Mayra Legaspi Tristán, directora del Observatorio Ciudadano de León, considera que los cuerpos de seguridad municipales atraviesan una profunda crisis estructural ya que carecen de las condiciones mínimas “recomendables” para ejercer sus funciones sin poner en riesgo sus vidas.
Lo anterior lo comentó luego del asesinato de una agente de Tránsito en Yuriria y la posterior renuncia de 30 elementos de esa corporación.
“Esto presenta una radiografía de cómo se encuentran los servicios de Seguridad Pública en distintos municipios del estado donde los elementos no cuentan con las condiciones propicias para el desempeño de sus funciones”, reiteró.
Dijo que esta situación demanda que existan las condiciones básicas mínimas que permitan que sus vidas no se encuentren en riesgo además de que se les brinden garantías más allá de lo que establece la ley, porque “literalmente exponen su vida todos los días”.
Subrayó que el fortalecimiento institucional de las corporaciones es urgente.
“Urge porque actualmente enfrentan no solo la amenaza directa del crimen organizado, sino también una percepción pública ambivalente y una falta de respaldo institucional”, afirmó.
Destacó además que cuando el crimen organizado siente que hay más rigor en su contra, reacciona, y su blanco son precisamente estos elementos, que son los que pueden estar identificando a ciertos actores clave.
“Si no los respalda la institución ni la sociedad, quedan completamente vulnerables”, lamentó.
Enfatizó que la mejora debe ser transversal, desde los tres niveles de gobierno, además de la Fiscalía, la Guardia Nacional, y en especial, en los municipios, porque en muchos casos carecen de recursos para sostener y capacitar a sus policías.
“No podemos cantar victoria si la baja en homicidios no se sostiene en el tiempo. Además, hay que revisar con cuidado, porque, aunque bajan los asesinatos, aumentan las desapariciones, y eso puede estar ocultando otras formas de violencia”, recalcó.
