Incluso tuvieron una reunión con el titular de la Procuraduría, Vicente Esqueda, en donde esta queja fue admitida y va contra diversas instituciones municipales, estatales e incluso federales.
Durante el 10 de mayo, y sin poder estar con sus hijos, estas madres expusieron que la denuncia es debido a que no hay perspectiva de género, ni de infancias; hay revictimización de los niños; son parciales hacia el victimario y en las instituciones hasta hay omisiones de instancias como DIF, la propia Procuraduría Estatal de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato e incluso van contra jueces o fiscales.
Lamentaron que la violencia vicaria es un problema muy serio en México, pues cuando la persona ya llega a sufrir este tipo de agresiones es porque ya pasó por diferentes tipos de violencia, como amenazas previas, violaciones, en algunos casos a niños también; había violencia física, económica, patrimonial y se topan también con violencia institucional.
El Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria surgió en 2022 y eran solo 10 o 30 casos, hoy ya son más de 2 mil 500 casos a nivel nacional y, por ejemplo, en la región del Bajío ya existen al menos 500 casos.
El tema es que esta violencia se practica a través de otra persona, en este caso, muchas son madres que les han quitado a sus hijos por ‘venganza’ y con la finalidad de dañarlas.
Justo hace un año comenzaron a trabajar en Guanajuato, pues en noviembre del 2022 se lograron reformas en materia civil, pero ahora están en la lucha para que se tipifije en materia penal.
«Mientras esto no sea un delito penal, se va a seguir repitiendo».
Lo grave es que ya han tenido casos de madres que terminan en suicidio inducido, en donde llenas de tristeza no encuentran otra salida a esta situación.
Cuando inician su lucha, se topan también con violencia institucional, son re victimizadas, no hay respuestas o acciones, pero sí omisiones y dilaciones en los procesos.
Por ello, ayer integrantes de este colectivo, como Marcela Zevada, representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en el Bajío visitaron las instalaciones de la Procuraduría para exponer su queja y tener la esperanza de que algo se pueda cambiar, pues incluso, como antecedente, ella interpuso una queja desde el 2017 y pese a que la recomendación fue a su favor, no ha habido grandes avances.
«Este 10 de mayo estamos aquí sin nuestros hijos», sentenciaron.
