A 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, académicos y especialistas reflexionaron sobre la trascendencia histórica, política y social del caso, que sigue siendo un símbolo de impunidad y de violaciones a Derechos Humanos en México.
El doctor Fabricio Lorusso, integrante de RedLab, recordó que, a tan solo una semana de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, ya existían acciones de protesta y solidaridad en decenas de ciudades de México y del mundo.
Destacó que el caso reveló redes de complicidad entre poderes políticos, económicos y el crimen organizado, lo que llevó a calificarlo incluso como un crimen de Estado.
Por su parte, el doctor Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, señaló que el impacto internacional del caso puso en evidencia la construcción de la llamada “verdad histórica” impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Subrayó que su desmontaje fue posible gracias al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un mecanismo internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La maestra Gabriela Naranjo, coordinadora de la Licenciatura en Derecho, advirtió que Ayotzinapa también debe analizarse en el contexto de la militarización del país.
Recordó que en 2018 la Corte Interamericana emitió una sentencia que advertía sobre la vulneración de derechos humanos derivada de la participación del ejército en tareas de seguridad pública, situación que hoy se ha profundizado. “Si nos duele la participación militar en la desaparición de los normalistas, debería preocuparnos aún más la expansión de su presencia en múltiples ámbitos de la vida civil”, expresó
Los especialistas coincidieron en que el caso Ayotzinapa marcó un antes y un después en la agenda de derechos humanos en México, al evidenciar la persistencia de la desaparición forzada, la impunidad y la falta de voluntad política para esclarecer crímenes de alto impacto.
