En la sesión del Ayuntamiento de ayer, hubo de todo: presencia de los acusados; amenazas entre los regidores; interrupciones y llamados al orden; confrontación de argumentos y levantadedos sin razonamiento; presencia extraordinaria de funcionarios y seguidores de los partidos políticos; intolerancia contra la presencia de los medios de comunicación; acusaciones mutuas de corrupción y creación de empresas fantasmas entre ambos bandos; presencia de porristas y gritones oficiales hasta la reencarnación de la divina honradez entre los mortales y lo impensable, hasta se fue la luz a media discusión.
La sesión en donde se aprobó sancionar con la inhabilitación de un año a ex integrantes de la administración pasada, entre ellos la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, por las observaciones que hizo la Auditoria Superior del Estado respecto al proceso de licitación de la basura en 2014, pasará a la historia como una de las más nutridas en la actual administración y por la presencia de los funcionarios públicos que han encabezado los dos últimos gobiernos, uno mayoritariamente del PAN y otro del PRI y PVEM.
El arranque de la confrontación inició cuando el síndico Luis Ernesto Ayala Torres puso sobre la mesa los dictámenes elaborados por la Comisión de Gobierno, que él mismo preside, para proponer la sanción a ex integrantes de la Comisión de Medio Ambiente Sustentable, ex integrantes del Consejo Directivo del Sistema Integral de Aseo Público y ex integrantes de la Comisión Técnica Especializada del Ayuntamiento 2012-2015, así como a los integrantes del cuerpo edilicio que votaron a favor de entregar la licitación a dos empresas privadas en 2014.
La propuesta, que sería sometida a votación antes de tres horas de debate, fue sancionar a los ex funcionarios de la pasada administración con un año de inhabilitación para desempeñar cargos públicos, derivado del procedimiento de Responsabilidad Administrativa, instaurado en su contra. Ni el ex Tesorero, ni el ex director general de Medio Ambiente Sustentable se escaparon.
Luis Ernesto Ayala Torres, Carlos Medina Plascencia, Bety Yamamoto, Alejandro Alaniz, José Luis Manrique, Federico Zermeño, Ana María Carpio, Ana María Esquivel Arrona, Jorge Cabrera y Jesús Vázquez votaron a favor de la sanción contra los ex funcionarios. Salvador Ramírez Argote, Sergio Contreras y Norma Patricia López Zúñiga votaron en contra, mientras que se ausentó Salvador Sánchez Romero.
Entre los asistentes a la audiencia pública estaban Bárbara Botello Santibáñez, Aurelio Martínez, Verónica Barrios, Eugenio Martínez Vega, Alejandro Kornhauser, Leonel Charnichart, todos ellos integrantes del anterior Ayuntamiento y todos sancionados por mayoría del actual Ayuntamiento.
El personaje más cuestionado por los argumentos jurídicos expuestos en la sesión fue el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús López Gómez, a quien se le atribuyó no entregar a tiempo el expediente a revisión como lo marca la ley y ser artífice de las inconsistencias jurídicas del proceso abierto contra los ex funcionarios de la pasada administración. Otra mancha más a su desempeño fue haber ordenado a su subalterna de comunicación que retirara a los reporteros que estaban cerca de la mesa del Cabildo.
Los regidores más combativos con sus argumentos jurídicos fueron Salvador Ramírez Argote y Sergio Contreras, que invocando los reglamentos municipales hicieron ver mal a los panistas con las fallas en el proceso sancionador contra los ex servidores públicos. Aunque sus baterías las dirigieron contra López Gómez, responsable de dar cauce legal al proceso; ni siquiera cumplió con la entrega a tiempo del expediente de dos mil 333 hojas a los integrantes del Ayuntamiento
La ilegalidad de la sanción y otros criterios jurídicos que se omitieron durante el proceso, según la versión que ofrecieron los regidores del PRI y PVEM, facilitaría a los castigados la impugnación ante los tribunales administrativos, y hasta podrían derivar en denuncias penales contra los actuales integrantes del Ayuntamiento.
No había fundamento legal para que la Auditoría Superior del Estado cuestionara el costo-beneficio del estudio técnico; no hay desvío de recursos y las observaciones ya habían sido solventadas; las faltas administrativas cometidas sólo ameritaban amonestación y no inhabilitación, entre otros argumentos que fueron expuestos por Salvador Ramírez Argote y Sergio Contreras, quienes de paso advirtieron a los panistas que su decisión de sancionar a los ex funcionarios tendría consecuencias penales.
El regidor Jesús Vázquez García, explicaba en su posicionamiento que no dudaba de la honorabilidad de Aurelio Martínez y María Esther Zúñiga, a quienes les reconoció su calidad moral, aunque esta vez estaba obligado a votar a favor de la sanción contra ellos.
Del lado del PAN, el síndico Carlos Medina Plascencia invocaba nuevamente a la vocación de servicio y a la reputación que debe acumular un político ante la ciudadanía; acusaba corrupción en la pasada administración y ponía de ejemplo al ex Tesorero, de quien aseguró se pasea en Texas, y hasta pedía que no sólo se limitara la acción de la Procuraduría General de Justicia del Estado a la solicitud de desafuero de la ex alcaldesa, sino que se profundizaran las investigaciones pues había evidencia de que se crearon empresas fantasmas, el dinero no se puede ocultar.
Se dio tiempo de pedir respeto a la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, cuando lo increpó con el tema del Fobaproa, mientras se refería a la necesidad de actuar con honestidad y transparencia; se refirió a ella como señora y le dijo que le daba gusto verla ahí mientras recetaba su discurso de honestidad y buen nombre. Aunque Salvador Ramírez Argote le dijo que si quería hablar de empresas fantasmas que recordara la corrupción de la pasada administración estatal y de quienes fueron señalados por crear una: Pastas Finas.
José Luis Manrique se envalentonó, agradeció las advertencias del PRI y PVEM de que cometerían un delito si sancionaban a los exfuncionarios y respondió que de su futuro legal se encargaba él mismo, que se verían en los tribunales si fuera necesario, mientras urgía al alcalde a pasar a la votación y no seguir con ese debate. Era el más urgido en que se votara el dictamen propuesto por Luis Ernesto Ayala, porque la discusión se salía del guion que acordó el cabildo azul el miércoles a medio día en el Poliforum León.
Mientras esto sucedía, el famoso Bolis, que asistió a la sesión del Ayuntamiento, no daba crédito a lo que escuchaba; se movía de un lado a otro, se llevaba las manos a la cabeza para avalar los argumentos que defendían a sus anteriores jefes y reprobar a los panistas con su clara intensión de sancionarlos. Se quedó con las ganas de gritar en medio de la sesión.
Al final, algunos sancionados como Eugenio Martínez resaltaba que impugnaría ante los tribunales y que no le perjudicaba la decisión porque no buscaba ningún otro cargo público; la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez acusaba una persecución política de lo que llamó un tribunal panista digno de la Santa Inquisición, y estaba segura de que les volvería a ganar como lo hizo en la elección del 2012; Aurelio Martínez se mostró moderado, y aunque busca la candidatura de Morena para la elección del 2018, no estaba preocupado por la sanción, sus abogados le dijeron que no tenía fundamento legal.
Finalmente, el alcalde diría a los medios de comunicación, al concluir el encuentro, que estaba tranquilo porque se había actuado conforme a la ley, que la sanción estaba bien fundamentada y que no tenía temor de que lo demandaran por la vía penal. Así lo hicieron cuando se restituyó el fallo de la licitación de la basura y no ha pasado nada.
Luis Ernesto Ayala, Federico Zermeño, Alejandro Alaniz, Bety Yamamoto, Ana María Carpio y Ana María Esquivel Arrona, se reunirían más tarde en un hotel del centro de la ciudad para comer tras una dura jornada, y en donde nuevamente dos regidores de oposición los hicieron ver mal porque no ofrecieron argumentos contundentes para respaldar el castigo por el que votaron.
CONVOCATORIA
Luego de los halagos que dijo el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sobre su amigo y Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, ante el cuerpo diplomático acreditado en México, y que fue interpretado como un destape, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI lanzó su convocatoria para la elección y postulación de su candidata o candidato a la Presidencia de la República.
El poderoso Luis Videgaray Caso se refirió al posible candidato del PRI a la presidencia en el 2018 como uno de los mexicanos más talentosos, y cuyo liderazgo ha permitido al país mantener el rumbo, la estabilidad y la claridad en la política económica.
Estos elogios movieron fuerte el tapete a los otros aspirantes a la candidatura por ese partido, que hasta el propio Enrique Peña Nieto tuvo que salir a declarar a los medios de comunicación que en el PRI no se elige por elogios o aplausos, e incluso, el propio Videgaray Caso tuvo qué aclarar que no se deben confundir sus elogios a Meade Kuribreña con decisiones políticas.
Pero en política no hay casualidades, porque es inusual que el Presidente Peña Nieto haga declaraciones a los medios fuera de la agenda de sus eventos oficiales y porque hay un contexto propicio para el pronunciamiento del Secretario Videgaray Caso, al halagar al aspirante Meade Kuribreña un día antes de que el PRI diera a conocer las normas para desarrollar su proceso interno.
El presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza y la Secretaria General, Claudia Ruiz Massieu dieron a conocer anoche que el método de elección y postulación de la candidatura presidencial será vía convención de delegados, esquema que fue ratificado por el Consejo Político Nacional y los Consejos Estatales. Ayer mismo se publicó la convocatoria.
El registro interno se realizará el 3 de diciembre, las precampañas inician el 14 de diciembre de este año y terminarán el 18 de febrero del 2018. Esto significa que los Secretarios de Estado que busquen alcanzar la candidatura del PRI a la Presidencia de la República en 2018, tendrán que renunciar a más tardar la segunda semana de diciembre; en esa fecha se conocerán a los aspirantes, donde podrían aparecer más de tres colaboradores de Peña Nieto.
BIENESTAR
La Coparmex Zona Metropolitana de León emitió ayer una postura respecto al incremento al Salario Mínimo General, que apenas llegará a los 88.36 pesos diarios (antes eran 80.04 pesos), y aseguró que es un avance muy limitado hacia la línea de bienestar.
Este aumento se aplicará a partir del primero de diciembre del 2017, aunque la Coparmex planteó en el seno de la comisión que aprueba este incremento, que era necesario empatarlo a la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y que se ubica en 95.24 pesos.
Aunque, reveló que se acordó que a más tardar en abril de 2018 se realice otra revisión para que el salario llegue a los 95.24 pesos, y permitir a las familias que apenas ganan un salario mínimo, cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
El organismo patronal también observa que el gobierno federal sostiene un discurso triunfalista al asegurar que se han generado más empleos en esta administración, pero que todavía falta alcanzar la meta de un millón 200 mil nuevas fuentes de trabajo para las personas que entran a la Población Económicamente Activa, así como mejorar los ingresos de los trabajadores.
Esta parte es fundamental para alcanzar una mayor igualdad en el país, aunque la visión del gobierno siempre tiene qué ver con el control de las variables inflacionarias. Al menos quedará la vía de la productividad para un alza en los ingresos, aunque la mano de obra barata se mantiene como uno de los principales factores de competitividad para atraer inversión al país.
