Las autoridades militares y estatales reconocieron que el Talón de Aquiles en materia de seguridad en Guanajuato es la falta de compromiso de los municipios en el fortalecimiento de sus corporaciones policíacas a pesar de que es una de las demandas más sentidas de los ciudadanos.
No hay congruencia entre el discurso de proteger a la población y la inversión destinada al rubro de seguridad y lo que es peor, que hay municipios que gastan el dinero destinado a la infraestructura y equipamiento de sus policías en gasto corriente, lo que limita la capacidad de respuesta a la delincuencia.
El pasado 8 de septiembre se anunció por parte del Grupo de Coordinación Guanajuato, que el General Juan Manuel Díaz Organitos, asumiría el mando operativo en seguridad Salamanca, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Coroneo, Pueblo Nuevo y Jerécuaro, ante la incidencia delictiva que se registraba en la zona sureste del estado. Lo anterior, tras una reunión con los presidentes municipales de los seis municipios y en donde se acordó que sería parte de la estrategia para contener el alza delictiva, principalmente homicidios.
Al final, la alcaldesa de Pueblo Nuevo, Larissa Solórzano Villanueva, y el alcalde de Apaseo el Grande, Gonzalo González Centeno, se negaron a la ayuda del gobierno del estado, a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la XII Zona Militar con sede en Irapuato.
El argumento que se presentó a la Secretaría de Gobierno del estado, que es la responsable de concretar los convenios de coordinación para el mando, fue que los integrantes del Ayuntamiento se negaron a aceptar el mando operativo militar en sus municipios.
Los municipios de Salamanca, Apaseo el Alto, Coroneo y Jerécuaro si aceptaron la ayuda militar y de la policía estatal y tienen a 500 elementos y las fuerzas armadas que han contenido la incidencia delictiva a menos de un mes de una presencia efectiva en su territorio.
Hay otros municipios, donde de acuerdo a las estadísticas delictivas, podría extenderse en mando operativo militar para contener el alza delictiva como es el caso de Pénjamo, Yuriria, Acambaro, Salvatierra y Moroleón. Aquí, el apoyo requiere ser solicitado por los alcaldes y con el respaldo de sus Ayuntamientos.
También hay municipios donde no hay convenio con el Grupo de Coordinación Guanajuato para que el estado o el ejército asuman el control operativo de sus policías pero hay una coordinación estrecha para mejorar los resultados en materia de seguridad pública como es el caso de León y otros ubicados en el corredor industrial del bajío.
Los siete mil policías que tienen los 46 municipios no ganan lo mismo, unos perciben poco ingreso por el trabajo que realizan; no están preparados igual, unos ni siquiera tienen equipo y uniformes que les ayuden a dignificar su labor; no cuentan con estímulos ni incentivos que les permitan estar del lado de la policía, y luego se involucran con el crimen organizado así como carecen de equipamiento básico, hasta para cumplir su labor como primer respondiente.
Estas y otras carencias son evidentes por la falta de apoyo de los alcaldes y sus ayuntamientos, que a pesar de tener el mandato constitucional de la seguridad pública, la omiten y dejan la responsabilidad al estado, al gobierno federal y al ejército.
Ayer en Irapuato, se presentó el avance físico de la obra de la Brigada Militar que dispondrá de 3 mil 200 elementos a partir de enero de 2018 pero eso no significa que vayan a sustituir la función que tienen encomendada las direcciones de seguridad pública en los municipios.
Por otra parte, se adelantó que serán mil 800 elementos más de las fuerzas de seguridad del estado quienes se incorporarán entre este y el próximo año para fortalecer la seguridad en Guanajuato.
Pero esto no significa que el estado y las fuerzas armadas vayan a asumir de manera permanente las tareas de seguridad pública en los municipios que no quieren invertir en la materia. No se pueden ser omisos con esta responsabilidad que tienen frente a los ciudadanos.
Así que bien harían los legisladores del Congreso del Estado en revisar a detalle las propuestas de presupuesto que presenten los municipios para el paquete de egresos 2018 y señalen a los alcaldes y sus ayuntamientos que se nieguen a incrementar la inversión en seguridad pública. Y de plano rechazar aquellos presupuestos donde no se haga énfasis en la atención de la prioridad de seguridad; los ciudadanos no se lo merecen.
TRAMPAS
Ayer, en el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de León saltó un dato que provocó un revuelo en la administración municipal respecto a un presunto mal uso que se da al combustible que tienen asignadas las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública, al realizar un estudio de consumo.
Resulta que Luis Darío Osorio Escalante, representante de una empresa jalisciense que realiza pruebas de medición del combustible y rastreo de unidades por GPS, reveló que en una patrulla de la policía se había detectado una supuesta ordeña de combustible durante su estudio.
La gravedad de su denuncia radica en que al rastrear la unidad detectó que alguien colocó un imán en el dispositivo para sabotear y que no funcionara el mecanismo pero olvidaron quitar el sensor dentro del tanque de combustible, que sí detectó la ordeña de un tanque completo. Otra agravante es que sin mover la unidad, se llenó y vació varias veces sin que la unidad saliera del taller donde se encontraba resguardada.
Luego vino la oferta, al señalar que para tener el control del suministro y consumo de las unidades del servicio público, se requería un sistema de medición, monitoreo, supervisión, rastreo y alerta que desarrollo su compañía.
Al concluir su exposición, vinieron los señalamientos por el sabotaje al estudio de consumo de la unidad y la ordeña del combustible a la patrulla, por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones, y en donde se solicitó a la Contraloría Municipal, al Consejo de Honor y Justicia de Seguridad Pública así como a la propia Dirección de Policía investigar los hechos y presentar una demanda contra quien resulte responsable.
El síndico Carlos Medina Plascencia y titular del Comité argumentó que quienes pretendieron sabotear el estudio los está retando para que no se desarrolle el sistema de control y medición de suministro y consumo de combustible en las 2 mil 200 unidades que tiene bajo su cargo el municipio. Otros regidores como Salvador Ramírez Argote también pidieron se investiguen los hechos.
Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de León emitió una postura pública en donde expresó que había una total apertura para esclarecer el presunto saqueo de combustible de la patrulla que se mostró a los integrantes del Comité de Adquisiciones.
Luego de hacerse público el hecho, se inició una investigación a la unidad 456 de la policía y de la cual se había extraído el combustible que tenía asignado. No se van a tolerar ilegalidades ni faltas al reglamento y si un integrante de la dependencia municipal es responsable, se castigará.
Nuevamente, se pone en evidencia una situación que deja mal paradas a las autoridades municipales aunque falta ver qué intereses están detrás de estos hechos. Aclarar el tema es importante para una administración que ha luchado por la transparencia y rendición de cuentas, y entre más pronto sea, es mejor.
PLATAFORMAS
El ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende y actual diputado local del PAN, Juan José Álvarez Brunel, presentó ayer la iniciativa de ley para obligar a las plataformas electrónicas de hospedaje, como Airbnb y HomeAway, a pagar el impuesto al hospedaje del 2 por ciento.
De estos recursos sale parte de las campañas de promoción turística de Guanajuato, entre otros programas para fortalecer la calidad en los servicios que se ofrecen a los visitantes a través de las Oficinas de Exposiciones y Convenciones, donde participa toda la cadena de valor del sector hotelero.
Luego de casi un año de gestiones de las asociaciones de hoteles y moteles en el estado, por fin de turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, la iniciativa de Ley para su estudio y dictamen.
En el camino podría haber adecuaciones una vez que algunas de las plataformas que ofrecen hospedaje en Guanajuato, sin pagar impuestos, interpongan sus puntos de vista de manera abierta y participen en el debate público antes de su aprobación. Lo anterior, porque hasta ahora han buscado únicamente acercamientos con la Secretaría de Turismo federal y con la Secretaría de Turismo del Estado.
De acuerdo con el texto que presentó el legislador panista, estas plataformas no cubren otros pagos que si hacen los hoteles que están legalmente establecidos en Guanajuato y representa una competencia desleal de casas, departamentos, habitaciones entre otras modalidades de alojamiento.
Hay eventos en León como el Rally, el Festival Internacional del Globo, el Festival Internacional Cervantino, la Feria Estatal entre otros, que son aprovechados por estas plataformas, al igual que en las temporadas vacacionales o de eventos de negocios, para promocionar hospedaje de bajo costo.
En las consultas que prepara el Congreso también se va a presentar el diagnóstico que tienen los hoteleros de Guanajuato y en donde subrayan el incremento de la ocupación de cuartos vía plataforma electrónica sin ninguna garantía de calidad o que ofrezca un respaldo a quienes recurren a este alojamiento.
