El gobierno municipal ya destrabó el primero de los proyectos que propuso la Mesa de Seguridad y Justicia de León y el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública ya inició con el proceso de contratación de Juan Carlos Murillo para desarrollar la propuesta de trabajo que preparó desde mayo pasado y que apenas se aprobó el jueves pasado.
El experto en planeación estratégica y representante de Oxford Leadership México desarrolló una propuesta de trabajo para mejorar el desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública de León, en donde ha habido resistencia a contratar a los especialistas que propuso la Mesa de Seguridad y Justicia y quieren traer a otros prestadores de servicios de Irapuato a desarrollar los cuatro proyectos que propuso la sociedad civil.
El diagnóstico que presentó Juan Carlos Murillo señala que en la actual administración municipal, el tema de seguridad pública ha cobrado una mayor relevancia, dada la incidencia delictiva que se reporta a la alza y una mayor exigencia de la sociedad para que se mejore el desempeño gubernamental en la materia.
En León, la ciudadanía percibe una mayor sensación de inseguridad según las mediciones que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dada la ola de violencia que ha azotado al país y en donde esta ciudad no es la excepción a pesar de los esfuerzos gubernamentales por hacer frente a dicha situación.
El despacho privado diseñó una propuesta de un plan estratégico que permita fortalecer la seguridad pública con una visión de cinco años pero con metas a corto y mediano plazo a fin de reducir la incidencia delictiva, mejorar la percepción ciudadana y asegurar la continuidad de las políticas públicas más allá de la actual administración.
El proceso busca que tanto la sociedad como el gobierno tengan un diagnóstico más adecuado sobre los factores críticos que inciden en la inseguridad y las medidas que deben adoptarse en un plan de acción de 36 meses junto con el establecimiento de un adecuado sistema de monitoreo y control.
Juan Carlos Murillo deberá entregar una estrategia de seguridad de corto plazo, inscrita dentro de un plan estratégico de cinco años; definir una visión de seguridad para la ciudad con miras al 2040; fungir como enlace de la Mesa de Seguridad y Justicia a fin de asegurar la alineación y adecuada coordinación de los trabajos y esfuerzos que propongan a las autoridades en materia de seguridad pública y diseñar un sistema de metas y compromisos por la convivencia y seguridad que facilite el compromiso y participación de todos los actores que tienen que ver con el problema.
También deberá preparar al equipo interno y diseñar un esquema de monitoreo y seguimiento; acompañar la implementación de la estrategia en esta administración; desarrollar y fortalecer las capacidades internas del equipo directivo de seguridad; alinear las acciones de los diferentes procesos a través de un proceso de despliegue de la estrategia y documentar el proceso de fortalecimiento de la seguridad pública.
Ahora solo estarán pendientes otros tres proyectos que van a contribuir a la reducción de delitos en la ciudad y que tienen que ver con la creación de una unidad de inteligencia, la aplicación de un modelo de gestión social de prevención y la creación de la dirección de capital humano en la Secretaría de Seguridad Pública.
Los expertos que contacto la Mesa de Seguridad y Justicia ya hicieron una primera propuesta sobre estos tres temas solo falta que en la Secretaría de Seguridad Pública de León no insistan en traer a sus amigos como expertos porque ya se demostró que no pudieron en Irapuato.
COMISIÓN
La Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación de la Secretaría de Gobernación formalizó el nombramiento de la primera Comisión Ciudadana de Evaluación de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Guanajuato y que tendrá como propósito vigilar la aplicación de los recursos federales destinados a los programas de seguridad pública en la entidad.
Esta comisión se deriva de un acuerdo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública donde participa el gabinete federal, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, las asociaciones de presidentes municipales y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
Esto forma parte de la nueva estrategia de la Secretaría de Gobernación para que los ciudadanos y representantes de organizaciones sociales, universidades y organismos empresariales fiscalicen el gasto público de las entidades en materia de seguridad.
De acuerdo con los criterios de operación de la comisión de participación social, se tendrá autonomía para que puedan vigilar los recursos públicos que se destinan a la prevención social del delito y cuiden su correcta aplicación por parte del gobierno.
Entre los integrantes de la Comisión están Luis Felipe Guerrero Agripino, Luis Alberto Ramos, Sergio Hernández Caballero, Sofía Ayala Rodríguez, Raquel Morales, Mario Coello Muñoz, José Abugaber Andonie, Gerardo Arredondo Hernández y Alejandro Garduño Lobo.
Ellos tendrán que definir su plan de trabajo y comenzar con la evaluación de los programas y su presupuesto en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia así como integrar sus comisiones internas de trabajo junto con la elección de su representante ante los tres órdenes de gobierno.
Una de sus primeras tareas será construir los espacios de comunicación entre la sociedad y el gobierno, promover una mayor transparencia y rendición de cuentas y fortalecer las capacidades de los actores sociales así como incidir en el diseño de políticas públicas con mayor contenido de demandas y necesidades ciudadanas.
El pasado 27 de marzo ya se publicaron los lineamientos para la integración de este grupo colegiado que supervisará y evaluará los programas de prevención. Fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación mientras que el 28 de abril se expidió la Guía de Operación de las Comisiones Ciudadanas de Evaluación y apoyo a la prevención social de la violencia y la delincuencia. Uno de los criterios rectores de su trabajo se basa en el programa nacional de prevención.
El programa nacional de prevención está enfocado a incrementar la corresponsabilidad y participación ciudadana a través de promover una cultura de la paz, la legalidad y la convivencia ciudadana; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia en poblaciones prioritarias; generar entornos que favorezcan la convivencia a través de la recuperación y apropiación de espacios, prevención situacional y modelos de policía de proximidad; fortalecer las capacidades institucionales para la prevención social y asegurar una coordinación efectiva de los tres órdenes de gobierno.
El contexto de violencia que vive el país es complicado y esta comisión puede contribuir a mejorar las medidas de prevención social de la violencia y la delincuencia siempre y cuando no pierdan de vista que su función social es atender las demandas más sentidas de los ciudadanos y no convertirse en uno de tantos organismos más que tienen membrete oficial en materia de seguridad.
CONGRESO
En APIMEX ya están listos para su Congreso 2017 “Retos de la Proveeduría Mexicana”, el jueves en el Poliforum León y en donde se presentarán los desafíos de un sector que ha logrado la diversificación de sus mercados aunque le falta fortalecer su competitividad frente a otros jugadores internacionales.
Se van a presentar ante los industriales proveedores del estado temas relacionados con la situación económica y política actual; la renegociación del TLCAN; el desarrollo de cadenas de suministro; la automatización de la industria; la internacionalización y nuevas oportunidades de mercado entre otros.
Una de sus conferencias magistrales estará a cargo de Jesús Silva-Herzog Márquez, quien presentará un panorama económico del 2018, y en donde hay distintas variables que podrían generar escenarios de incertidumbre, en especial derivados de temas financieros, comerciales y hasta políticos. Otra de las conferencias atractivas tiene que ver con éste último tema y estará a cargo de Sergio Sarmiento presentar un panorama sobre las implicaciones de un año electoral.
En el programa se contempla la conferencia de Luis Aguirre Lang, Vicepresidente de SANMINA, quien abordará el tema de las cadenas de suministro y un panel de expertos sobre los factores de éxito para convertirse en un proveedor de clase mundial en donde están invitados Daniel Sánchez Peñaflor del corporativo de Continental (Automotriz); Guillermo del Río de la compañía Flextronics (Nike); Cesar Castro de la empresa Jabil así como de César Gutiérrez, presidente de Index Guanajuato.
Enseguida el Guillermo Romero Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, presentará la estrategia de encadenamiento de sectores productivos y el esquema de desarrollo regional para mejorar la competitividad de la industria.
Finalmente, hay dos conferencias interesantes sobre la Disrupción en el Negocio de la Moda, que estará a cargo de Gustavo Prado de la empresa TRENDO.MX y la Quinta Economía que dictará Jesús Bush Moya, presidente de 50+Lab.
