El Sistema Penitenciario del estado de Guanajuato es el mejor evaluado de todo el país de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el DNSP 2018, que llevo a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como cada año.
De hecho, el Sistema Penitenciario Guanajuatense ganó el primer lugar nacional por quinto año consecutivo y de sus 10 Centros de Prevención y Reinserción Social existentes, el de San Miguel de Allende es el número 1 en todo México.
Además, el puntaje alcanzado por el SPE demostró una tendencia a la alza en su calificación al alcanzar un 8.21, de calificación, superior a la obtenida el año 2017 que fue de 8.19.
Con esto, el Sistema Penitenciario de Guanajuato superó la media nacional establecida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en esta última evaluación, fue de 6.45.
Por eso los Centros de Prevención y Reinserción Social, CePreResos, guanajuatenses ocupan el primer lugar como los mejor calificados a nivel nacional, sólo seguido de los estados de Querétaro, que obtuvo la misma calificación, Coahuila, Aguascalientes y Tlaxcala, en ese orden.
El Diagnóstico 2018, se realizó en toda la República, sobre una muestra de 165 centros penitenciarios varoniles, mixtos y femeniles. En el caso del estado, 8 de los 10 centros penitenciarios fueron revisados.
Cuatro Centros de Guanajuato, se encuentra dentro de los 10 mejor calificados a nivel nacional, destacando el de San Miguel de Allende con una puntuación de 8.57, promedio que lo llevó a ocupar el primer lugar de toda la República Mexicana como el mejor calificado.
El objetivo del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, es verificar las condiciones de internamiento de las personas procesadas y sentenciadas que se encuentran recluidas en todo el país.
Los cinco rubros evaluados fueron: Integridad personal del interno; Estancia digan; Condiciones de Gobernabilidad; Reinserción Social del Interno; y Atención a internos con requerimientos específicos.
Para ello, se llevaron a cabo visitas y recorridos en los centros penitenciarios previamente determinados, en los que se aplicó el Diagnóstico de Supervisión.
Como parte del proceso, se realizaron entrevistas directas, fundamentalmente a las personas privadas legalmente de su libertad en los establecimientos previstos por la ley y que son realizadas en un ámbito de máxima privacidad a efecto de garantizar sus derechos humanos, además se entrevistó también al personal directivo, áreas técnicas, así como de seguridad y custodia de cada Centro.
