Tras los cruentos ataques a negocios de Celaya, que dejaron un saldo de 4 muertos y un herido grave, Carlos Zamarripa, fiscal general del estado; Ernesto Ayala, secretario de gobierno; y Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, arribaron a esta ciudad para tener una reunión con las autoridades del municipio.
En la reunión con los representantes del gobierno del estado estuvieron la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez; el secretario de seguridad municipal, Juan José González, y el secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias.
En el encuentro se establecieron acuerdos para esclarecer los asesinatos de Virginia, de 60 años de edad, y sus empleadas, Dalinda y Marta Cecilia, acribilladas arteramente luego que la primera estuviera en la manifestación en Palacio Municipal, de acuerdo con fuentes oficiales y personas que se presentaron al evento.
Asimismo, secretarios del estado y Ayuntamiento se comprometieron a investigar los casos de extorsión denunciados por la población.
Represalias
En dicha protesta se presentaron más de 100 comerciantes que reclamaban la atención de las autoridades a las constantes extorsiones de que eran objeto.
Los inconformes no fueron recibidos por la alcaldesa, pese a que ella misma había prometido días antes recibir personalmente a los quejosos de esta situación.
Sobre la supuesta presencia de Virginia, dueña de La Indita, quien posteriormente fue asesinada, en la comitiva de los comerciantes reunidos con el secretario del Ayuntamiento el día de la protesta, el Fiscal Carlos Zamarripa negó dicha versión, aunque admitió que el asesinato de la mujer estaba relacionado con las manifestaciones.
Además del ataque la tortillería, una segunda agresión se dio en una distribuidora de cementos, con un saldo de un presunto empleado asesinado, identificado como Juan Carlos, y un cliente herido de gravedad, de quien no fue revelado su nombre, solo su edad, 52 años.
Acuerdos
En boletín de prensa emitido por la Secretaría de Gobernación se dieron a conocer los acuerdos establecidos en la reunión:
Primero: mantener el apoyo permanente de los 150 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que fueron enviados el día de los crímenes, en operaciones coordinadas con los tres niveles de gobierno.
Segundo: asignar un grupo especial de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía del Estado para la investigación, esclarecimiento, y en su momento, detención de las personas involucradas en los asesinatos.
Tercero: establecer una célula especializada de investigación para atender en forma directa el tema de las extorsiones en este municipio.
Cuarto: realizar una amplia campaña para fomentar la denuncia anónima y obtener información que conlleve a la prevención y erradicación del delito de extorsión.
Quinto: acuerdo de autoridades estatales y municipales para llevar a cabo labores de inteligencia que contribuyan a evitar este tipo de incidentes, e incrementar capacidades en la detección de ilícitos.
Luego de esta reunión, los representantes del gobierno del estado tuvieron otra con las autoridades locales de Valle de Santiago, por el ataque a la comandancia de la policía local el pasado 2 de agosto, que dejó un saldo de 5 reos asesinados, aunque una versión extraoficial apunta que entre los 5 había dos custodios muertos.
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