El jueves 1 de junio, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Dirección de Seguridad Pública de San Miguel de Allende anunciaron el rescate de una extranjera secuestrada en esa ciudad y la detención de uno de los presuntos integrantes de una banda delictiva que operaba en esa región.
También informó que había varias personas presentadas y que la Procuraduría General del Estado de Guanajuato había solicitado órdenes de aprehensión contra de las personas que ya habían sido identificadas como parte de un grupo criminal que se dedicaba al secuestro en San Miguel de Allende.
El Procurador Carlos Zamarripa Aguirre hizo énfasis en que era la primera vez en que se lograba la liberación de una persona secuestrada (mujer) sin el pago del rescate y con el esclarecimiento al haber identificado al grupo que se dedicaba al secuestro.
La Unidad Especializada de Combate al Secuestro integró las carpetas de investigación para llevar a los presuntos responsables ante un Juez a efecto de imputar el delito de privación de la libertad a la vez de que difundió el retrato hablado de otro de los integrantes del grupo criminal a fin de que la ciudadanía lo denunciara de manera anónima.
El golpe a la banda de secuestradores fue tan evidente que provocó los celos de la Procuraduría General de la República, quien por otras vías, en medios nacionales, filtró que ya tenían una investigación abierta contra el grupo de secuestradores, quienes presuntamente son responsables de otros hechos delictivos en que las víctimas eran personas relacionadas con el ámbito político y empresarial nacional.
El reclamo del gobierno federal era que la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato se había colgado la medallita del golpe a la banda de secuestradores y que haber detenido a uno de los plagiarios y difundir la imagen de otro del grupo había puesto en riesgo una investigación que tenía varios meses para cercar a los criminales.
Fuentes del Gobierno estatal revelaron algunos datos relevantes sobre este hecho y que seguramente dará mucho de qué hablar cuando haga pública la identidad de otras víctimas que ya habían sido secuestradas por este mismo grupo.
Por ejemplo, se sabe que este grupo de secuestradores realizaba, al menos, un secuestro cada año de una figura importante en la región y tenía su base de operaciones en San Miguel de Allende; que el modus operandi es similar al utilizado con otros personajes políticos y empresariales que habían sido liberados tras millonarios pagos de rescate; que es una banda internacional de alta escuela donde no solamente participan mexicanos sino incluso extranjeros entre otras particularidades que se harán públicas en el proceso judicial que llevará el Juez que sea responsable de impartir justicia en este caso.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato mantuvo una estrecha colaboración con los cuerpos de seguridad de los gobiernos de Francia y Estados Unidos, derivado de la nacionalidad de la mujer que había sido secuestrada en San Miguel de Allende. Incluso, se contó con la participación de la Interpol con quien se compartió información que fue clave para dar con el paradero de los secuestradores.
El equipo de Zamarripa Aguirre logró desarticular un grupo criminal de alta escuela y peligrosidad, que empleaba técnicas insospechadas para borrar el rastro de cualquier huella que permitiera identificarlos; hay una red de operación de inteligencia que seleccionaba la víctima y solicitaba el rescate que incluso colocaba anuncios en periódicos nacionales para dar señales a los familiares sobre el reclamo del rescate; operaba con infraestructura y equipo sofisticado que hacían prácticamente invisible su operación en el territorio nacional, entre otros detalles que se resguardan por el gobierno estatal y que efectivamente no fueron compartidos con la PGR debido a lo delicado del tema.
La sorpresa para las autoridades guanajuatenses es que la PGR haya filtrado que tenía ya avances en su investigación sobre el grupo de secuestradores en San Miguel de Allende sin que haya informado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien definitivamente se anotó un buen logro con el rescate de la víctima y la desarticulación del grupo criminal.
Si los cuerpos federales ya tenían la información de la operación de la banda en Guanajuato queda la duda de cuál fue la razón de no compartir la investigación con las autoridades locales y optaron por el silencio hasta que se logró rescatar a la víctima.
El hecho concreto es que se rescató a una víctima de secuestro en San Miguel de Allende, que ya hay una persona detenida y sus cómplices identificados, que el mecanismo de operación del grupo de secuestradores fue puesto en evidencia y va a clarificar otros delitos cometidos en los últimos años de figuras públicas en esa región y que el Procurador Carlos Zamarripa le ganó la partida a la PGR, al ser más eficiente en la resolución del caso.
Ojalá que el gobierno federal entienda de una vez por todas que en la lucha contra la delincuencia organizada no se vale regatear la información ni esconderla y luego salir a desacreditar el golpe que le dieron a esta banda internacional de secuestradores avecindada en San Miguel de Allende por simples celos.
ARRANCADERO
Este lunes, cuando se conozcan los resultados de las elecciones en Estado de México, Coahuila, Nayarit y en las municipales de Veracruz, que tiene centrada la atención de las dirigencias nacionales, se iniciará otro proceso dentro de los partidos políticos para definir su ruta crítica de cara al proceso electoral para la gubernatura de Guanajuato en 2018.
En el caso del PAN, la opinión de algunos panistas que tienen aspiraciones a los cargos de diputado local y federal, alcaldes y gobernador, es que ya van tarde al proceso después de que la semana pasada se aprobaron las reformas al Código Electoral y lo atribuyen a que el Comité Ejecutivo Nacional está enfocado en las elecciones estatales y municipales de este domingo.
En la semana, el ex alcalde Ricardo Sheffield ‘movió el tapete’ de otros aspirantes a la Presidencia Municipal de León a sabiendas de que el alcalde Héctor López Santillana siempre sostuvo que iba por dos periodos, lo que implica buscar la reelección, y hubo expresiones de rechazo porque no son los tiempos legales para abrir sus intenciones. Quizá es porque todavía no se abren las reglas de cómo van a jugar cada uno de los que aspiren a un cargo público.
En otros partidos como el PRI, siguen los golpes bajos entre los grupos que aspiran a una posición en la competencia política, los ajustes en las delegaciones federales continuarán con miras a ese proceso (cambio en Sedesol es ejemplo) y se mantiene el reagrupamiento de los tecnócratas (arropados en la Fundación Colosio) además de que quienes hoy ocupan un cargo en el Senado o Cámara de Diputados federal siguen activos en la promoción de sus candidaturas.
Los otros partidos como Morena, PVEM, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza todavía no dan trazos de quienes podrían ir como candidatos aunque hay algunos liderazgos que volverían a aparecer en las boletas o repetirían en sus actuales cargos al permitirse la reelección, sobre todo en el Congreso del Estado.
De acuerdo con el programa electoral, del 1 al 7 de septiembre será el plazo en que los partidos políticos deberán entregar y registrar su método de elección para arrancar en octubre con sus precampañas internas y antes de que cierre el año tener definidas las fichas con las que van a la elección.
Los partidos políticos deberán tener registrada su plataforma política, de la cual partirá la oferta que harán a los electores en 2018, y ajustarse a las nuevas reglas de la contienda, en especial en los temas relacionados con la reelección y paridad de género, dos nuevos elementos que se tendrán que revisar en cada distrito electoral y municipio.
Más allá de las especulaciones sobre la nueva radiografía electoral tras las elecciones de este domingo, seguramente habrá un efecto sobre los partidos en Guanajuato con miras al proceso del próximo año. Quizás por eso muchos de los aspirantes a diputados, alcaldes y gobernador estuvieron metidos en las campañas apoyando a los candidatos de Coahuila, Nayarit y Estado de México, porque saben que de eso puede depender su futuro político.
Desafortunadamente para los ciudadanos esta nueva fase previa a las elecciones del 2018 en Guanajuato va a distraer a más de un funcionario público o representante popular porque a medida de que llegue septiembre se notará que están más ocupados en brincar como chapulines a otro cargo que en atender las responsabilidades que tienen ahora asignadas y en donde reciben buenos sueldos.
El problema es que las autoridades electorales están ajenas a los actos anticipados de campaña en que incurren los partidos políticos en Guanajuato, lo que es un preludio del papel que asumirán en el proceso electoral del 2018, mientras tanto se irán sumando a la lista quienes levanten la mano para destaparse.
MANIOBRA
El Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, operó una maniobra que permitirá al gobernador Miguel Márquez abrir espacio para su proyecto de la Brigada Militar en Irapuato y no dejar descobijado el fideicomiso para fortalecer la seguridad en León, en donde ahora está en manos de la Mesa de Seguridad y Justicia demostrar que tenían razón en su planteamiento de apostar por las dos estrategias para combatir la violencia y delincuencia.
A pesar de las diferencias entre el gobierno y la sociedad respecto al tema de seguridad en León, el jueves pasado se logró conjuntar una misma visión y propósito para mejorar el desempeño de los cuerpos policiacos y avanzar en las estrategias de inteligencia para la seguridad y prevención.
No hay que olvidar que originalmente se planteó tener aquí una Base Militar y que desafortunadamente no se concretó, por lo que a partir de ahí nació el proyecto de la Brigada Militar en Irapuato, es decir, que el Gobierno estatal siempre ha mantenido su respaldo al municipio para mejorar la seguridad y contribuir a devolver la tranquilidad y paz social a los leoneses.
Fue precisamente en este punto, cambiar la Base Militar por la Brigada, lo que derivó en el encontronazo entre las autoridades estatales y municipales con los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia y cuyas diferencias fueron finalmente superadas gracias al replanteamiento que hizo el propio gobernador Miguel Márquez respecto a la aportación al fideicomiso y a una nueva fórmula de participación voluntaria de los 46 municipios al proyecto de la Brigada.
La voluntad política de las autoridades estatales para abrir un espacio de participación a los organismos de la sociedad civil dentro de la Mesa y el fideicomiso permitió destrabar la negociación y el jueves fue evidente el buen clima que prevalece entre ambos sectores cuando se presentaron los primeros cuatro proyectos estratégicos que recomendó el organismo al gobierno.
La Mesa propuso la creación de la Dirección de Capital Humano para el Desarrollo Policial de manera integral que genere un proyecto de vida para él y su familia; desarrollar un esquema de inteligencia en la seguridad y prevención de adicciones, violencia familiar y colonia segura. Estos integrados a un proyecto de planeación estratégica de seguridad en León que deberá ofrecer resultados y sumar aportaciones de los propios empresarios.
