Los mexicanos estamos hartos de la corrupción que se da entre los miembros de la clase política. Aun cuando desafortundamente en el mundo entero suceda lo mismo, especialmente en Latinoamérica se escucha frecuentemente de casos en los que el manejo de poder público, ciega a los gobernantes y en su afán por detentar mayor riqueza o mayor influencia, se hacen de recursos que pertenecen al pueblo. En Perú, están buscando desde hace tiempo al ex presidente Alejandro Toledo, ya que existe una orden de aprehensión en su contra porque se le comprobó que desvió recursos públicos a empresas fantasma. Lula Da Silva, quien adquirió en su momento una popularidad mundial sin precedentes por las reformas políticas y sociales que logró instaurar en Brasil, a pesar de haber tenido mucho éxito como gobernante, fue condenado a 9 años de prisión por haber estado involucrado en un sonado escándalo de corrupción. En México no podíamos quedarnos atrás y aun cuando no ha habido un ex presidente de la República procesado expresamente por líos con recursos públicos, muchos de ellos han dado qué pensar, durante y después de sus períodos presidenciales. Quien se ha encontrado recientemente en la mira de todos, es Javier Duarte, ex gobernador veracruzano que se encontraba fugitivo y que se dejó arrestar hace unos días, en un hotel guatemalteco. Un tranquilo y sonriente, por no decir cínico, Javier Duarte, aceptó ser procesado por las autoridades mexicanas. Aun cuando hace no tanto tiempo, ya se habían señalado y enjuiciado a ex gobernadores como Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, Andrés Granier, de Tabasco, Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, Guillermo Padrés, exmandatario de Sonora, Flavino Ríos, ¡gobernador interino! de Veracruz y Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas, existen otros ex mandatarios que han enfrentado problemas con la justicia. Rodrigo Medina, quien gobernó Nuevo León, sigue un proceso por desvío de recursos. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra prófugo ante acusaciones por delincuencia organizada; Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, buscado incluso por la DEA, aún se encuentra desaparecido. Roberto Borge, quien fuera gobernador de Quintana Roo, quien sólo ha sido señalado por su participación en la venta de inmuebles patrimonio del estado y manejo irregular de recursos públicos. Quisiéramos pensar que la lista se engrosará, no sólo por estar en época de cacería o época pre electoral, sino por una verdadera intención de demostrar a la sociedad en general, que sí puede haber gobierno sin corrupción, sin tráfico de influencias, sin beneficio personal alguno. No se trata de un partido político en especial. Tanto priístas como perredistas y panistas, se encuentran en el listado de los ex mandatarios corruptos, al menos de los que han estado en la mira pública. No queda duda de que el caso mexicano es digno de análisis y estudio a detalle. Por lo que se publica en los noticieros o en los diarios, con la captura de los “señalados” se está intentando desarticular redes sofisticadas de delincuencia organizada. Las faltas por las que se persigue a los ex mandatarios mencionados, van, desde peculado, enriquecimiento ilegítimo, delitos contra la salud, hasta delincuencia organizada. Hoy en día, con la publicación de las leyes de transparencia y con una ciudadanía más informada y organizada, ha sido un poco más “fácil” solicitar una rendición de cuentas efectiva, pero queda un camino larguísimo por recorrer. Es inverosímil que se nos pida a los ciudadanos de a pie, que nos comportemos con rectitud y honradez si quienes deben de poner el ejemplo, no lo hacen. Aun cuando tampoco podemos escudarnos en ello, para actuar impunemente. Hacen falta castigos ejemplares y más duros a todos aquellos que se han aprovechado del pueblo y de sus recursos. Es tanta la impotencia que nos da, que parece que la privación de la libertad no es pena suficiente para aquellos que se burlan de nosotros.
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