Los señalamientos de autoridades estatales en contra del alcalde del municipio de San Felipe, Eduardo Maldonado, al que se acusa de presuntamente ser parte de una red de trata de personas no deben adelantar juicios consideraron diputados locales.
El diputado, Gerardo Fernández González, integrante del grupo parlamentario del PVEM y compañero de partido del alcalde apuntó que no se pueden adelantar o hacer juicios de valor sobre las acciones del alcalde.
Explicó que en este tema y todo lo que tiene que ver con los migrantes, se debe de tener en cuenta que desde el Poder Legislativo Estatal se deben emprender las acciones para evitar que las personas que migran por territorio de Guanajuato lo sigan haciendo por un terreno inhóspito, donde no tiene apoyo de las autoridades.
Fernández González consideró que por ahora lo mejor es esperar y conocer qué es lo que realmente ha sucedido para poder actuar en consecuencia, en caso que Eduardo Maldonado tenga alguna responsabilidad.
El pasado lunes, el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez dio a conocer que en el caso de los migrantes que fueron ubicados en San Luis Potosí, luego de una petición para su localización, al parecer fueron víctimas de una red de trata de personas, en la que se ha involucrado al alcalde del municipio de San Felipe.
Por su parte, el diputado, Ernesto Millán Soberanes integrante del grupo parlamentario de Morena apuntó que es necesario esperar para conocer si hay una investigación y en caso de que los señalamientos sean ciertos, se llegue hasta las últimas consecuencias.
“Tendríamos que esperar a que lleven el curso si hay alguna investigación y por supuesto que se llegue hasta las últimas consecuencias, en caso de que así sea”, afirmó.
El legislador señaló que hasta ahora no se cuenta con los elementos necesarios para acusar al alcalde, por lo que es necesario esperar que las instancias correspondientes aporten la información necesaria.
Eduardo Maldonado, quien es el actual alcalde del citado municipio del norte de Guanajuato fue señalado, como parte de la investigación, en donde se presume la existencia de una red que involucra a varias personas de los Estados de Guanajuato y San Luis Potosí, en la trata de personas.
La presunta red se dedica especialmente a “enganchar” personas que a su paso por Guanajuato para llegar a Estados Unidos recurren a servicios de traslados y transportes que son ofrecidos por empresas de transportes de turismo.
