León, Gto. Bajo el desafío de garantizar los derechos humanos a toda la población en igualdad de condiciones, el Dr. Edgar Corzo Sosa, experto independiente del
Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus familias, compartió una plática sobre los impactos del COVID-19 en la Migración.

En su exposición, abordó problemáticas como el cierre de las fronteras, la situación de los
trabajadores en el contexto de desplazamientos, las deportaciones y expulsiones colectivas
así como las recomendaciones y medidas provisionales que han emitido organismos
internacionales en torno al tema.

La plática que se transmitió a través de las plataformas digitales de la Procuraduría de los
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, se organizó en coordinación con la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Red Sobre Migrantes y Trata de Personas de la FIO y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano.

La ponencia tuvo una audiencia superior a siete mil personas, entre ellas el Presidente de la
FIO y titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Augusto Jordán
Rodas Andrade; la Secretaria Técnica de la FIO Carmen Comas-Mata Mira y la Secretaría
Técnica de la Red de Institutores Nacionales para la Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano RINDHCA, Cecilia Bernuy Oviedo.

Así como espectadores de varios municipios de Guanajuato, la República Mexicana y países de Iberoamérica.

Por su parte, el Ombudsperson guanajuatense y Vicepresidente Quinto de la FIO, José Raúl
Montero de Alba, fungió como moderador en esta actividad que permitió deliberar temas
sobre las afectaciones que ha tenido la crisis epidemiológica entre los grupos que viven alguna condición de vulnerabilidad como son las personas migrantes.

Señaló que los retos que enfrentan ellos para cumplir con el aislamiento social son
principalmente el hacinamiento, la necesidad de trabajar en el mercado informal, la
discriminación y exclusión, entre otros.

En su intervención, Edgar Corzo Sosa advirtió que el tema de la emergencia de sanitaria está poniendo en jaque el ejercicio natural de los derechos humanos por lo que las políticas
migratorias que vengan después de la pandemia deben ser respetuosas totalmente de la
dignidad de las personas.

Compartió que debido a la pandemia se están “refronterizando” los límites territoriales, es
decir, se están cambiando las situaciones en las que normalmente se encuentran y la presión que naturalmente existe en estos lugares se ha venido a complicar con el COVID 19.

Dijo que con el pretexto de no propagar el virus, se vulneró el derecho a solicitar asilo; además ha habido negativas incluso a recibir a sus propios nacionales y se aprovechó la oportunidad para realizar deportaciones colectivas incluso a personas que fueron diagnosticadas como positivas de la enfermedad.

El experto refirió una guía de medidas provisionales que emitió la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas el pasado 7 de abril para incluir en las leyes, políticas y
prácticas de acceso a derechos a las personas migrantes.

Asimismo, enlistó y pidió la difusión de una nota conjunta elaborada por el Comité de Trabajadores Migratorios y de la Relatoría en Materia de Migratoria de Naciones Unidas, que incluye 17 puntos que versan en que se garantice el derecho a toda persona sin tomar en
consideración su estado migratorio.

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