Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato, señaló que actualmente existen más de 4 mil trámites de actualización de las concesiones para taxis en proceso, lo que provoca que mientras tanto, los operadores deban cubrir permisos temporales que representan un gasto adicional.
Reconoció que la actualización de concesiones para taxistas en el estado no solo enfrenta rezagos administrativos, sino que también provoca desconfianza entre los concesionarios, quienes además son afectados en su economía.
“Cuando llegamos a la administración estatal había 4 mil 600 pendientes de suscribir. El impacto es que ellos tienen que estar pagando un permiso mientras no tengan la concesión actualizada”, reiteró.
Compartió que en lo que va de la gestión gubernamental, se han firmado más de mil 100 documentos, aunque reconoció que el proceso ha sido lento por la desconfianza acumulada.
“Son más de siete años, más de una administración estatal”, acotó.
Sobre el mismo tema del transporte público, comentó que la entidad creció en el orden del 1.9 % en empleos durante el último trimestre, cifra que es la más alta en la región del Bajío.
“Eso refleja la confianza que hay del sector empresarial en nuestro estado”, observó.
Aún así, reconoció que los salarios siguen siendo bajos, lo que, afirmó, se debe principalmente a la alta informalidad laboral.
“Eso es un tema que hay que combatir. Tenemos que trabajar en conjunto tanto la Federación, el Estado y los municipios”.
Destacó el hecho de que en materia de seguridad, abril fue el mes con menos homicidios dolosos en los últimos cinco años en la entidad, con 181 casos.
“Ninguna cifra es buena, pero representa una reducción del 35.9 % desde que comenzó esta administración”, recalcó.
Insistió en que los retos persisten y destacó la reciente colaboración con fuerzas federales, como la Sedena, Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), para fortalecer operativos y decomisar armas de alto calibre.
Sobre esa coordinación indicó que el punto de seguridad instalado en la carretera León-Lagos, en territorio de Jalisco, aseguró que “nunca Guanajuato había tenido un punto fuera del estado”, y que su implementación fue resultado de acuerdos entre ambas entidades, con buena recepción ciudadana.
Sobre los temas de justicia familiar, el funcionario informó que más de 4 mil mujeres han solicitado apoyo legal para la exigencia de pensiones alimenticias en el marco del programa “Aliadas”.
Reconoció que los registros de deudores alimentarios aún no son públicos y que su funcionamiento es limitado.
“La ley siempre es perfectible, para eso están los Congresos”, señaló al respecto, y añadió que el Poder Judicial ha comenzado a implementar juzgados mixtos para facilitar los trámites legales a las madres.
