Hoy como nunca siento pena ajena por tocar uno de los temas más vergonzosos que, a mi criterio, he desarrollado en estas columnas y lo llamo vergonzoso porque es indiscutible que afecta al ser humano quien para su supervivencia elemental requiere del agua y del aire (oxígeno).
Habida cuenta de lo anterior, tocaré un tema muy sensible para los mexicanos, el decreto del Presidente Peña Nieto, quien privatiza el agua hasta por 50 años, a escasos 5 meses de terminar su periodo sexenal y en plenas elecciones. Pero antes repasemos una historia muy similar, que sucedió en otra latitud y que internacionalmente fue conocida como la “Guerra del agua de Cochabamba”, en el país hermano de Bolivia. Este hecho marca la pauta de que cuando un gobierno se empeña en lucrar y privatizar con un elemento indispensable para el desarrollo humano como lo es el agua, pierde su oportunidad de velar por el interés superior del pueblo y por ende puede caer en el desprecio del mismo, porque los gobiernos están para servirlo y no para servirse de él. Los bolivianos se indignaron porque su Presidente Hugo Banzer, vendió las empresas públicas de SEMAPA, la cual es la empresa del agua potable y alcantarillado de Cochabamba, y con ello, a la postre, se incrementaron las tarifas, lo que implicó ipso facto oposición y resistencia por parte de los habitantes de esa región, pero el gobernante en lugar de reconocer su error, sacó a las calles al Ejército para reprimir y atacar a la población civil.
Este asunto alcanzó grandes dimensiones porque hubo grandes líderes que se opusieron a la tragedia de Bolivia, entre ellos, Óscar Olivera, a quien le otorgaron el premio internacional de lucha por el medio ambiente. Se dice incluso que hubo quienes tuvieron que pagar con su vida, el haber defendido el agua de Cochabamba.
Probablemente Usted, amigo lector, esté pensando que este asunto que sucedió en otro país no tiene nada que ver con nosotros pero esta guerra del agua en Cochabamba (válgame la redundancia) que generó actos de resistencia civil se dan cuando un gobierno antepone los intereses de compañías transnacionales, a los de la colectividad, por lo que citaré un ejemplo. Hace tan solo un par de meses, esta ciudad de León vivió una de sus peores pesadillas que tuvo que ver con el agua, cerca de 100 colonias de esta ciudad se quedaron sin agua y hubo un desabasto total de este vital líquido que sólo en algunas de éstas tenían agua potable durante 3 o 4 horas. Según algunos expertos era porque la distribución se estaba haciendo mal, como dicen en el argot “haiga sido como haiga sido”, lo cierto es que generó un malestar en toda la población, a tal grado que los leoneses estaban dispuestos a pagar cualquier precio por tener el agua potable.
Ahora bien, retomando el asunto del decreto presidencial de Peña Nieto, esto abre un hoyo negro que devorará el agua de 300 cuencas al levantar la veda que existía, afectando derechos agrarios y permeando el peligro de 50,000 núcleos agrarios que pueden ser afectados por el uso del agua por empresas mineras, refresqueras, agrícolas y cerveceras y sobre todo que, los Gobernadores podrán lucrar con el uso público urbano a través de este sistema de concesiones con el agua hasta por 50 años. Afortunadamente existe el juicio de amparo, que protege los intereses difusos o colectivos y la tutela mediante el juicio de amparo indirecto al que seguramente recurrirán los mexicanos, porque no sólo resultado afectado un solo mexicano sino a una pluridad de compatriotas más o menos determinada o indeterminable, que están vinculados únicamente por circunstancias de hecho.
Es el momento de que México levante la voz ante este tipo de atropellos que atenta a lo más sagrado del ser humano y que es la vida misma, porque exagerando podríamos estar pagando más por consumir un mm3 de agua que por un litro de gasolina “roja”.
Galvantorres33@hotmail.com
