REVISIÓN
El 26 de octubre, la Comisión de Gobierno y Hacienda presentó un dictamen para ajustar por arriba del 5 por ciento, que autorizó el Congreso del Estado, el pago del DAP y el predial a un segmento de contribuyentes locales. Se abrió ahí el debate sobre la pertinencia de la medida y los efectos económicos que tendría en los ciudadanos que se verían afectados por esta alza, propuesta por la Tesorería.
La justificación en el caso del DAP era la necesidad de cubrir un déficit de alrededor de 80 millones de pesos anuales, y en el caso del predial era únicamente de manera parcial a colonias en que se ajustó su avalúo a partir de la inversión pública en infraestructura, que erogó el municipio en los dos últimos años.
La reacción de los partidos de oposición, de las cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil rechazaron inmediatamente la medida, por considerar que era desproporcionada y no ajustada a la realidad económica de las familias.
El sábado pasado, el Secretario General del PAN estatal, Alfonso Ruiz Chico, hizo un llamado al alcalde Héctor López Santillana y a los integrantes del cabildo azul en el Ayuntamiento para que recapacitaran sobre la intensión para incrementar parcialmente el DAP y el predial, a fin de evitar cargas tributarias que pongan en riesgo el sustento de las familias y la estabilidad de las empresas.
El domingo, en conferencia de prensa, el Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano, dio como un hecho la aprobación del ayuntamiento para subir el 50 por ciento del DAP al 5 por ciento de los contribuyentes que consumen más energía eléctrica, y el ajuste del predial entre un 5 y 40 por ciento a 62 colonias según el avalúo que propusieron los organismos técnicos responsables de actualizar el predial. La tasa del 5 por ciento autorizada no tendría aumento, únicamente el valor de la finca o inmueble, pero se dejó en manos del Congreso del Estado la definición del alza.
Ayer, temprano, el alcalde, Héctor López Santillana, emitió un pronunciamiento sobre este asunto de las alzas y pidió a las Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda que revisaran y modificaran el dictamen que presentaron el 26 de octubre.
Expresó que ningún servicio del municipio, incluyendo aquellos que son responsabilidad de las paramunicipales como Sapal, podrían modificarse por encima de los lineamientos que estableció el Congreso del Estado, y que se ubican en un 5 por ciento anual.
Aclaró que el costo del DAP no tendría incremento, que quedaría en el 10 por ciento del costo total de energía pública de los contribuyentes, como se cobra actualmente para absorber el gasto del alumbrado público ante la CFE.
Respecto al incremento que se propuso para 62 colonias por arriba del 5 por ciento, derivado del nuevo avalúo de las fincas e inmuebles, pidió a los integrantes del ayuntamiento que los revisaran.
Argumentó que era necesario cuidar que no se afectará la economía de las familias, en especial aquellas que están en condiciones de vulnerabilidad, y se comprometió a que con un manejo eficiente de los recursos públicos se cubrirían los costos del alumbrado público y predial sin incrementar la tasa a los contribuyentes. Dijo estar consciente de que la economía del país ha tenido un periodo de incertidumbre y que había un efecto inflacionario que afecta a las familias más vulnerables.
Al dar marcha atrás a la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio 2018, con estas alzas propuestas, el alcalde reviró a los señalamientos de los partidos políticos de los ciudadanos que serían afectados y de las organizaciones empresariales que habían anticipado que irían por el amparo.
De paso libró un rechazo del Congreso del Estado que había determinado solamente autorizar un 5 por ciento a las tarifas y servicios municipales, acordes al efecto inflacionario que se espera al cierre del 2017.
Subir impuestos, aún de manera parcial y no de forma generalizada como propuso el ayuntamiento, es una medida impopular y costosa en términos políticos, en una etapa electoral. Quizás ese factor fue evaluado por el PAN y se dio reversa a la propuesta original, falta que se explique de dónde van a salir los recursos del déficit, y que los síndicos y regidores de las Comisiones de Gobierno y Hacienda acepten la sugerencia del alcalde.
COMBO
El Consejo Político Estatal del PRI realizó ayer su segunda sesión extraordinaria, privada y urgente para determinar los procedimientos estatutarios de selección y postulación de las candidaturas a diputado, por el principio de mayoría relativa (22), presidentes municipales (46), así como a la gubernatura de Guanajuato y los plazos para emitir la convocatoria y obtener el registro de los aspirantes interesados.
La propuesta original que se analizó dentro del PRI estatal fue ir a un método de elección abierto, en contraste con la definición que hizo el Comité Ejecutivo Nacional en su última asamblea de optar por el mecanismo de convención de delegados, porque políticamente querían asestar un golpe al PAN, que definió la designación directa o dedazo, como interpretó el tricolor.
Ayer, en la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal se ratificó que para el caso de candidato a la gubernatura del estado, el método será una convención de delegados, como lo marcó el PRI nacional, y quienes integren este órgano interno será dado a conocer en la convocatoria que emita el partido en los próximos días.
La convención de delegados sería integrada por un 50 por ciento de los representantes del partido, los sectores y organizaciones adheridas (sectores obrero-campesino y popular y cuatro organizaciones, la de mujeres, unidad revolucionaria, movimiento territorial y red de jóvenes, más la Fundación Colosio e Instituto de Capacitación y Desarrollo Político) y de priistas ex oficio (ex alcaldes, ex gobernadores, ex presidentes estatales del partido, entre otros). Estos a su vez designarían una planilla de militantes para completar el otro 50 por ciento del total de los delegados, y los criterios también saldrán con la convocatoria.
En el caso de la elección de candidatos para las presidencias municipales, 23 candidatas o candidatos serán electos vía la convención de delegados (una vez conformada por el 50 por ciento sectores sociales y priistas ex-oficio y el otro 50 por ciento una planilla que propongan los primeros) y otros 23 candidatas o candidatos serán electos por una Comisión de Postulación del Comité Directivo Estatal del PRI. Esta misma fórmula aplicará para la elección de las candidatas y candidatos para las diputaciones locales, 11 por la vía de convención de delegados y 11 por la Comisión de Postulación.
Esta combinación de elección por convención de delegados y designación de la Comisión de Postulación de candidaturas fue acordada porque se tienen qué cumplir los criterios que marcan los órganos electorales para los casos de elección consecutiva y paridad de género en los casos de las presidencias municipales y las diputaciones locales. La Comisión de Postulación se definirá en los siguientes días.
Durante la reunión extraordinaria se acordó dar más detalles del combo de métodos de elección, una vez que salgan publicadas las convocatorias, en tanto, se notificará a las autoridades electorales la definición a la que llegaron los priistas ayer en la tarde.
Además, se aprobó la comisión de procesos internos, será presidida por Luis Felipe Sánchez; la comisión de justicia partidaria, José Alcaraz de la Rosa; la comisión política permanente, Santiago García López junto con otra comisión de financiamiento, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Por otra parte, el Comité Municipal del PRI en León arrancó con su estrategia de consulta ciudadana para elaborar el llamado Plan León 2018 y que estará definido bajo seis ejes temáticos como: seguridad ciudadana y prevención; desarrollo social integral; desarrollo económico sostenible; desarrollo territorial (urbano y rural); infraestructura de vanguardia y servicios públicos eficientes, así como transparencia y buen gobierno. Este sábado será el primer foro.
En la primera reunión se planteó el tema de seguridad como uno de los más preocupantes de la ciudad ante el incremento de los homicidios dolosos y la falta de resultados de la Secretaría de Seguridad Pública, según lo plantearon los asistentes a la sede de la presentación, frente al Arco de la Calzada.
Entre algunos personajes que asistieron a esta convocatoria del presidente del PRI municipal, Denny Méndez, estuvieron: Norma Patricia Zúñiga, Verónica García Barrios, Leonel Charnichart, Arturo Guerrero, José Pedroza Cobián, Ángel Arellano, Luis Fernando Gómez, Fortino Batres, Hugo Varela, Fito Pons, Rodolfo Rea, Francisco Trejo, Alejandro Mares, Manuel Hidalgo y otros líderes sindicales y de los sectores sociales agrupados a este partido político. En la tarde, quienes son integrantes del Consejo Político fueron a la reunión extraordinaria para elegir su método de selección de candidatos.
HOSPEDAJE
Mientras en el Congreso del Estado sigue en análisis la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PAN para regular los servicios de hospedaje que prestan las plataformas en las redes sociales, en el marco del Festival Internacional del Globo ya se ofertan habitaciones que van desde los 250 pesos hasta los 5 mil 500 pesos en los márgenes del Parque Metropolitano de León.
Hay desde una cómoda habitación por 269 pesos la noche por persona hasta casas que alcanzan un valor de renta diaria superior a los 5 mil pesos, todas frente al Parque sede del Festival Internacional del Globo, lo que representa una competencia desleal para el sector hotelero, como señaló ayer su dirigente Eduardo Bujaidar.
Las colonias aledañas a la Presa del Palote son el sitio preferido que promueven las plataformas en internet pero hay otras zonas donde el precio es menor, aunque a distancia mayor, ya sea caminando o en transporte público, como se observa en los anuncios que circulan en redes sociales.
El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León explicó que las aplicaciones como Airbnb oferta habitaciones y hasta casas durante los eventos masivos de más éxito en la ciudad como la feria, el festival del globo, la Motofiesta y el rally, entre otros eventos que se realizan en las semanas donde hay periodo vacacional.
El argumento que han presentado los empresarios a los legisladores locales es que no existe un marco normativo que regule aspectos básicos como la calidad en el servicio, la seguridad, la comodidad, entre otros, de las habitaciones consideradas piratas, mucho menos una aportación de impuestos a la ciudad o el estado.
Los empresarios formales tienen qué pagar una tasa de impuesto al hospedaje que luego se aplica en la promoción de la entidad y de sus eventos principales, situación que es aprovechada por las plataformas que cobran a los usuarios por el servicio, pero sin dejar un beneficio a la ciudad. Hay algunos estados del norte del país donde se ha frenado esta competencia desleal y se han diseñado mecanismos legales para garantizar la seguridad de las personas que utilizan el servicio, la calidad que se oferta y el pago de impuestos.
La infraestructura hotelera en Guanajuato ha crecido de manera importante, y al cierre de la administración habrá alrededor de 29 mil cuartos formales, una vez que el sector privado ha apostado con inversión en el desarrollo del sector por lo que quiere que prevalezcan las mismas condiciones de competencia para todos aquellos que busquen incursionar en los servicios de hospedaje.
A los empresarios les preocupa que el análisis en el Congreso del Estado tarde más tiempo, porque eso significa carecer de un marco legal adecuado para que se fomente la sana competencia en el sector hotelero de Guanajuato.
Esto lo saben bien los legisladores, porque desde hace más de un año se ha insistido que se revise el tema y apenas hace un par de meses se presentó la iniciativa de Ley, y como vienen procesos electorales, existe preocupación que no se avance en este asunto.
