Más de 120 mil personas en Guanajuato serían deudores alimentarios, pero solo poco más de 100 aparecen en el Registro de Deudores Alimentarios, de acuerdo con cifras del INEGI citadas por Diana Vázquez, impulsora de la Ley Sabina.
Durante su visita a León, donde impartió la charla El derecho a la pensión alimenticia, un manual para lograrla, señaló que Guanajuato se encuentra entre los cinco estados con mayor número de deudores, aunque su registro es muy bajo en comparación con otras entidades.
Vázquez lamentó que el padrón guanajuatense no sea público y consideró que abrirlo permitiría alertar a otras mujeres sobre posibles deudores y obligaría al Estado a asumir el incumplimiento de pensiones como un problema social, en lugar de responsabilizar a las madres.
Actualmente, dijo, el registro solo es público en Coahuila, Ciudad de México y Oaxaca, donde su apertura ha sido impulsada por madres mediante activismo y trabajo político no remunerado.
En Guanajuato, hasta marzo de 2023 se reportaban poco más de 100 personas inscritas. Para Vázquez, la diferencia con la cifra estimada responde, entre otros factores, a que muchas madres han perdido la confianza en la justicia, enfrentan revictimización o no pueden costear abogados.
Entre los principales obstáculos para obtener una pensión mencionó acreditar los ingresos del padre, localizarlo y notificarlo, así como las demoras en procesos que deberían atenderse con prioridad por el interés superior de la infancia. También señaló los costos de las pruebas de ADN, abogados y otros gastos cuando es necesario acreditar la paternidad.
La activista acusó que algunos deudores son protegidos por personas de su entorno laboral y funcionarios, incluidos jueces, y que pueden cambiar de domicilio o esconder sus ingresos para evadir sus obligaciones. También advirtió sobre casos en que hombres amenazan a las madres con quitarles a sus hijos o utilizan demandas para hacerlo cuando ellas exigen la pensión, una práctica que vinculó con la violencia vicaria.
Ante este panorama, planteó una estrategia integral que incluya un padrón público y sanciones efectivas. Señaló que en otros países existen restricciones para deudores incluso en trámites bancarios, permisos de construcción o apertura de negocios.
Aclaró que no se busca impedir que los deudores trabajen, sino generar mecanismos que los obliguen a comprometerse con el pago y establecer consecuencias cuando incumplan.
Vázquez sostuvo que la impunidad y las deficiencias del sistema de justicia mantienen las principales áreas de oportunidad para quienes evaden sus responsabilidades alimentarias.
