El gobernador del estado, Miguel Márquez, estuvo ayer en León y se refirió al caso de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado involucrados con un grupo de la delincuencia organizada que opera en la región Laja-Bajío para aclarar que es una excepción y que se aplicará todo el peso de la ley a los funcionarios que desviaron su tarea de proteger a los ciudadanos para servir a los criminales.
Este lunes, las dependencias responsables de la seguridad pública estatal y de la procuración de justicia revelaron la detención de seis elementos activos de sus corporaciones que trabajaban para la delincuencia e identificaron a otros cuatro ex elementos de la Policía Ministerial que están involucrados en el caso.
La acusación que enfrentarán los elementos policíacos y ministeriales es haber filtrado información sensible a los delincuentes que operan en el sur del estado y que derivó de las investigaciones sobre el asesinato de dos elementos de la Policía Ministerial en Apaseo el Alto cuando realizaban tareas para detectar a los líderes del grupo criminal que tiene bajo control la región.
En el comunicado sobre la detención de los elementos, la Secretaría y la Procuraduría dejan entrever que podría haber más elementos involucrados con este grupo porque van a continuar los operativos internos hasta detectar a todos y cada uno de los elementos activos que hayan sido desleales en las funciones que tenían encomendadas.
Al respecto, el gobernador del estado dijo en León que su administración actuará con todo el peso de la ley contra los policías que se conduzcan por encima de la ley, y que en el caso particular de los seis elementos detenidos por las investigaciones tras la muerte de dos ministeriales, es solamente una excepción.
También pidió a los ciudadanos que confíen en sus instituciones porque su gobierno no dejará pasar por alto este tipo de casos; quien falle y caiga en la trampa será castigado, se comprometió el mandatario estatal.
La región Laja-Bajío se ha convertido en una zona de alta criminalidad. Hace poco se asesinó al Secretario de Seguridad Pública de Apaseo el Grande y en una balacera en un antro en Apaseo el Alto murieron siete personas y 10 más quedaron heridos, además del asesinato de dos elementos de la Policía Ministerial que investigaban estos últimos hechos. Sus cuerpos fueron calcinados para desaparecer las evidencias y las autoridades tardaron varios días en corroborar que eran policías estatales.
Estos hechos son graves porque ponen de manifiesto la corrupción de los policías estatales al cobrar en la nómina del gobierno y servir a los grupos de la delincuencia organizada, además de que generan la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Por eso el gobernador Miguel Márquez aprovechó para enviar un mensaje a los malos policías bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Procuraduría General de Justicia del Estado: “habrá un castigo ejemplar y su conducta no quedará en la impunidad”.
Ayer mismo, la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado aprobó por unanimidad solicitar a la Auditoría Superior del Estado realizar una serie de auditorías a los programas de seguridad, entre ellas una de carácter financiero a las operaciones realizadas por Escudo correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y otra al desempeño del cumplimiento de los programas bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Esta última tiene que ver con una demanda de los partidos de oposición para revisar la comprobación y la medición del impacto que han tenido los programas que opera la dependencia estatal en la disminución de los índices delictivos de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
El lunes el Observatorio Ciudadano de León señaló que el gasto destinado por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en sus tareas sustantivas a favor de la seguridad de la sociedad, no se refleja en resultados concretos que permitan reducir la inseguridad y la impunidad en el estado.
ENÉSIMA
La Comisión de la Contraloría aprobó ayer el inicio de tres procedimientos de responsabilidad administrativa contra funcionarios del gobierno anterior, en dos de los cuales estaría involucrada la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, según trascendió ayer al concluir la reunión en que se dio vista a la Contraloría Municipal para seguir con el proceso.
La acusación contra la actual diputada federal es por presuntamente haber recibido un pago por un monto aproximado de 300 mil pesos al que supuestamente no tenía derecho cuando dejó el cargo de Presidenta Municipal, y por el pago de 9 mil pesos en un hotel como beneficio personal extra legal, según la argumentación que se ofreció a los integrantes de la Comisión de Contraloría.
En un primer caso, la Dirección General de Desarrollo Institucional interpuso una denuncia contra la ex alcaldesa por recibir un pago de prestaciones que no le correspondían con motivo de su cargo correspondiente a la prima de antigüedad e indemnización, pues ambos pagos únicamente serán para los trabajadores que sean separados de manera injustificada de su empleo no para los funcionarios de elección popular.
Según el documento oficial de la denuncia, se le entregaron 100 mil 296 pesos por concepto de prima de antigüedad y 203 mil 802 pesos por indemnización, en dos cheques, aun cuando su separación del cargo fue de manera voluntaria para ir a buscar una diputación federal por el PRI. Ambos pagos se hicieron en marzo de 2015.
En el segundo de los casos, la propuesta fue realizada por propia Contraloría Municipal por presuntas irregularidades en el pago de servicios particulares con recursos públicos, al haberse pagado servicios de hospedaje y de spa en un hotel los días 19 y 20 de julio de 2014, bajo los conceptos de complemento de servicios de capacitación del taller “Reflexión del gabinete y actualización de la estrategia global de la gestión gubernamental 2012-2015”, que se realizó el 13 y 14 de junio de 2014.
En ambos casos, el Contralor Municipal, Esteban Ramírez Sánchez, fue instruido por la Comisión del Ayuntamiento para que desahogue las diligencias correspondientes y tramite el procedimiento de responsabilidad administrativa.
El punto de reflexión de la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez es: ¿cuál es la obsesión que tiene el PAN por la persecución en su contra, derivada de estos dos nuevos procedimientos administrativos que abrieron por la Contraloría Municipal?
Y es que cuestiona cuál es el temor que tienen los panistas, en el Congreso del Estado y la Presidencia Municipal, por inhabilitarla a la fuerza y continuar con la campaña de desprestigio al internar sancionarla por dos asuntos que no estaban bajo su responsabilidad, ya que ella no fue la responsable de autorizar ambos gastos que ahora se le imputan.
Adelantó que acudirá nuevamente a la Contraloría Municipal a responder por cada una de las falsas acusaciones en su contra, que mantendrá su defensa legal ante la clara persecución política de la que es objeto.
Y mandó un mensaje a los personajes del PAN que tienen tanto interés en sancionarla: “¿por qué mejor no se esfuerzan en atender los índices de inseguridad en León y a trabajar por cumplir a los leoneses lo que ofrecieron al regresar al municipio?”.
¿EXONERADO?
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tendrá su sesión ordinaria este miércoles a medio día, y uno de los puntos que van a revisar es el del informe que presente la Comisión de Quejas y Denuncias sobre las denuncias presentadas por los partidos políticos, entre ellas la que interpuso el PRI contra el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
Estas denuncias no son revisadas por el Consejo sino únicamente en Comisiones, y este miércoles se aprueba el informe que presenten los responsables de atender las quejas y denuncias ante el Instituto y posteriormente pasa al Tribunal Electoral que es el responsable de determinar la sanción o exoneración ante las pruebas ofrecidas por las partes. Este proceso se llevaría todavía un mes más.
La denuncia que se presentó ante el Instituto Electoral del Estado no fue por actos anticipados de campaña, sino que se deriva de una presunta violación al artículo 134 de la Constitución Política, que en uno de sus puntos prohíbe la propaganda personalizada, en este caso por la supuesta la promoción de la imagen del Secretario Rodríguez Vallejo con recursos públicos.
En este tipo de casos, por ser una denuncia interpuesta cuando todavía no está abierto legalmente el proceso electoral, ya existe una jurisprudencia de 2015 que establece criterios referentes a este tipo de situaciones, en especial en la verificación del momento en que se registran los hechos denunciados para poder determinar la intención de la promoción.
Las autoridades electorales tienen que determinar si los actos de promoción personal que se denuncian están orientados a sacar una ventaja indebida en un proceso electoral y es un proceso difícil de comprobar.
A raíz de la denuncia, la única que se revisa en estos momentos, el Instituto abrió un procedimiento especial sancionador ante la presunta violación, e inició la investigación para recabar las pruebas, ya sea ante las instancias involucradas, medios de comunicación y proveedores, y posteriormente cita a la persona involucrada para que ofrezca pruebas en su defensa. Al integrar la carpeta de investigación se tiene un plazo de diez días para remitir las pruebas del denunciante y el denunciado para que el Tribunal Electoral determine si hubo responsabilidad o no.
Pero cuando hay actos que implican una promoción anticipada se tiene que tomar en cuenta que existen también derechos de libertad de expresión y se deben revisar las circunstancias en que se registre el pronunciamiento, ya sea planeado o espontáneo.
Ante estas circunstancias, las autoridades electorales deben ser cuidadosas al evaluar las pruebas que se ofrezcan a favor y en contra del funcionario que fue denunciado y esto puede caer en un criterio de subjetividad, ya que se tiene que saber si hay intención o no de promoción.
Ante este procedimiento que se sigue en todos los casos por parte de las autoridades electorales, será muy complicado que se demuestre la intención del Secretario de Desarrollo Social y Humano de promover su imagen con recursos públicos y más con la agenda que lleva dentro de las funciones que tiene bajo su responsabilidad. Aunque habrá que esperar el informe que presente la Comisión de Quejas y Denuncias ante el pleno del Consejo.
