Guanajuato, Gto.- La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso del Estado analizó la iniciativa para reformar la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de dar paso a un sistema de transporte moderno y accesible para personas con discapacidad.
Durante la mesa de trabajo que celebraron legisladores con funcionarios de diversas instancias estatales se expresó la preocupación de indexar los costos de inversión y mantenimiento de las unidades adaptadas directamente al cálculo del pasaje.
Se señaló el riesgo que la inclusión termine siendo financiada por las personas usuarias a través de incrementos insostenibles en un servicio utilizado mayoritariamente por sectores de menores ingresos.
Por esa razón ser recomendó prever esquemas de financiamiento accesibles, subsidios estatales directos, incentivos fiscales y facilidades crediticias para los operadores que cumplan metas de accesibilidad y así evitar presiones para elevar las tarifas y asegurando una distribución justa y transparente de las cargas económicas.
Se explicó que la iniciativa no debe limitar la accesibilidad únicamente a aditamentos para discapacidades motrices, sino generar una visión integral que contemple adecuaciones sensoriales, auditivas, visuales, de espacio público y de acompañamiento para usuarios de perros de asistencia y otras ayudas.
Propusieron que la ley rija los principios rectores de accesibilidad, seguridad y autonomía con el término homologado de movilidad limitada, dejando las especificaciones operativas a los reglamentos técnicos para no cerrar el paso a futuras innovaciones tecnológicas ni provocar duplicidades con disposiciones generales ya existentes.
Por otra parte, cuestionaron la efectividad técnica de fijar una cuota rígida de al menos una unidad accesible por ruta, planteando que la cobertura debe planearse de forma progresiva con base en estudios de demanda, frecuencia de paso, cobertura territorial y los ciclos naturales de vida útil y renovación del parque vehicular.
Sugirieron incorporar un régimen transitorio que obligue a las autoridades a emitir un diagnóstico integral y programas de modernización con metas, plazos e indicadores claros de supervisión permanente.
Proponen un transporte accesible y subsidiado
