COLONIAS
El Observatorio Ciudadano de León entregó esta semana el reporte anual del Boletín Hemerográfico 2016, en donde resalta un dato que debe tener preocupadas a las autoridades por las condiciones que viven las familias que habitan en las 10 colonias que registraron mayor incidencia delictiva.
Las colonias donde se observaron más delitos en el año que termina son San Juan Bosco, San Miguel, 10 de Mayo, Jardines de Jerez, Zona Centro, El Coecillo, La Cima, Obregón, San Juan de Abajo y la Piscina.
El dato es relevante porque muestra un punto de partida para las autoridades en su estrategia de seguridad para el 2017, una vez que ahí están localizados los principales delitos reportados por el Observatorio Ciudadano de León.
En estas 10 colonias se registraron por los medios de comunicación 236 delitos de los mil 524 que fueron registrados y desagregados por el Observatorio Ciudadano de León, que permite tener una radiografía más exacta de las zonas donde se presentan los delitos y las diversas modalidades a las que están expuestos los ciudadanos.
Si se toma como referencia las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016 se registraron 6 mil 946 delitos reportados oficialmente a las autoridades entre enero y noviembre en León. Esto representa alrededor del 24 por ciento del total de delitos que se registran en Guanajuato, que junto con Celaya e Irapuato son los municipios con mayor incidencia delictiva.
Otro dato relevante del documento elaborado por este organismo es el aumento de la incidencia delictiva en 2016, una vez que en enero se reportaron 127 delitos y en diciembre fueron 163, lo que refuerza la tesis de que se necesita fortalecer la estrategia de seguridad porque el cambio en la Dirección de Policía y el equipamiento otorgado a los elementos no ha sido suficiente para contener el delito.
El concepto de seguridad humana abarca estrategias enfocadas al desarrollo integral de las personas y no únicamente esquemas operativos o mayor presencia de elementos en las zonas donde se registra el delito. Por eso es importante la transversalidad de las políticas públicas para desinhibir la violencia y delincuencia que se registra en la ciudad.
Los datos que proporciona el Observatorio son apenas una aproximación al problema de incidencia delictiva en la ciudad, ya que las estadísticas que ofrece la Secretaría de Seguridad Pública de León, hasta el mes de octubre, muestran una tendencia superior de delitos a las que reportan los medios de comunicación.
Por ejemplo, entre enero y octubre de 2016, la Policía Municipal tenía un registro de 783 robos a casa habitación; 2 mil 92 robos a comercio; 714 robos de vehículo; 749 robos a transeúnte y 633 casos de lesiones dolosas. En el caso de homicidio doloso, las cifras son casi similares, ya que las autoridades municipales registraron 213 mientras que el Boletín Hemerográfico únicamente 206.
En este último caso, es evidente que se disparó la cifra de homicidios dolosos, una vez que en enero se registraron 14 y diciembre fueron 23. En el primer semestre del año fueron alrededor de 14 homicidios dolosos mensuales en promedio mientras que en el segundo semestre fueron 20 mensuales en promedio, cuando el año 2015 fueron 15 en promedio.
Este lunes se llevará a cabo la reunión del Consejo Directivo del Observatorio Ciudadano de León y uno de los planeamientos que deben abordar sus integrantes es buscar la forma en que las autoridades municipales, estatales y federales atiendan esta situación que se vive en la ciudad, porque de nada sirve tener esta información sin una acción contundente en su atención, y no se trata únicamente de mandar patrullas y policías sino entender que factores detonan la violencia y delincuencia en estas colonias para aplicar políticas y programas más efectivos.
PRIVILEGIOS
Los senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Fernando Torres Graciano, presentaron una iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación que acabaría con los privilegios de la alta burocracia y que ayudaría a reducir el gasto corriente de la administración pública.
Las nuevas condiciones económicas que vivirá México en los próximos meses, en especial la población que tiene bajos ingresos, que apenas le sirven para sobrevivir, requiere de un esfuerzo solidario de la burocracia para ajustarse a la realidad y dejar que los millonarios ingresos que reciben cada año se traduzcan en programas y acciones que favorezcan el desarrollo integral de las familias.
Pero no toda la estructura laboral dentro de la administración pública federal goza de los privilegios de bonos, gastos médicos mayores, fondo de retiro, aguinaldos superiores a lo que marca las leyes laborales, ayudas de transporte y alimentación, pensiones vitalicias, entre otros beneficios, sino que hay una brecha entre los niveles directivos y operativos de cada dependencia federal.
Esta iniciativa busca equilibrar esas diferencias porque incluso hay funcionarios federales que ganan más que el propio presidente de la República por el hecho de estar en organismos autónomos o descentralizados que determinan sus propias condiciones de privilegio sin que haya un mecanismo transparente para la asignación de sus gastos e ingresos. Por eso se busca que las remuneraciones y tabuladores sean públicos y especifiquen los rubros que componen el ingreso.
El senador Torres Graciano explicó que los ciudadanos están cansados de los abusos de los funcionarios públicos, que viven con privilegios que la mayoría de las familias no tienen, lo que debe ser entendido y atendido por el gobierno federal.
Por ejemplo, se busca eliminar asignaciones respecto a tecnologías de información, servicios de comunicación, vehículos y combustibles para los traslados de ministros, magistrados, senadores, diputados federales, secretarios de Estado, titulares de Organismos Constitucionales Autónomos, secretarios generales, subsecretarios, titulares de Unidad y directores generales junto con sus equivalentes.
Además, la iniciativa contempla que los viáticos sean sujetos a comprobación y los remanentes de los recursos asignados, deberán devolverse al órgano público que se los otorgó dentro de los diez días hábiles después de la conclusión de la comisión. Actualmente, son poco claros estos mecanismos del uso de los recursos públicos destinados a estas tareas.
Para poner dientes a las medidas encaminadas a eliminar los privilegios de la alta burocracia del gobierno, también se propone una reforma al Código Penal Federal que incorpora sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 100 a 300 días multa, la destitución e inhabilitación de 6 a 12 años para desempeñar otro cargo o comisión públicos, si el servidor público comete delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
COMPETENCIA
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) recomendó a los gobernadores, legisladores locales y alcaldes eliminar una serie de restricciones regulatorias detectadas por esta autoridad y que limitan el establecimiento y operación de estaciones de servicio para la venta al público de combustibles, las cuales restringen la competencia.
De acuerdo con el análisis que elaboró la Comisión propone entre sus conclusiones la transición hacia un mercado más competido de gasolinas, en donde las autoridades estatales y municipales juegan un papel fundamental para la expansión de la oferta de estaciones de servicio, debido a que se requiere ampliar la oferta para disminuir los márgenes de ganancia de los expendedores y tener un impacto en los precios finales que pagan los consumidores.
Actualmente hay una baja penetración de estaciones de servicio en comparación con otras referencias internacionales, ya que por lo menos se tendrían que construir entre dos y 12 mil estaciones en el corto plazo y hay vez que hay 319 ordenamientos estatales y municipales en materia de desarrollo urbano, construcción, medio ambiente, protección civil y manejo de residuos que limitan su expansión.
Entre las principales restricciones están los requisitos de distancias mínimas entre las estaciones de servicio; requisitos injustificados relativos a la superficie y características del predio; requisitos inconsistentes con la regulación federal que incrementan los costos de entrada como las disposiciones de seguridad industrial, operativa y medioambientales, que son de jurisdicción federal cuando se trata de la industria de hidrocarburos junto con disposiciones que generan incertidumbre respecto a la obtención de permisos, licencias y autorizaciones.
La Comisión también recomienda establecer criterios más transparentes y públicos en el otorgamiento de autorizaciones, licencias y permisos para construir y operar estaciones de servicio para brindar certidumbre jurídica y garantizar el acceso y permanencia de los competidores en el mercado.
El resultado final sería una mejor competencia y libre concurrencia en el expendio al público de combustibles para contribuir a un mercado con mayor oferta de combustibles y a menores precios, lo cual es relevante en un contexto de proceso de apertura de los mercados de las gasolinas y el diésel.
