Los seguidores de la idea de que el gobernador del estado, Miguel Márquez, renuncie al cargo y vaya a buscar la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, reconocen que ese escenario únicamente será factible en el caso de que los grupos que postulan a Margarita Zavala y Ricardo Anaya choquen y ninguno de los dos se coloque en la recta final.
Quienes están cerca del mandatario estatal, lo colocan como una opción viable dentro del PAN que sería respaldada por el grupo de gobernadores panistas a pesar de que reconocen que sería muy complicado lograr ubicarlo en las preferencias electorales en el poco tiempo que resta, antes de que salga la convocatoria interna.
En este contexto, hay dos hechos que no deben pasar desapercibidos que se registraron las últimas semanas respecto al tema de la elección a candidato presidencial del PAN, el primero el destape que hizo el expresidente Vicente Fox de Miguel Márquez como su favorito para encabezar esa posición y el encuentro que sostuvo el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, con el gobernador de Guanajuato para ver cuales fichas trae en la bolsa para este proceso.
Durante su ausencia por estar en una gira de trabajo en Japón, Vicente Fox le dijo a Miguel Márquez “anímate”, lo que derivó en una serie de expresiones en espectaculares y bardas donde invitaban al gobernador del estado a tomar la decisión y sumarse a la lucha por la candidatura presidencial de su partido
En el caso del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, coincidió con Miguel Márquez sobre formar un gran proyecto, con la alianza de otros partidos políticos, y elegir un candidato que saque al PRI nuevamente de Los Pinos.
Ayer, en su visita a León, luego de su regreso de Japón, el gobernador del estado fue muy claro respecto a este tema que ha crecido con fuerza entre los panistas que les gustaría verlo como candidato presidencial: son únicamente calenturas.
Luego de agradecer las expresiones del expresidente Vicente Fox así como de otras voces fuera de su gobierno, explicó que buscar la candidatura no es un tema sencillo, tiene que ser bien reflexionado, no puede reducirse a una simple calentura del momento.
Reveló que ya lo ha comentado a sus propios compañeros del partido sobre la necesidad de construir un gran proyecto, incluyente con otras fuerzas políticas y la participación de la sociedad, y que incluso lo ha planteado a los gobernadores y otros liderazgos.
En su visión, se requiere de un nuevo modelo de nación porque el actual no ha funcionado y una sola persona no hará el cambio que se necesita, eso lo deben de tener claro quienes hasta ahora han abierto la posibilidad de buscar la candidatura presidencial. De todas formas adelantó que si va a participar en la construcción de este proyecto de nación para el 2018.
A pesar del canto de las sirenas, Miguel Márquez confesó que mantendrá su trabajo como gobernador sin distracciones, porque la responsabilidad de gobernar un país va más allá de las calenturas del momento, como las expresadas por Vicente Fox y otros militantes panistas de Guanajuato que lo quieren ver como candidato presidencial.
Así que los funcionarios que ya se frotan las manos por irse a la campaña política deberán entender el mensaje de su jefe, el gobernador, y no distraerse en estos momentos hasta que llegue la hora de definir el proyecto de nación que requiere México y luego la candidatura de quien pudiera encabezar este gran movimiento de la sociedad.
La decisión todavía no está tomada aunque tampoco la descartó y más porque reconoce que hay quienes si están a favor de que vaya a buscar la candidatura panista a la Presidencia de la República y otros que definitivamente no le ven posibilidad.
Quizás lo único que espera el mandatario estatal para tomar la decisión es que se defina quién será su sucesor en Guanajuato, donde también hay varios grupos en el PAN que luchan por esa posición.
ENFRASCADOS
El tema de seguridad tiene enfrascados a los partidos políticos y autoridades de los tres órdenes de gobierno respecto a quién tendría la responsabilidad de aportar más soluciones al terrible problema de inseguridad que representa el alza de homicidios dolosos en León.
Ayer, en la mañana, en la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, el Secretario de Seguridad Pública presentó los datos de la incidencia delictiva entre enero y mayo de 2017 donde sobresalen los 155 casos de homicidios dolosos, de los cuales alrededor de 106 tienen que ver con asuntos relacionados con la delincuencia organizada.
Tanto el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, como el regidor del PVEM, Sergio Contreras, cuestionaron las estrategias de seguridad que han desarrollado las autoridades municipales y estatales para revertir esta situación preocupante en la ciudad.
Los partidos de oposición en el Ayuntamiento insisten en que se debe revisar la estrategia de seguridad, en especial en el caso de los homicidios dolosos, y abrir un espacio para replantear lo que se ha realizado y buscar alternativas que contribuyan a mejorar el desempeño de los policías.
Luego, el gobernador del estado, Miguel Márquez se refirió a este tema en una gira de trabajo con el alcalde Héctor López Santillana, en donde declaró que la mayoría de los homicidios dolosos en León tienen que ver con asuntos relacionados con el robo de combustible, venta de estupefacientes y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, delitos que tienen que ver con la competencia del Gobierno federal.
Por lo que urgió a los legisladores federales y senadores del PRI y PVEM para que aprueben las leyes sobre Seguridad Interior y otra que endurece los castigos a los portadores de armas exclusivas de las fuerzas armadas.
El pronunciamiento fue directo aun cuando en Guanajuato opera un Grupo de Coordinación en el que participan las dependencias estatales y federales responsables de atender los temas relacionados con la seguridad y procuración de justicia.
El llamado de las autoridades estatales es que en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, los partidos que tienen mayoría, saquen las iniciativas de Ley que propuso la Conago para dar herramientas a los gobiernos para enfrentar la nueva realidad que impone la delincuencia organizada en el país.
La inseguridad es un problema complejo en donde se requiere la participación de los actores políticos, sin distinción de colores y siglas, a fin de resolver aquellos delitos de alto impacto que tienen bastante preocupados a los ciudadanos.
Las nuevas condiciones que impone el crimen organizado requieren una respuesta más seria de los tres órdenes de gobierno y los partidos políticos necesitan entender que no hay espacios para enfrentamientos que no conducen a resolver el problema.
CONDENA
La revelación de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales en México, que se dio a conocer en Estados Unidos, a través de una vigilancia digital ilegal provocó la condena del gremio periodístico nacional y de los organismos internacionales que defienden los derechos humanos así como una exigencia de que se esclarezcan los hechos. El desmentido de la Presidencia de la República no lo creyó nadie.
Apenas el pasado 15 de junio, el Gobierno federal afirmó en el cambio de Presidencia del Consejo de la Comunicación, que era y seguiría siendo respetuoso de la libertad de expresión y pluralidad de voces que se expresan en los medios de comunicación, pero el lunes, los mexicanos amanecieron con la noticia dada a conocer por un medio internacional de que había sospechas de que el autor del espionaje a un grupo de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales fueran las propias autoridades.
La preocupación de las organizaciones que defienden la libertad de expresión es que este hecho sea solo la punta del iceberg de otros miles de casos en los cuales el Gobierno utiliza la tecnología adquirida por algunas de sus dependencias encargadas de la seguridad nacional y procuración de justicia para perseguir criminales contra la sociedad civil.
La condena fue unánime ante una respuesta que se envió al medio de comunicación en Estados Unidos, en donde la Presidencia de la República advierte que no hay pruebas de que las agencias mexicanas sean las responsables del espionaje, tal y como lo deja plasmada la investigación que elaboraron organizaciones internacionales.
Lo segundo que generó repudio a la respuesta oficial, fue la llamada a quienes fueron víctimas de las acciones de espionaje a que presenten su denuncia a la PGR para que se investiguen los hechos, cuando esta dependencia es una entre otras que habrían adquirido el sistema informático con el que se realizó el espionaje.
No existe ninguna garantía de que en México, se pueda hacer una investigación seria e independiente sobre la denuncia de espionaje, sobre todo cuando las personas que fueron víctimas de estos lamentables hechos han tenido un papel activo en la denuncia pública sobre irregularidades y actos ilegales que han cometido las autoridades federales.
El tema no termina con la carta aclaratoria que envió el gobierno mexicano al medio de comunicación que hizo la denuncia en Estados Unidos, ya que la presión internacional sobre estos hechos ha crecido junto con la condena de organizaciones nacionales.
Quizás los funcionarios mexicanos no alcanzan aún a dimensionar la gravedad del delito que se puso en evidencia tras rastrear la tecnología y equipos que fueron adquiridos por dependencias mexicanas para espía a los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas sociales, mucho menos las consecuencias que pueden derivar cuando la sociedad se entere que puede ser vulnerado su derecho a la privacidad si representa una amenaza para el sistema.
