TRUMPOCALIPSIS
El senador del PAN y exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, ha estado muy activo en la definición de medidas que protejan a más de un millón de guanajuatenses que viven en Estados Unidos ante lo que definió como el “Trumpocalipsis”, término referido al ascenso de Donald Trump a la presidencia de ese país y la aplicación de su nueva política de deportaciones de ilegales como lo anunció en su campaña política.
Junto con su compañera de bancada, Gabriela Cuevas Barrón, y senadores de otras fuerzas políticas de los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca, impulsó una iniciativa llamada Operativo Monarca para aplicar una serie de medidas de protección de los migrantes y sus familias ante el endurecimiento de las políticas en la materia del nuevo gobierno de la Unión Americana.
El diagnóstico del PAN es que de los casi 35 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, alrededor de 11.6 millones nacieron en México y 5.8 millones carecen de documentos, lo que coloca en una posición bastante complicada a los connacionales y sus familias ante el riesgo de ser deportados como lo prometió Trump antes de tomar posesión como presidente.
Entre 2008 y 2016, durante la administración de Barak Obama, 3.4 millones de mexicanos retornaron al país (un 14 por ciento deportados), a lo que se agrega la amenaza de Trump para deportar a 3 millones de ilegales de los Estados Unidos, entre ellos mexicanos.
Los estados de la Unión Americana con mayor presencia de mexicanos y mexicoamericanos es California, Texas, Illinois, Arizona y Georgia, por eso desde hace unas semanas, los senadores que lanzaron la iniciativa Operativo Monarca se han reunido con diversos grupos hispanos, empresarios, líderes sociales y parlamentarios de allá con la finalidad de hacer un frente común que permita la defensa de sus derechos y evitar que se extienda el racismo que tanto promueve el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Uno de los logros más significativos de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado es que la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aceptaron apoyar el esquema que anticipadamente previeron los senadores de los estados donde se tendrían mayores impactos en caso de una repatriación de connacionales.
En el mensaje que dio a la nación, ayer en la noche, Peña Nieto reafirmó lo que ya había dicho a los senadores el pasado viernes en una reunión emergente en Los Pinos, se van a fortalecer los mecanismos legales, humanitarios y económicos de apoyo a los migrantes y sus familias que sean afectados por las amenazas de Trump.
Si bien el tema de los migrantes guanajuatenses en Estados Unidos es una de las principales preocupaciones del Senador Romero Hicks, hay otro asunto que podría complicarse y tiene que ver con la industria automotriz y autopartes que opera en Guanajuato.
Lo anterior, una vez que se han extendido las amenazas y presiones del nuevo gobierno a las empresas del ramo automotriz, industria que ha incrementado la inversión, el empleo y exportaciones de la entidad. Aquí también se tendrá que hacer una estrategia de atención si se toma en cuenta que hay miles de empleos en riesgo, tal y como lo adelantó el senador.
Finalmente, hay una serie de medidas inmediatas que van a promover los senadores de las diversas fuerzas políticas para contener la campaña de odio que ha alentado Trump entre los ciudadanos estadounidenses y que implican tener una mayor presencia en foros con migrantes, autoridades, legisladores y empresarios en Estados Unidos. Ojalá tengan buenos resultados con su Operativo Monarca.
FORO
El presidente de Coparmex Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez Hernández, presidirá este martes el foro de propuestas para el “Acuerdo que México Necesita”, en el Parque de Innovación de la Salle a las 18:00 horas, al que están convocados líderes empresariales, organismos de la sociedad civil, académicos e investigadores que contribuyan a fortalecer el proyecto económico, político y social que requiere el país ante las nuevas circunstancias que enfrenta.
El 9 de enero de este año, el gobierno federal firmó una serie de compromisos en lo que se llamó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el cual no fue validado por el organismo del sector patronal porque no respondía al reclamo del sector privado, a lo que se sumó haber recibido dos horas antes de su firma el documento.
Los 65 centros patronales afiliados a Coparmex, explicaría unos días después Ramírez Hernández, no encontraron una estructura y contenidos que pudieran ser aprobados, y lo más lamentable era que parecía una estrategia para levantar la imagen pública del gobierno federal que se vio deteriorada por el gasolinazo.
La propuesta del acuerdo federal era entonces un rosario de buenas intenciones y acciones que se consideraban una obligación de las autoridades cumplir, es decir sus alcances eran bastante limitados para las condiciones que se visualizaban en materia económica y social, que luego se agravarían con la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos y que volvieron a sacudir al país.
Coparmex propuso construir un mejor acuerdo con la participación de la sociedad y con propuestas más serias que establecieran compromisos claros y lo principal, que se hiciera un esfuerzo por hacer más eficiente el gasto público, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas pero sobretodo que se aplicarán medidas más eficaces para atenuar los impactos del gasolinazo en la economía de los trabajadores y sus familias.
Este martes, en el foro que convocó el organismo patronal, se tendrá la oportunidad de escuchar propuestas de diversos expertos y líderes que están interesados en que se mejore el desempeño económico, se atiendan las demandas sociales y se fortalezcan los programas con un manejo más eficiente de los recursos públicos.
A la situación interna del país se van a sumar las nuevas condiciones que estableció el nuevo gobierno estadounidense y va a ser muy interesante los planteamientos que hagan los especialistas que fueron convocados a este foro.
Una vez que se integren las propuestas de cada uno de los centros patronales en el país, se va a integrar un solo documento para ser entregado al gobierno federal, que tiene su última oportunidad de corregir el rumbo del país ante los retos que plantea la propia condición interna y la sacudida que vendrá en materia comercial, migratoria y de seguridad que impondrá la agenda de los Estados Unidos.
Esta es una oportunidad que tendrán los guanajuatenses de aportar sus propuestas pero lo complicado es que el gobierno federal las tome en cuenta, aunque la administración de Enrique Peña Nieto ya no tiene margen de maniobra para seguir en su muro que construyó en Los Pinos y que le ha impedido acercarse a la sociedad.
REELECCIÓN
El empresario Guillermo Ramos Mena consiguió la reelección por un año más al frente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) del estado de Guanajuato, al ganar con 220 votos a favor a la empresaria Sara Elena Narváez Martínez, quien obtuvo 182 votos en la asamblea anual ordinaria del organismo.
Los constructores revisaron cada una de las planillas y sus planes de trabajo para este año y optaron por reiterar su confianza al industrial aunque su contrincante también obtuvo una cantidad considerable de votos en la asamblea.
Previo a la elección del Comité Directivo de la CMIC en Guanajuato, Ramos Mena presentó su informe de trabajo 2016 y posteriormente hizo lo propio respecto al plan de trabajo de este año, en donde uno de los principales retos será mantener el dinamismo del sector tanto en obra pública como privada.
Entre los principales retos para este año, el industrial hizo énfasis en avanzar en la conformación del reglamento de la Ley de Obra Pública del estado de Guanajuato, uno de los logros más importantes de su gestión, y en donde se realizó un trabajo conjunto con la Secretaría de Obra Pública y el Congreso del Estado para adecuar el marco normativo en la materia.
También detalló una serie de foros para definir la infraestructura pública y privada que requiere Guanajuato con una visión al 2030 y donde la industria de la construcción jugará un papel importante para aterrizar los proyectos que requiere la población en los próximos años.
Ramos Mena agregó que va a continuar con el fortalecimiento de los esquemas de certificación de competencias laborales, la ampliación de los servicios en la región centro y sureste del estado así como la conclusión del Centro de Desarrollo Empresarial, donde se han invertido 16.5 millones de pesos.
Resaltó los esfuerzos que han realizado los constructores para afianzar el papel de la industria con la sociedad como es el caso de la Ley de Obra Pública, que permite una mayor participación de las empresas locales; la certificación de empresas afiliadas a la CMIC de Guanajuato; el Centro de Desarrollo Empresarial para el desarrollo de capacidades de las empresas y la puesta en marcha del Centro Estatal de Costos entre otros programas.
Agregó que se avanzó en la eliminación de finanzas en asignaciones directas, la estandarización en procesos de asignación de obra, la simplificación administrativa y el reconocimiento a las certificaciones del sector. Uno de los logros más relevantes de Ramos Mena es que se incrementó la participación de los socios de la CMIC de Guanajuato en los contratos de obra pública estatal y municipal, con Sapal y la Comisión Estatal del Agua, entre otras entidades.
Este año, los constructores van a enfrentar un escenario económico complicado a pesar del anuncio de las autoridades estatales y municipales de que se mantendrá la inversión en obra pública. Lo anterior, debido a la incertidumbre que prevalece entre la inversión privada ante las medidas comerciales y económicas que podrían aplicar los Estados Unidos y que frenarían el crecimiento del sector en México.
