligatorio que acorrale a los estados».
Sobre el supuesto chantaje de la federación para entregarle su estructura médica, Bojórquez declaró que es difícil que se pueda presionar con la bolsa de 40 mil millones de pesos.
Concluyó que pocos estados panistas podrán resistir no entregar su Sistema de Salud debido a que muchos cuentan con problemas económicos y no podrán mantener las exigencias de su población.
«Están explorando las cosas, no todos los estados en ese grupo están en las mismas circunstancias financieras y económicas, yo creo que algunos no están en condiciones de no sumarse naturalmente, no les dan los números».
