Ayer a mediodía, la empresa Red Recolector denunció penalmente por abuso de autoridad a los funcionarios y servidores públicos que quitaron la concesión de dos rutas de la recolección y traslado de residuos sólidos urbanos, que había ganado en 2014.
El argumento central de los abogados de la empresa regiomontana son que el alcalde y su Ayuntamiento junto con los directores de las dependencias que participaron en el proceso para definir un nuevo fallo de la licitación, como lo ordenó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (actualmente Tribunal de Justicia Administrativa del Estado), actuaron con dolo y excedieron sus funciones al otorgarlo a otra empresa que no estaba involucrada en la sentencia que interpuso JS Hermanos.
Previo a la denuncia penal, la empresa había advertido de que la decisión de las autoridades municipales, al reponer el fallo y quitarles la concesión, tendría consecuencias legales y económicas para el Municipio porque únicamente se debió confrontar la propuesta de JS Hermanos con Red Recolector y Gisa y no con otros de los participantes de la licitación original.
La semana pasada, la empresa recolectora de la basura también había interpuesto un recurso legal contra el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por haber declarado que el Municipio podía confrontar las propuestas de todas las empresas que participaron en el proceso contra Red Recolector y Gisa.
Al final del proceso de reposición del fallo, Gisa mantuvo la concesión del área que tenía asignada originalmente mientras que Red Recolector se quedó sin el contrato de recolección de basura bajo el argumento de que su propuesta económica era más costosa que otras de las que habían participado en la licitación original. El Municipio argumentó el viernes que ahorraría 2 mil 700 millones de pesos al quitar la concesión a Red Recolector y entregarla a PASA.
Esta sería la primera denuncia de otras que tiene preparada la empresa, como es el caso de una indemnización que sería reclamada por haber dejado sin validez el contrato que firmó la pasada administración.
El fundamento que utilizó la empresa de Nuevo León para demandar al alcalde, ediles y funcionarios que participaron en el nuevo fallo de licitación fue el artículo 261 del Código Penal del Estado, que se refiere a la actuación de los servidores públicos que dolosamente, con motivo de sus funciones, excedan el límite de sus atribuciones en detrimento de un particular. Según ese mismo artículo, señaló ayer la empresa, se contempla una sanción de dos a ocho años de prisión, de 20 a 80 días de multa, destitución del empleo e inhabilitación hasta por seis años de la función pública.
En la demanda aparecen los nombres del alcalde Héctor López Santillana; el secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez; el síndico Luis Ernesto Ayala Torres y los regidores Salvador Sánchez Romero, Ana María Esquivel Arrona, Federico Zermeño Padilla, Ana María Carpio Mendoza, José Luis Manrique Hernández, Beatriz Yamamoto Cázares, Alejandro Alaniz Rosales, José de Jesús Vázquez García, Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Jorge Arturo Cabrera González. Además del director del SIAP, Roberto Centeno Valadez.
Finalmente, se dio a conocer que derivado de la incorrecta actuación de las autoridades municipales, se interpondrán otros recursos legales, y que se mantendría el servicio de recolección de basura, en tanto el Municipio indique lo contrario.
Ayer, el alcalde y su gabinete tuvieron una encerrona en las instalaciones del IMPLAN tras una gira de trabajo de entrega de obras y arranque de nuevos proyectos en la colonia 10 de Mayo, casi al mismo tiempo que la empresa interponía la demanda penal ante las autoridades correspondientes de Guanajuato.
CENTRO
El director del Guanajuato Puerto Interior, Luis Quiroz, adelantó que en agosto quedará definido el proyecto del Centro de Innovación, Logística y Transporte para arrancar con un plan que fortalezca la competitividad de las empresas que operan en Guanajuato.
Ayer, en conferencia de prensa, el secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado, Arturo Lara, y el representante del Guanajuato Puerto Interior, Luis Quiroz, presentaron el programa de la Cumbre Mundial de Líderes de Innovación y Logística, que reúne a expertos del Banco Mundial, OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo y Unesco, quienes hablaran sobre los retos para elevar la competitividad logística del estado.
El Guanajuato Puerto Interior se ha convertido en uno de los principales centros logísticos en México, debido a la expansión que han tenido nuevos sectores económicos como el automotriz y autopartes, aeronáutico, entre otros, que van a requerir de mejores condiciones de infraestructura y logística para su desarrollo.
Durante la presentación del programa, Luis Quiroz mostró el último estudio que elaboró el Banco Mundial sobre el índice de desempeño logístico 2016, donde México está en el lugar número 54 de 114 naciones donde se evalúan las condiciones que facilitan una mayor competitividad en este rubro.
Este análisis fue el punto de partida para que el Guanajuato Puerto Interior planteara una estrategia de reunir a los expertos internacionales en León y conocer sus aportaciones para enfrentar los retos de logística de las empresas que operan en el estado.
La idea es que estos expertos de organismos multilaterales, investigadores y académicos que han desarrollado los casos más exitosos de logística y transporte muestren las alternativas que han seguido los países que hoy están al frente del ranking internacional en esta materia.
Existen al menos cinco sectores que requieren con urgencia de mejores condiciones para su desarrollo logístico como es el caso de la industria automotriz, las aduanas, el servicio de carga aérea, agroalimentos y puertos intermodales.
Los expertos que se reunirán en Guanajuato los días 23 y 24 de agosto próximo, en el Poliforum León, van a desarrollar una serie de ponencias y casos que van a contribuir a detonar las estrategias de política pública y en el sector privado para acelerar la competitividad logística.
Además se integrará el primer grupo de expertos internacionales y nacionales para la operación del Centro de Innovación Logística y Transporte dentro del Guanajuato Puerto Interior, junto con una cartera de proyectos que ayudarán a las empresas a mejorar su desempeño competitivo.
Los proyectos serían financiados por el sector privado y gubernamental y soportados con fondos de organismos como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, OCDE y Unesco.
El asunto resulta atractivo para el sector privado porque actualmente enfrentan una serie de dificultades en materia de aduanas, infraestructura, envíos internacionales, calidad en la competencia, logística, rastreo y seguimiento de mercancías y tiempos de entrega.
Para ejemplificar esta situación, hoy existen empresas que realizan actividades de comercio exterior y que tienen un sobre costo de operación por carecer de instrumentos y políticas que ayuden a mejorar su desempeño logístico.
Una empresa que importa mercancías a Guanajuato por la vía marítima, solamente tiene 10 días para verificar el arribo correcto de su embarque desde el puerto en Manzanillo al Guanajuato Puerto Interior y carece de un patio de maniobras donde la Dirección General de Aduanas verifique dentro de ese lapso, los trámites de importación, lo que alarga el costo y tiempo de espera hasta la revisión de las autoridades aduaneras.
Por eso la importancia de la Cumbre Mundial de Líderes en Innovación y Logística, porque de ahí partirá el plan de acción para mejorar la competitividad de las empresas con un nuevo centro de innovación y proyectos específicos que ayuden a reducir los costos de operación y los tiempos de entrega de las mercancías.
GASTALONES
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó ayer el informe legislativo 2017, en donde subraya el gasto que representa para la sociedad mantener a mil 124 diputados locales asciende a 13 mil 551 millones de pesos.
La novedad es que el Congreso del Estado de Guanajuato está entre los 10 más gastalones del país (y menos productivos) y sólo por debajo de la Asamblea de la Ciudad de México y de los congresos locales del Estado de México, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Sonora y Baja California. El gasto promedio de cada legislatura local es de 423.5 millones de pesos y los legisladores guanajuatenses están por arriba de ese promedio.
Lo destacado de las cifras que presentó el IMCO es que los gastos de los congresos locales van a parar en un 56 por ciento a pagar el salario de los diputados, el 22 por ciento para cubrir los servicios generales que utilizan, el 14 por ciento para transferencias y ayudas sociales, principalmente, aunque en este último caso no es la función de un legislador andar otorgado ayudas.
Este informe analiza la conformación de los congresos locales, el manejo de los recursos públicos y su desempeño legislativo derivado de que a pesar de la importancia que tienen muy pocas veces son llamados a rendir cuentas y a mejorar su desempeño, tan es así que el 82 por ciento de los mexicanos no confían en sus legisladores.
Otro de los aspectos sobresalientes del Congreso del Estado de Guanajuato es que es uno de los que menos sesiones tienen con el Pleno, reuniones que tienen los diputados para votar una ley, pues en este caso apenas tuvieron 49 encuentros mientras que en otras entidades hay hasta 162 sesiones, como es el caso de Baja California Sur.
En Guanajuato hay 36 diputados (16 mujeres y 20 hombres), 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, uno por cada 164 mil 135 habitantes. Su presupuesto pasó de 278.9 millones de pesos en 2012 a 482.3 millones de pesos en 2017, es decir, un crecimiento del 46.2 por ciento (el cuarto más elevado en el país), por lo que cada diputado cuesta a los ciudadanos 13.4 millones de pesos.
El año pasado, el Congreso local tenía autorizados 450.7 millones de pesos pero acabó gastando 552.4 millones de pesos, un 22.6 por ciento más de lo autorizado. Además, los diputados locales son los segundos mejor pagados de todo el país, solo les ganan en el Congreso del Estado de Chihuahua pero de los menos productivos, solo presentaron 76 iniciativas de ley, lugar número 22 del ranking nacional del IMCO.
La recomendación del IMCO es que los diputados empiecen por cumplir con las obligaciones que ellos imponen en las leyes que aprueban; que elaboren y publiquen un proyecto de presupuesto con base a un modelo que propone el instituto; que se regule la entrega de recursos para sus órganos internos como comisiones, comités, centros de estudios entre otros; dotar de autonomía financiera a los órganos de fiscalización y apegarse al presupuesto aprobado para evitar incrementos desproporcionados.
Los legisladores locales ya tienen quien vigile el cumplimiento de sus funciones y verifique la forma en que ejercen el presupuesto y gastan el dinero público. Falta que la sociedad haga su parte y ahora que habrá muchos que quieran reelegirse pues evalúen bien el desempeño antes de volverlos a becar tres años gratis viviendo del presupuesto, ejemplos hay muchos.
