El procurador de los Derechos Humanos Raúl Montero de Alba entregó al Congreso del Estado el informe de actividades del 2019, en el cual se sancionó a 341 trabajadores de los gobiernos estatal y municipales.
En total 1,188 quejas interpuso la población en contra de los burócratas, siendo la Fiscalía General del Estado la más señalada con 241 quejas, seguida por la Secretaría de Seguridad Pública con 147, la Secretaría de Educación estatal con 110 y la Secretaría de Salud con 67 quejas.
Entre los municipios señalados con más abusos se denunció a León con 86 quejas, Celaya con 53, Irapuato con 50, San Miguel de Allende con 36, Guanajuato capital con 29 y Acámbaro con 25.
Las Principales denuncias de los ciudadanos fueron por golpes, desaparición forzada y privación de la libertad.
Sólo 341 denuncias culminaron en recomendaciones y sanciones por los abusos de los funcionarios públicos, que representó el 29% del total de las demandas ciudadanas y de las cuales se logró despedir de sus cargos a 98 trabajadores del gobierno.
Más de 240 funcionarios sólo recibieron una amonestación
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