El tema de la seguridad que acompaña a mujeres y hombres en actividades políticas en sus funciones históricamente ha sido un tema muy cuestionado en nuestro país. La prepotencia, arrogancia y soberbia acrecientan el actuar del funcionario en cuestión. Convirtiéndose en ocasiones, en seres despreciables que se creen intocables y que nadie los merece, empezando por aquellos que los eligieron.
Con el paso del tiempo, el trabajo de los guardaespaldas, escoltas y todo aquel individuo, hombre o mujer encargado de brindar protección a un político en México, ha sido regulado paulatinamente por leyes secundarias que buscan normar su actuación y acotar comportamientos indebidos por parte de aquello que brindan protección.
La gran justificación para que un político goce de los beneficios de tener un escolta tiene que ver, con la función o responsabilidad de riesgo o peligro que pudiera desempeñar. Por sí, muy cuestionado por la sociedad el gasto que el erario genera a una política o político en funciones, aún más lo es, cuando se trata de exfuncionarios que gozan de dichos servicios públicos.
Los estudios, trabajos y reportes sobre la protección personal a exgobernadores en México indican que este servicio, frecuentemente denominado “escoltas” se basa en un marco legal que varía según la entidad federativa, generando un gran debate ciudadano sobre el gasto público, versus la necesidad de seguridad ante amenazas, especialmente en contextos de violencia criminal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha ratificado que los congresos locales tienen la libertad de configurar leyes que otorguen medidas de seguridad y protección a exfuncionarios, incluyendo a exgobernadores, secretarios de seguridad pública y fiscales. El máximo órgano de justicia del país determinó la justificación que brinda esta medida.
La SCJN determino que estas medidas, como en Guanajuato, no violan principios de honradez si se basan en un análisis de riesgo individual, y puedan extenderse por un período equivalente al tiempo que duró el cargo. En estados con alta incidencia delictiva, como Guanajuato, exgobernadores y alcaldes reciben escoltas estatales debido al repunte de violencia.
Para el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que desde que dejó el cargo hizo público su intención y derecho de irse a vivir al extranjero, en el caso concreto de radicar en The Woodlands, Houston, Texas. Antes de dejar el cargo en septiembre de 2024, el exgobernador dijo públicamente que solicitaría escoltas y medidas de protección, debido a las amenazas recibidas durante su gestión, marcada por altos índices de inseguridad y violencia.
La pregunta sería: ¿Se justifica la medida dictada por la SCJN, basada en el análisis de riesgo individual de Rodríguez Vallejo, cuando es del dominio público que no reside en México desde hace poco más de un año? Se fue de México, para contar con seguridad pública que brinda el radicar en los E.U o en el viejo continente, concretamente en Portugal, donde también se le ha visto por largos periodos de tiempo, junto con su familia.
¿Cuánto le cuesta al pueblo de Guanajuato, el tener unidades (patrullas) y personal afuera de su casa en la ciudad de León y en el rancho que también, tiene y custodian en los límites de Silao y León? ¿Qué le pueden custodiar a quien no radica en ninguno de los municipios del estado? ¿Qué le pueden robar de bienes en sus casas?
¿No serían más útiles esas patrullas y escoltas, patrullando las calles de cualquiera de los 46 municipios del estado, que, por cierto, siguen manchados de sangre, inseguridad y violencia todos los días? Algo tiene que decir el Gobierno del Nuevo Comienzo, al respecto.
¿No cree usted?
