La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley de Legítima Defensa que aprobó el Congreso del Estado de Guanajuato y cuya iniciativa elaboró el PRI y promulgó el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Márquez, bajo el argumento que es excesiva y vulnera siete derechos fundamentales de las personas.
La acción de inconstitucionalidad la promueve el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, y es contra los órganos legislativos y ejecutivos que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas en esta Ley. Se refiere al artículo 33, fracción XI, del Código Penal del Estado de Guanajuato, adicionado mediante Decreto número 209, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el día 14 de julio de este año y que al delito que se excluye cuando «se obre en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, contra agresión legitima por intrusión actual a casa habitación».
FUNDAMENTALES
Los derechos fundamentales que se violan son: el derecho a la seguridad jurídica, obligación de respetar los derechos humanos, principio de legalidad en su vertiente de taxitividad, derecho de acceso a la justicia, obligación de proteger el derecho a la vida, derecho a la integridad personal y derecho a la vida.
La ley aprobada en el Congreso del Estado y promulgada por el titular del Poder Ejecutivo vulneran los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que México es parte.
RECURSOS
Al respecto, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, se pronunció y precisó que esta acción de inconstitucionalidad que promueve la CNDH se suma a otros recursos promovidos ante la SCJN por similares reformas a los códigos penales en Morelos y Nuevo León.
Expone que «la presentación de esta acción, es oportunidad para que el tema sea discutido públicamente por expertos en la materia y puedan surgir resultados que deriven en una protección integral de los derechos humanos, de manera universal, progresiva, interdependiente e indivisible, conforme al mandato constitucional».
