El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, planteó ayer la posibilidad de solicitar el desafuero de la diputada federal, Bárbara Botello Santibáñez, si tuviera alguna responsabilidad penal en las denuncias que interpondrán la Auditoría Superior del Estado, tras encontrar presentar irregularidades en la asignación de contratos a seis empresas que no comprobaron prestar el servicio durante su administración.
Ramírez Barba formuló este señalamiento durante su mensaje en Tribuna en la Sesión de Pleno, donde se aprobó el dictamen de la auditoría específica realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) a la administración de Bárbara Botello Santibáñez.
De dicha auditoría se desprenden 10 responsabilidades penales, 16 civiles y 23 administrativas. Las denuncias están formuladas contra quien resulte responsable por celebrar contratos con 6 empresas que denomino “fantasmas”.
Este jueves, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votó a favor del dictamen relativo a la auditoría específica realizada a la administración municipal en León, encabezada por Botello Santibáñez, que refleja la contratación de empresas cuya existencia no es comprobable, y el pago de servicios de los que no existen entregables.
Para el diputado local del PAN “sin duda, la administración municipal en León de Bárbara Botello fue desastrosa; la auditoría específica practicada refleja severas lesiones al erario público del municipio. No es posible que esto haya ocurrido y, por ello, estaremos ahora procurando acelerar el paso para que tanto la Procuraduría General de la República como la Procuraduría Estatal de Justicia actúen en consecuencia”.
“Si algunas de las responsabilidades penales determinadas recaen sobre ella, se podría incluso solicitar su desafuero”, planteó.
“En la revisión hecha a la administración municipal de León del período 2012-2015, se advirtió que contrataron con empresas cuya existencia no es comprobable, y se pagaron servicios de los que no obran entregables, y ello hace suponer presuntas responsabilidades penales, no se debe responsabilizar a un órgano técnico como la Auditoría Superior del Estado de haber encontrado dichas inconsistencias; esa postura dista de justificar o desvirtuar tales conductas”.
ÍNDOLE PENAL
Finalmente destacó que el trabajo de la ASEG, “que en esta Legislatura ha atendido 382 acciones de fiscalización, que nos arrojan un cúmulo de 2 mil 448 responsabilidades administrativas, 638 civiles por una cuantía aproximada a los 133 millones y, 117 responsabilidades de índole penal”.
“Por ello, me parece simplista e irresponsable, que haya quien pretenda demeritar el trabajo de un órgano técnico, bajo una postura subjetiva y carente de elementos técnicos que desvirtúen los hallazgos advertidos en la auditoría”, apuntó.
