El ex Procurador General de la República en la administración de Miguel de la Madrid Hurtado y ex Ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuvo ayer en León y compartió algunas reflexiones importantes sobre dos temas que están en la agenda pública de México y en especial, en Guanajuato, y que tienen que ver con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y otro con la agenda nacional pendiente de atender con eficacia, la inseguridad e impunidad.
El académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México planteó en el marco de la ceremonia donde recibió un Honoris Causa por la Universidad Humani Mundial, lo que a su juicio representan las verdaderas fallas en materia de procuración de justicia en el país, en donde defendió que no está en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio sino en las propias corporaciones policíacas y en los reclusorios, donde se forman y especializan nuevos criminales mientras les llega el tiempo de acceder a la justicia.
La ola de violencia y criminalidad que impera en el país no tiene que ver con la puerta giratoria que argumentan las autoridades locales cuando se trata de salir a explicar el alto índice de delitos de alto impacto entre la población. El juez dicta las sentencias en las carpetas de investigación bajo el principio de que el imputado es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y no al revés en el viejo sistema de justicia donde todos eran culpables hasta que demostraran su inocencia.
Hay un déficit en materia de seguridad pública porque los responsables de gobernar en el país, los estados y los municipios no han asumido el papel que les corresponde y para lo cual fueron elegidos por los ciudadanos por la vía del voto. Esta es una situación que tiene años sobre la mesa de discusión de la sociedad y en donde se necesitan ver acciones concretas.
Cómo es posible que ahora las policías no tengan las respuestas a lo que reclama la sociedad, que las autoridades no asuman su responsabilidad para combatir el crimen, vía la prevención de la violencia y la delincuencia y que las cárceles sean terreno de nadie y en donde se desvirtúe el propósito de la reinserción social de las personas que cometieron un delito, cuestionó.
García Ramírez aseguró que los ciudadanos no se deben ir con la idea de que el nuevo sistema de justicia penal, por sí mismo, genera un incremento de la delincuencia, porque esto solamente es una forma de desviar la responsabilidad que tienen los gobiernos de prevenir y combatirla.
Con una vasta experiencia en su trayectoria profesional en materia de justicia penal, incluso fue director de centros penitenciarios en el Estado de México y el entonces Distrito Federal, explicó que algunos políticos no han entendido el concepto de presunción de inocencia y que la solución que proponen, de meter a la cárcel a todos los que cometen un delito, no resolverá los problemas de inseguridad y criminalidad que hoy tienen intranquila a la sociedad.
Sergio García Ramírez recordó que hace apenas unas décadas en México se discutían los grandes temas de la agenda nacional como educación, salud, infraestructura, seguridad social, entre otros y ahora pasamos a tener otros como criminalidad, inseguridad e impunidad.
El auge criminal no es algo nuevo, las cifras de índices delictivos y violencia son aterradoras, mientras las autoridades se pierden en el debate de si las cifras tienen rigor y son ciertas cuando las plantea la sociedad, se debería de trabajar en los factores que originan esos números y estadísticas de delitos.
La reflexión final que hizo es cuestionar que nos pasa como sociedad porque el crimen convencional que ha existido siempre pero ahora ha evolucionado a otras facetas más crueles que ni siquiera se habían visto en conflictos armados en México en la época de la Revolución.
Esta situación, nos priva el sueño, la tranquilidad y la paz, ante los nuevos fenómenos de ultra-violencia, donde el odio y la demencia se muestra en una faceta que no conocíamos los mexicanos, donde unos se eliminan a otros con una brutal ferocidad, concluía en su discurso mientras las autoridades responsables se dedican a repartir culpas.
Durante el evento donde fue distinguido Sergio García Ramírez estuvieron el Presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología, Luis Rodríguez Manzanera; la presidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia de León, Rocío Naveja; el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos; el presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo, entre otros investigadores y académicos de instituciones educativas en Guanajuato y el país.
VISIONES
Dos senadores del PRI por Guanajuato, Gerardo Sánchez García y Miguel Ángel Chico Herrera, y quienes aspiran a la candidatura a la gubernatura, explicaron su visión de lo que esperan para el proceso de selección interno que definió el Comité Directivo Estatal el pasado lunes, en la capital del estado, a través del método de la convención de delegados.
El senador que va más aventajado en la carrera para ganar la candidatura de su partido en el proceso electoral del 2018 es Gerardo Sánchez García porque tiene prácticamente desde el arranque de su cargo en una actividad constante para construir su futuro político en Guanajuato en el siguiente sexenio.
En su paso por la dirigencia de la CNC a nivel nacional fue uno de los eslabones que le permitió al entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, conseguir el voto duro en el sector rural.
En una estrategia que maquiló desde la organización campesina del PRI y aliado con otros gobernadores de ese partido, se sumó temprano al proyecto del actual presidente y podría tener ese factor a su favor a la hora de la definición de la candidatura.
En el caso del método que eligió el CEN del PRI para sus candidaturas, el Comité Directivo Estatal optó por copiar el sistema aunque falta definir con claridad la forma en que se integrará la convención y bajo que reglas se hará la propuesta de su conformación. Falta ver la convocatoria que se emita en los próximos días y entonces se podría ver si vienen o no cargados los dados a favor a alguno de los aspirantes.
Sánchez García pidió reglas claras para seleccionar precisamente a los delegados que integrarán la convención de delegados, con la finalidad de tener una cancha pareja pero donde la mayoría de los jugadores estarían a su favor. Desde su óptica, la integración de lo delegados debe ser democrática y que éstos también tengan posibilidad de emitr su voto directo, libre y secreto para elegir a su candidato a la gubernatura.
Por su parte, el otro senador, Miguel Ángel Chico Herrera, que ya fue candidato a la gubernatura y que busca otra vez estar en la boleta electoral del 2018, ha sido uno de los principales opositores al régimen de Santiago García López, porque supone que operaría a favor de su principal contrincante interno, Sánchez García.
Luego de la definición del método que les propuso el presidente del PRI estatal, hizo un llamado a los militantes para que salgan fortalecidos del proceso interno de selección de candidato y a no caer en los vicios del pasado, en particular los que repitieron los priístas en 2012 y que les hizo perder la oportunidad de alcanzar la alternancia política en Guanajuato.
Pidió candidatos libres de corrupción, con capacidad, que sean incluyentes, que tengan procesos limpios, que se respeten los resultados y que se unan las diferentes corrientes al interior del tricolor. Desde su punto de vista, lo principal será construir una plataforma política competitiva con un candidato limpio y fresco, y si se puede que sea él, mejor.
Estas dos visiones van a confrontarse una vez que se conozcan las reglas para la elección de los delegados que irán a la convención a elegir a su candidato para la gubernatura en 2018. Los otros aspirantes, que si los hay, no han dado muestras de vida, seguramente porque cada vez ven más lejana la posibilidad de alcanzar a los senadores o quizás porque esperan que haya un choque de trenes y la designación venga del CEN del PRI.
CONDENAS
El lunes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló que en los últimos 17 años, el programa de asistencia jurídica a casos de pena capital en Estados Unidos logró que mil 14 de los mil 1150 mexicanos sean librados de la sentencia de muerte en prisiones de ese país. En un 88 por ciento de los casos se revirtió el fallo judicial en su contra al promover que los prisioneros tuvieran acceso a un debido proceso legal.
Este programa atiende a aquellos connacionales que enfrentan procesos judiciales que podrían culminar con la aplicación de la pena capital y no únicamente con aquellos casos donde ya se emitió una setencia de muerte.
En estos momentos hay 75 mexicanos que enfrentan procesos penales que podrían derivar en una condena a morir mientras que 54 contaban con un fallo que les impone ese castigo. De estos últimos, 33 pertenecen al caso Avena, en donde la Corte Internacional de Justicia concluyó que se habían violado sus derechos al no tener acceso a asistencia consular y jurídica por parte de las autoridades mexicanas.
El martes, el ex canciller Luis Ernesto Derbez propuso al gobierno mexicano insistir ante los organismos internacionales que se suprima la pena capital en Estados Unidos, destinar más recursos a la defensa de los mexicanos en prisiones de ese país y contratar despachos expertos estadounidenses para que se reviertan las penas en los casos donde no se contó con la asistencia consular.
Ayer, miércoles, el ex ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, agregó que hay un ingrediente que no deben perder de vista las autoridades mexicanas en la defensa de los condenados a muerte en ese país, la discriminación y racismo que ahora tiene fases más evidentes entre algunas autoridades estatales y federales al momento de castigar a aquellos que cometen delitos en su territorio y que vienen de otras naciones.
