La compra y consumo cotidianos de gasolina robada no son combatidos e incluso dudan autoridades de su esa práctica es sancionable penalmente.
Esto mientras se persigue, sin lograr erradicar el robo de hidrocarburos de los ductos de Pemex y su comercialización con todos los delitos a que está asociada esa actividad criminal, incluida la guerra entre cárteles criminales y ahora los ataques a policías y militares.
Ayer el secretario de Gobierno de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala, consideró que no hay sanciones para el ciudadano que se acerca los expendedores de hidrocarburo robado.
Un ciudadano refirió que la carestía de la gasolina y otras circunstancias, mueven a muchas personas a adquirir combustible para su consumo cotidiano.
Su comentario concreto: Los huachicoleros sí dan litros completos y venden a 13 pesos el litro.
De poco parecen servir las alertas lanzadas por autoridades a través de medios de comunicación en el sentido de que el manejo y venta clandestinos de gasolinas, resulta en riesgos serios para el consumidor como desperfectos en sus vehículos, peligros de incendios, entre otros.
Pero la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, sí tipifica la compra en términos generales, como lo establece su Título Segundo, De los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos:
Artículo 9.- Se sancionará a quien: Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. (las negritas son nuestras).
En Guanajuato han sido publicitados lugares de venta de huachicol, ya por que fueron intervenidos y desmontados por autoridades con detenciones de personas y aseguramiento de sustancias, ya porque la voz popular los ubica.
Pero la PGR, en su delegación Guanajuato, que poco publica de sus acciones contra el huachicol, no ha hecho público si inicia carpetas de investigación contra ciudadanos que adquieren esas sustancias como meros consumidores.
Y mientras la demanda se mantiene, el abasto al público, de combustible robado, sigue presente; y con él todas las consecuencias criminales como más del 80% de los asesinatos cometidos en la entidad atribuidos a las mafias que controlan o disputan esa actividad criminal y un medio centenar de policías asesinados.
