Lista para pasar a votación para su aprobación y posterior publicación se encuentra la Ley que Regula las Operaciones Inmobiliarias en el Estado de Guanajuato, que representa una actualización y mejora de la llamada Ley que resulta a los Agentes Inmobiliarios en el Estado de Guanajuato y que la semana pasada fue analizada por medio de parlamento abierto por la comisión de justicia del Congreso del Estado.
Gabriel Ponce Fuentes, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios acreditados del Estado de Guanajuato, habló para El Heraldo de León acerca del proceso que han seguido las reformas que ellos mismos, los integrantes de su asociación, propusieron con el fin de modernizar y adecuar esta ley a los tiempos actuales y las necesidades sobre todo, de la población.
“Quiero comentar que la ley que hoy tenemos tiene más de 10 años, tiempo en los que se han detectado varias áreas de oportunidad, entre ellos, que esta ley “no tiene dientes” y hay que dárselos para que realmente pueda funcionar”, afirmó el dirigente.
Entre otros puntos, Ponce Fuentes señaló que actualmente y bajo la ley que se rigen, no existe una unidad administrativa; no existe quién sancione y, sobre todo, dado a que todas las operaciones inmobiliarias concluyen en una notaría, se debe detallar en esta ley cuáles son los alcances de la participación de los Notarios Públicos en los procesos de compra-venta de los bienes inmuebles.
Por su parte, Arturo Núñez, del despacho jurídico INLEX, dijo que tras la revisión hecha de la situación actual de las leyes, en los 32 estados que conforman el país, detectaron “áreas de oportunidad” en una ley que es buena pero se puede perfeccionar.
“En la ley vigente, no se establecen claramente los derechos y obligaciones de los agentes inmobiliarios; también, la regulación de las personas morales es decir empresas enfocadas a la intermediación inmobiliaria, requiere profundización”, compartió.
Destacó que además se busca la posibilidad de que las asociaciones se acrediten y no sean solo agentes e inmobiliarias las que reciban esa atribución sino que se les brinde la posibilidad a asociaciones cuyos miembros estén acreditados.
Compartió que otro punto importante es el de la participación de los notarios ya que todas las operaciones inmobiliarias llegan a los notarios y son ellos quienes pueden detectar a quienes no estén acreditados, con la finalidad de proteger el patrimonio de la ciudadanía.
“No hay interés más importante que la protección del patrimonio de la ciudadanía, lo que a su vez conlleva la especialización de quienes dan esos servicios”, acotó.
En las mesas de diálogo que se desarrollaron la semana pasada, se notó cierta resistencia de los representantes del Colegio de Notarios acerca de que se incluya su papel en estos procesos.
Ponce Fuentes señaló que lo que se espera de los notarios es que durante su participación consulten el padrón que ya existe de agentes acreditados y que verifiquen que aquél que se encarga de mediar la compra venta, se encuentre dentro del mismo, para que proceda la transacción, lo que no implica más que unos minutos de checar un “QR” para dar legalidad al acto.
El representante de los “vendedores”, que fueron quienes solicitaron estas reformas a la ley, finalmente compartió con El Heraldo de León que ellos, los profesionales de los servicios inmobiliarios, se beneficiarán de esta profesionalización al poder “presumir” al público en general que tienen las credenciales necesarias para ofrecer sus servicios.
«Si yo cumplo con las normas de ley, el cliente, conmigo, tiene un contrato registrado con Profeco (que a quien defiende es al cliente); estoy demostrando que soy una persona confiable, que se puede confiar en mí y puedo acompañar el proceso de compra venta sobre el cual extenderé una factura por mis servicios”, acotó.
