Se celebró la primera mesa de trabajo convocada por la Comisión de Justicia para atender la determinación de la Suprema Corte y que el Congreso del Estado legisle para despenalizar el aborto, con un llamado de grupos y colectivos feministas para dejar de castigar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo.
Fueron decenas de representantes grupos, colectivos y activistas por los derechos de las mujeres, las que se dieron cita en el Poder Legislativo y llamaron tanto al Estado, como a los legisladores a cumplir con labor y hacer los cambios legales necesarios.
Durante las tres rondas de intervenciones, las participantes expusieron sus puntos de vista y opiniones para concluir que no hay razones para que el Estado siga castigando a las mujeres, que por iniciativa propia deciden interrumpir su embarazo.
Para todas y cada una de las que tomaron la palabra, el hecho que se castigue con cárcel a las mujeres que deciden sobre su cuerpo no solo restringe sus derechos, sino que las coloca en una situación que las pueda llevar a la total indefensión.
“No hay prisa, el tema de las mujeres puede esperar, es el tipo de cosas que se dicen desde el privilegio, indiferencia y repudio a las mujeres guanajuatenses. Es vergonzoso que Guanajuato siga siendo uno de los pocos Estados del país que mantienen la criminalización de quienes deciden sobre su propio cuerpo”, dijo Jessica de la organización Women On Fire.
Representantes de la Red de Acompañantes de León, GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras fueron las que con más insistencia levantaron la voz para pedir a las y los diputados cumplir con su obligación y legislar.
Abordaron temas como: que las instituciones que garanticen derechos, libertad y dignidad y actúen conforme a evidencias, el marco legal vigente y derechos humanos, así como despenalización total y que se brinden los servicios integrales.
Vincular los derechos sexuales a los derechos sociales, el acceso al aborto para lograr la igualdad sustantiva y que Estado de Guanajuato está obligado a acatar lo que se establece en la determinación de la Suprema Corte, pues el no permitir el aborto se traduce en una negación de derechos.
Consideraron que el aborto sea legal determina cómo una mujer procesa sus deseos, las alternativas y cómo encara después el mundo, además que no legalizarlo impulsa a hacerlo en clandestinidad y las expone a estigmas sociales.
Por su parte, la diputada, Sandra Alicia Pedroza Orozco aseguró que Guanajuato va a tener aborto legal y será a través de la Corte o el Congreso llevará a cabo lo que se ha negado a hacer.
Pedroza Orozco pidió una disculpa a todas las personas, por la impugnación al amparo que ellas presentaron y que puntualizó que le avergonzaba esa decisión, pero que los derechos serán formalizados.
Mientras que su compañera, Plásida Calzada Velázquez suscribió cada uno de los comentarios expuestos y externó que compartía su visión y la lamentable actuación del Congreso del Estado por no realizar el trabajo que le corresponde.
El diputado David Martínez Mendizábal retomó algunos comentarios, al apuntar que este tema tiene historia, desde el momento en que algunas mujeres defendían el aborto de manera clandestina, desde fines de 1990, y que continuarán acompañando la lucha por los derechos humanos de las mujeres.
