Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices en el Estado de Guanajuato, señaló que se debe mantener abierta y seguir a fondo la investigación sobre la presunta empresa fachada vinculada con el ahora exfuncionario municipal, Allan León, al advertir que el caso no debe diluirse en medio del actual contexto político.
El líder empresarial fue enfático en señalar que la indagatoria debe centrarse en responsabilidades concretas, sin importar nombres o cargos.
“Que se investigue a quien se le tenga que investigar, quién firmó esos contratos y quién los avaló”, expresó.
El señalamiento ocurre en un momento de reconfiguración política en León, tras la salida de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos del Partido Acción Nacional, PAN, lo que, a decir del dirigente, no debe interferir con el curso de las investigaciones.
González Palomino advirtió que el caso podría ser más complejo de lo que aparenta. “Podría ser la punta del iceberg de todo lo que pueda haber debajo en el municipio”, señaló, al sugerir que podrían existir otras irregularidades aún no visibles.
Además, cuestionó la capacidad de las instancias municipales para llevar a cabo una investigación imparcial.
“No es saludable para la administración que te investigue alguien que tú mismo pusiste”, afirmó, al referirse a la contraloría local y a la necesidad de que organismos externos participen en el proceso.
El dirigente recordó que existen instancias estatales que pueden intervenir y dar seguimiento a este tipo de casos, lo que permitiría fortalecer la transparencia y credibilidad en el manejo del asunto.
Más allá del ámbito político, González Palomino subrayó que estos hechos impactan en el entorno económico.
“Sí afecta a nuestro sector, porque trabajamos aquí en León, la capital económica del estado, donde se vende el 40% de los vehículos”, indicó el representante de las agencias de automóviles.
Destacó que el llamado del sector empresarial se centra en evitar que el caso quede en la impunidad y en garantizar que se esclarezcan los hechos con base en la ley, en un contexto donde la confianza institucional resulta clave para la estabilidad económica y social del municipio.
