El Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, presentó el lunes a las 12:45 horas una solicitud de desafuero ante el Congreso de la Unión en contra de la diputada federal y exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez. Con esta medida empieza una batalla política y legal en la Cámara de Diputados donde el PRI tiene mayoría y es factible que no proceda la denuncia en su contra.
Fue el ex alcalde de León y diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla, quien a medio día de ayer martes, reveló que el gobierno del estado de Guanajuato había presentado el lunes una solicitud de desafuero en contra de Botello Santibáñez. De acuerdo con el legislador panista, esta petición al Congreso de la Unión se deriva de los presuntos actos de corrupción dentro de la pasada administración del PRI en León. “Tan sólo en 4 juicios hizo perder a León 500 millones de pesos, por su negligencia dolosa”, publicó en las redes sociales el también ex alcalde.
La operación legal del gobierno del estado de Guanajuato tiene la intensión de inhabilitar políticamente a Botello Santibáñez para el próximo proceso electoral, quien en agosto de 2018 podría ser encarcelada por 10 años como pretende el PAN ante una acusación de presunto peculado de alrededor de 47 millones de pesos, cuando termine su cargo como legisladora federal y pueda ser procesada penalmente como resultado de las auditorías que se han aplicado en su administración como alcaldesa.
Ayer, el Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano; los diputados locales panistas Juan Carlos Muñoz Márquez y Éctor Jaime Ramírez Barba, ofrecieron una conferencia de prensa a las 15:30 horas, en las instalaciones del PAN estatal, para dar a conocer los pormenores de la solicitud del desafuero contra la legisladora federal del PRI y en donde anticiparon que es la primera denuncia de otras en que se le acusa de mal uso de recursos públicos.
El Coordinador Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Éctor Jaime Ramírez Barba, hizo un recuento de las denuncias que han derivado las auditorías a la pasada administración municipal y que han tenido como resultado 226 sanciones de responsabilidad administrativas, 86 sanciones de responsabilidades civiles y 36 denuncias penales. En el caso de la alcaldesa, explicó, esta es la punta del iceberg de varias denuncias que vienen en su contra y que faltan ser aprobadas por el Congreso local.
En su intervención, el diputado local, Juan Carlos Muñoz Márquez, dijo que no era una venganza política del PAN y que en caso de resultar responsable de los delitos que se le imputan será acreedora a una sanción de entre dos y 10 años de prisión y la inhabilitación del cargo. Pidió a los legisladores federales que eliminarán el fuero constitucional del que gozan para que puedan responder por los hechos que se les imputan.
Luego, se registró otra conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, para denunciar a la legisladora federal y pedir el juicio de procedencia ante los órganos internos del Congreso de la Unión.
En la conferencia de prensa de la Cámara de Diputados, los legisladores Alejandra Gutiérrez, Ricardo Sheffield Padilla y Miguel Ángel Salim Allé, acusaron a Botello Santibáñez de haber cometido actos de corrupción mientras se desempeñó como alcaldesa de León.
Alejandra Gutiérrez dijo que desvió recursos destinados a la obra pública, que operó con empresas fantasma, que mal uso recursos destinados a la seguridad pública y que por estos motivos se pedía el desafuero, para poder hacer justicia a los leoneses.
Ricardo Sheffield Padilla argumentó que la administración del PRI en León fue banal y corrupta, que aplaudía la solicitud del gobierno del estado para que se castigaran los hechos que hoy están documentados contra la pasada administración municipal.
Miguel Ángel Salim Allé declaró por su parte que su partido iba a empujar el desafuero de la legisladora federal, que el tema sería subido al Pleno de la Cámara de Diputados para demostrar quien estaba a favor de la justicia y transparencia y quienes en contra del nuevo sistema anticorrupción.
El documento que presentó la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato fue entregado al Congreso de la Unión y fue recibido por el Director de Servicios Legales, Jorge Ricardo Jiménez Ramírez; la solicitud contiene la acusación que se deriva de las actuaciones de la averiguación previa 101/2015, cuyo contenido se mantiene en reserva.
Los panistas van a esperar la respuesta del Congreso de la Unión para que proceda el desafuero de Botello Santibáñez aunque en el fondo, la estrategia política y legal será inhabilitarla políticamente para el 2018.
También está trazada la ruta para que la Procuraduría, en caso de no proceder el juicio de procedencia, emita una orden de aprehensión cuando termine su cargo y procesarla por el delito de peculado, el cual contempla la cárcel si es encontrada culpable como proponen los panistas.
BUFONADA
La legisladora federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, se refirió en su última conferencia de prensa en León, el viernes pasado, que solicitaría a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato que investigue el quebranto al municipio por una inversión mal hecha en Metrofinanciera, por un monto cercano a los 35 millones de pesos en la administración 2006-2009 y donde no hay responsables hasta la fecha.
Luego, escribió un artículo donde describe, desde su punto de vista, los signos de descomposición que se viven en Guanajuato en el cierre de la administración actual y aludía a temas relacionados con corrupción, conflictos de interés y falsificación de documentos; uso de recursos públicos para promover aspirantes a cargos de elección popular en 2018; los pobres resultados de la inversión en tecnología para seguridad; los niveles de violencia y delincuencia que se registraban entre otros temas que han agravado las condiciones de vida de los guanajuatenses.
La respuesta del PAN y el gobierno no se hizo esperar, y ayer, formularon una petición de desafuero contra la ex alcaldesa por el presunto delito de peculado, 87 millones de pesos según el Comité Directivo Municipal del PAN o 47 millones de pesos según las cuentas del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado.
El mensaje que dieron los legisladores locales del PAN es que Botello Santibáñez debe ser castigada por los presuntos actos de corrupción que se cometieron en su administración y que según el Código Penal del Estado, alcanzaría una sanción de hasta 10 años de cárcel y la inhabilitación del cargo.
La reacción inmediata de la legisladora federal del PRI no se hizo esperar y calificó la petición como una nueva “bufonada” del PAN y una “cortina de humo” para distraer a los ciudadanos de la descomposición que vive el estado en la fase final de este gobierno.
Señaló que sabía que vendría una serie de ataques en su contra después de que anunció la denuncia de los 35 millones de pesos que se perdieron en la inversión de la Metrofinanciera pero advirtió que el PAN no la intimida porque tiene más de dos años de padecer los deseos de venganza de los panistas y que en el fondo buscan descarrillar su nuevo proyecto político.
El PRI municipal también emitió un pronunciamiento de defensa para la ex alcaldesa y dijo que ya se hizo costumbre al PAN de acusarla en vez de atender el desastre que hay en materia de inseguridad y corrupción en compras gubernamentales.
En las redes sociales también se generó un debate entre quienes están a favor de la ex alcaldesa y quienes están en contra. Por ejemplo, quienes están en contra argumentaban que en el PAN hay casos de corrupción que no han sido castigados entre ellos, la fallida compra de los terrenos para la refinería; el costoso proyecto de la Expo Bicentenario; los sobreprecios de la tierra que se adquirió para Toyota; la inversión millonaria inútil del programa Escudo entre otros.
En el caso de quienes opinaron en contra de la diputada federal están la contratación de empresas fantasmas; el encarecimiento de obras públicas; el desvío de recursos federales destinados a rubros como seguridad; el encarecimiento de servicios como la recolección de basura, entre otros.
GOLPE
El gobierno federal asestó ayer dos golpes a la delincuencia organizada que opera en Guanajuato en el robo de combustible a Pemex, tras anunciar el despido de personal de su terminal de almacenamiento y despacho en Salamanca por estar involucrados en este delito y tras la captura de la Policía Federal de uno de los principales cabecillas del grupo criminal dedicado a esta actividad.
Apenas hace unos días, Pemex reveló que abrió un proceso contra las estaciones de servicio que compraban el combustible robado en Guanajuato, primero para retirar la concesión y segundo, al interponer denuncias penales contra quienes no lograron acreditar la legitima procedencia de lo que vendían al público.
Ayer en la tarde, Pemex informó que rescindió el contrato a trabajadores de la terminal de almacenamiento y despacho ubicada en Salamanca, porque participaban en el robo de combustible aunque sin precisar el número y nombre de los acusados.
Pero la investigación no está cerrada y se continúan con los procesos para determinar quienes más estarían involucrados en este delito y presentar las denuncias penales ante las autoridades correspondientes. El gobierno del estado ya había denunciado que personal de Pemex estaría involucrado en este tipo de actividades y en un estado del norte del país ya se había hecho un operativo para despedir y acusar penalmente a trabajadores que estaban coludidos con la delincuencia organizada.
Por otra parte, la Policía Federal detuvo ayer a una persona con tres armas largas en la colonia La Cruz, en Salamanca, apodado El Muletas, y quien sería uno de los principales operadores del jefe criminal que desde hace ocho años se dedica al robo de combustible en Guanajuato. Le decomisaron tres armas AK47 y cinco cargadores, que
Por lo visto ahora si va en serio el pronunciamiento que hizo hace unos meses la Secretaría de la Defensa Nacional a través de sus comandantes en Guanajuato, al señalar que irían tras los cabecillas de la extracción ilegal de combustible de Pemex.
