PARTE III
Ernesto Gutiérrez, activista comunitario, líder sindical independiente y colaborador de Casa Obrera Potosina explica que aunque hay testimonios sobre la existencia de las llamadas “listas negras laborales” a las que suelen recurrir las empresas, hay poco o nada documentado sobre la situación.
De hecho, en respuesta a una solicitud de información elaborada para este trabajo, la Dirección General de Promoción y Desarrollo Laboral, adscrita a la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Guanajuato informó que “no se han presentado denuncias, quejas, reportes o investigaciones relacionadas con la existencia o posible existencia de listas negras laborales en los centros de trabajo o en los sindicatos que son de competencia local”.
“Es algo que se escucha o se conoce así a grosso modo. Es una suposición del uso de estas estrategias que hacen las empresas, los sindicatos y también las cámaras empresariales”, señala.
Él mismo, dice, es un trabajador “boletinado” para las empresas por su actividad sindical cuando laboró en Grupo Modelo en el año 2015; y narra que no es el único caso del que tiene conocimiento en San Luis Potosí, donde radica.
Explica que los sindicatos emplean estos mecanismos para identificar a trabajadores como él y que todo inicia desde la información que se proporciona a la empresa, donde se utiliza un programa “para ingresar a los antecedentes de registro y para conocer dónde fue tu última alta o baja laboral; es obvio que también se lo pasan al sindicato y hacen todo un rastreo”.
Más aún, relata, cuando los trabajadores se organizan para denunciar violaciones a sus derechos se evidencia la relación entre las empresas, los sindicatos y las autoridades laborales “y como en nuestro país todavía siguen existiendo casos de corrupción o soborno, pues seguramente (…) le hablan a la empresa y le dicen: ‘oye, aquí vino un grupo de trabajadores’”.
Agrega que esos reportes sobre trabajadores que demandan sus derechos laborales ante las autoridades, no solo llegan con las empresas sino con los sindicatos, representantes de gerencias, directivos de recursos humanos y hasta cámaras empresariales.
“Entregan estas listas de los trabajadores que han demandado pero también entregan información de los hijos, de los padres o de la esposa, por si alguno de ellos está trabajando en algunas fábricas donde tienen ese consejo empresarial, pues nos despiden.
Han pasado ese tipo de casos”, asegura” y señala que estas prácticas también buscan intimidar, sofocar y apagar el movimiento de la base trabajadora.
En el Bajío, Alejandra Morales Reynoso, Secretaria General del SINTTIA, quien es la primera mujer en México que lidera un sindicato en la industria automotriz, comparte una opinión similar a la de Ernesto; y recuerda que mientras peleaban el Contrato Colectivo de Trabajo en General Motors de Silao, en 2021, denunciaron e hicieron público el rechazo de la empresa a trabajadores que participaban en su movimiento sindical.
“Esto sí lo estuvimos denunciando durante mucho tiempo, donde desgraciadamente los sindicatos están en uno solo, son los mismos dirigentes los que les prohíben la entrada a otras nuevas empresas después de ser despedidos o dados de baja”.
Relata que hay compañeros que pueden tardar hasta un año en volver a conseguir trabajo y “cuando conseguían, les leían la cartilla de que se apegan a la red, al reglamento interior de trabajo y que no podían estar ahí causando alborotos”.
Morales recuerda el caso de un empleado que se encontraba adherido al SINTTIA y que al conseguir empleo en otra fábrica le cuestionaron sobre su afiliación sindical.
“Ya cuando explicó el tema de que él no había sido dirigente, sino simplemente afiliado, pues ya le pidieron una carta por parte del sindicato que él no era parte. Estos listados se comunican, la razón por cual salen de las empresas y con esto se les hace un rechazo dependiendo si creen que van a alborotar a los trabajadores, que van a empezar a exigir derechos que no tienen o cosas así”.
Un claro ejemplo de lo anterior es el caso de Israel Cervantes Córdoba, dirigente de Generando Movimiento y de Casa Obrera del Bajío, organizaciones sindicales independientes; y quien ha vivido en carne propia el efecto del veto de las listas negras desde 2019, cuando comenzó con su activismo sindical.
Relata que a pesar de haber formado parte del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), conseguir empleo en la industria automotriz ya fue prácticamente imposible.
«Desgraciadamente, el activismo sindical que he impulsado llevó a que no pueda participar en alguna empresa por miedo a que yo organice a trabajadores», lamenta.
