Los cientos de afectados por el fraude inmobiliario, cometido por Punto Legal dependen del proceso penal que actualmente sigue la Fiscalía General del Estado (FGE) para poder recuperar su patrimonio informó la Secretaría de Gobierno del Estado.
Luego de la reunión que sostuvieron representantes de los afectados, el pasado viernes con el asesor de la Secretaría de Gobierno, Baltazar Zamudio, la dependencia estatal emitió una ficha informativa, en la cual se informa que esa es la única manera que los defraudados puedan ver retribuidas las cantidades que entregaron a la firma legal.
En el documento se hace notar que ante los afectados no se asumió ningún compromiso en el sentido de poder acceder al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y tampoco se generó expectativa alguna en ese sentido.
“Se informó que la vía para la recuperación del patrimonio de las personas afectadas deriva del proceso penal que actualmente se sigue. La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria contra una persona responsable y continuará impulsando dentro de este procedimiento las acciones legales para la reparación del daño”, cita el texto.
Se señala que será mediante el aseguramiento de bienes y los demás mecanismos previstos por la Ley, que se pueda lograr la reparación del daño ocasionado a los afectados.
El pasado viernes, un grupo de afectados acudió a Palacio de Gobierno donde sostuvo una reunión con el funcionario y parte de los acuerdos logrados fueron realizar mesas de trabajo para informar del avance del proceso.
La dependencia estatal dejo en claro que dependerá del proceso penal que sigue la FGE, el medio por el cual las personas puedan recuperar las cantidades que invirtieron en cuestiones inmobiliarias.
De acuerdo con el abogado defensor de los defraudados, Bachelli Lira son un total de 487 personas las que sufrieron algún tipo de daño a su patrimonio y el monto del fraude supera los 400 millones de pesos.
La afectación fue cometida por el titular de la firma inmobiliaria, Punto Legal, Franco Ríos, quien ha sido condenado a purgar una pena privativa de la libertad por 1 mil 018 años.
La Secretaría de Gobierno del Estado refrendó su compromiso con escuchar y atender a las personas afectadas y se privilegiará el diálogo, la transparencia y el respeto al debido proceso, sin llegar a generar expectativas que no tengan sustento legal.
