La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, presentó la propuesta «Salario Solidario», una estrategia que involucra al Gobierno Federal, empresarios y trabajadores para conservar el empleo ante la crisis del COVID-19, y que, de llevarse a la práctica en el estado de Guanajuato, se beneficiará a más de 1 millón 14 mil trabajadores.
La Coparmex emitió su propuesta que consiste en una contribución del Gobierno, patrón y trabajador, con el fin de evitar despedidos y cierres de empresas ante la falta de liquidez para pagar la nómina y otros gastos fijos.
Alberto Ruenes Escoto, presidente de Coparmex León, señaló que ante la contingencia sanitaria, las empresas se enfrentan a dos problemáticas: la caída en ventas y consumo, así como el cierre de sus negocios u operaciones para cumplir con las medidas sanitarias.
Ambos elementos ocasionan una disminución inesperada en el flujo de efectivo con el que presupuestaron sus gastos.
De llevarse a cabo en Guanajuato resultarían beneficiados 1 millón 14 mil 999 trabajadores afiliados al IMSS.
El rol del Gobierno en «Salario Solidario», consiste en que si la empresa tiene que cerrar operaciones debido a la contingencia sanitaria, pagará una parte del salario del trabajador formal. La proporción dependerá del nivel salarial del trabajador. Es decir, se busca un apoyo progresivo en el que el Gobierno destine más recursos a aquellos trabajadores con menores niveles salariales, 1 a 3 salarios mínimos.
El tope máximo que el Gobierno destinará por trabajador es equivalente a 3 salarios mínimos.
El rol del patrón radica en que si la empresa tiene que cerrar operaciones debido a la contingencia sanitaria, éste pagará una proporción del salario del trabajador formal. La proporción dependerá del nivel salarial. Se busca que los trabajadores con menores salarios: 1 a 3 salarios mínimos generales, puedan contar con el mismo flujo de recursos con el que cuentan habitualmente.
En el caso de los trabajadores que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, se propone que el Gobierno Federal y las empresas aporten cada uno el 50% del salario, así el trabajador mantiene el 100% de su remuneración.
El costo máximo que tendría que incurrir el Gobierno para implementar esta medida durante un mes, es de 96,844.86 millones de pesos. La aportación del Gobierno fue calculada garantizando la progresividad.
