Para Hellen Anaya San Román, vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac zona centro, las reformas a la Ley de Amparo son un retroceso a la democracia y atenta contra las garantías no solo de los empresarios sino de la ciudadanía en general.
“Es un retroceso porque hasta este momento, cualquier persona, independientemente de que sea empresaria o no, tiene derecho a ampararse ante una situación que considere injusta para él, de la índole que sea”, subrayó.
Insistió que con esta reforma los ciudadanos quedamos en una total indefensión ante las injusticias.
“El gobierno se justifica en el sentido de que muchos empresarios que deben algunos impuestos al gobierno, recurren a los amparos para no hacer el pago que les corresponde.
Y que de un amparo se pueden ir a otro y luego al otro y así sucesivamente. Y con esto lo único que están haciendo es que, de alguna manera, ese derecho que tienes se pierda”, explicó.
Afirmó que también obedece a un tema político porque cuando se trazó el tren Maya, mucha gente que se opuso a la tala de árboles y la invasión a las zonas ecológicas, se amparó. Lo mismo pasó con la obra del AIFA y el proyecto de Dos Bocas.
“Lo que va a pasar es que el tiempo que le resta al gobierno federal actual, ya no va a haber amparos en contra de ellos”, acotó.
Dijo que también se trata de un tema de recaudación porque se sabe de algunos empresarios que “malamente” se han amparado para no pagar ciertos impuestos y al quitarles ese derecho, deberán ponerse al corriente con el SAT.
“Pero no todos los empresarios somos iguales; habemos quienes si cumplimos y yo pienso que se va a afectar más al ciudadano de a pie que a los grandes empresarios a los que tratan de quitarles este recurso legal y que acudan a pagar”, sentenció.
