Sí, en efecto, se acabó el fuero constitucional para los funcionarios públicos, quienes gozaron por años de esa figura, que si ahora cometen delitos en el ejercicio de sus funciones, pagarán las consecuencias de sus actos, “porque van a ir a parar sin contemplaciones al bote”.
Lo anterior, porque en el Estado existen más de 500 funcionarios al servicio de los Tres Poderes del Estado y de los 46 municipios.
Así, en el Estado de Guanajuato desde el pasado fin de semana entró en vigor la ley aprobada previamente en el Congreso local y luego promulgada en el periódico oficial estatal, que fija la eliminación del fuero de servidores, aseveró el diputado local del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba.
MEDIDA
La medida aplica para los servidores públicos de los Tres Poderes del Estado y de los 46 municipios, añadió.
Así, con el marco legal actualizado y vigente, “ya no gozan de fuero constitucional el Gobernador del Estado, ni los 36 diputados locales del Poder Legislativo, tampoco el presidente magistrado del Poder Judicial”; y la medida aplica para los 46 presidentes municipales, sus directores de áreas e integrantes de cuerpos edilicios, sean síndicos o regidores, dijo.
El pasado fin de semana, refirió, que entró en vigor dicho cuerpo normativo que, en su oportunidad, fue propuesto y aprobado por unanimidad en el pleno camaral del Congreso local en diciembre pasado.
Así, del Poder Ejecutivo ni el propio mandatario estatal, ni sus secretarios e integrantes de su gabinete legal y ampliado gozarán en lo sucesivo del fuero, apuntó.
Lo mismo aplica, acotó, para los 36 legisladores locales, quienes conforman la actual LXIII Legislatura del Estado, sostuvo.
Por igual, señaló que el nuevo marco legal del desafuero abarca al Poder Judicial, porque ni magistrados ni jueces gozarán más del fuero constitucional, incluidos ministerios públicos y agentes ministeriales.
AL BOTE
Por todo ello, dijo el congresista que todos aquellos servidores públicos que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones, “irán al bote”.
Con lo anterior “se descarta el privilegio del fuero, para que los servidores públicos, de ser detectados y denunciados por cometer irregularidades tendrán que enfrentar sus responsabilidades ante la justicia penal que nos rige en la entidad”.
