La mañana del lunes cuatro hombres fueron asesinados en una fábrica de ataúdes y ataques armados contra las fachadas de otras dos empresas, en hechos que las primeras investigaciones atribuyen a represalias por el ‘cobro de piso’, en Salamanca.
El primer homicidio se registró minutos a las 08:00 horas, cuando la central de emergencias del 911 recibió múltiples reportes sobre un ataque directo en una fábrica de féretros ubicada en la comunidad de Uruétaro, al sur de la ciudad, sobre la carretera de salida a Valle de Santiago.
Al arribar las unidades de seguridad y emergencia, confirmaron que al exterior del inmueble un vehículo Volkswagen Jetta había sido incendiado, localizando en su interior el cuerpo de un hombre completamente calcinado.
Dentro de las instalaciones de la fábrica, los responsables ejecutaron a balazos a otros tres hombres, presuntamente empleados del lugar, quienes hasta el cierre de esta edición permanecían sin ser identificados.
Instantes después de la masacre en Uruétaro la violencia continuó.
Sobre la carretera federal Salamanca-Irapuato, un grupo delictivo disparó ráfagas de arma de fuego contra las fachadas de la empresa Cervecera Corona y de la cementera Apasco.
En estos dos últimos incidentes no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales a los inmuebles.
Ante la gravedad de los hechos, se implementó un fuerte operativo en la zona por parte de agentes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes realizaron patrullajes y cercos de seguridad en las áreas afectadas, así como en las principales entradas y salidas de la ciudad, en un intento por localizar a los responsables.
La FGEG ya comenzó con las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer la mecánica de los crímenes, identificar a las víctimas y dar con los homicidas.
Aunque todas las líneas de investigación están abiertas, una de las versiones que se mencionó de manera preliminar y extraoficialmente, fue que los ataques estarían relacionados como advertencia o represalia relacionada con el cobro de extorsiones, conocido como ‘derecho de piso’, aunque esto no fue confirmado oficialmente por alguna autoridad.
