DESTRABAR
La Comisión Nacional del Agua aún no confirma la fecha en que entregará el análisis financiero, ambiental y legal del proyecto de el Zapotillo y su acueducto, que servirá de base para determinar si los concesionarios actuales, entre ellos Abengoa, continúa o no al frente de la obra.
El Director de SAPAL, Leonardo Lino Briones, explicó esta semana que el gobierno federal será quien aporte los elementos necesarios para destrabar esta obra y acelerar el trabajo que permita traer el agua a León tal y como lo señala el acuerdo de distribución firmado hace dos décadas.
Actualmente, se tiene un avance de 6.3 kilómetros del acueducto y se tiene garantizado el suministro de tubería para otros 20 kilómetros (ya se entregaron) junto con un pedido ya hecho para proveer material para otros 20 kilómetros, con una empresa regiomontana.
Uno de los principales problemas del concesionario es que le falta capital de trabajo para acelerar las obras a raíz de la situación financiera que enfrentó su matriz en España y que recientemente la llevó a un concurso mercantil en México. Por eso Banobras no le ha liberado los recursos de los anticipos pactados para continuar con los trabajos de construcción del acueducto.
Este es un tema al que SAPAL le ha dado seguimiento con especial atención sobre todo después de que Abengoa emitió en España un nuevo plan para capitalizar la empresa vía emisión de acciones y refinanciamientos que le permitirían continuar con sus proyectos más importantes en el mundo, entre ellos, el proyecto de El Zapotillo en México.
Tanto el gobierno federal como las autoridades locales esperan que mejoren las condiciones financieras del concesionario en México y reciba el capital que hace falta para acelerar las obras, aunque para eso falta que salga del concurso mercantil que declaró un juez en enero de este año.
El análisis que realice el gobierno federal va a permitir determinar si es factible o no reactivar el flujo de recursos al concesionario en México y cuál es la capacidad real que tendría para cumplir con la obra pactada. Esto también va a depender de la salida que tenga Abengoa con sus acreedores locales.
El Director de SAPAL explicó que el organismo ya tiene reservados los recursos que serían necesarios aportar para dar continuidad al proyecto aunque esperan la resolución final que tenga el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua y Banobras.
El gobierno del estado mantendrá la presión sobre las autoridades federales para que decidan si continúa o no el concesionario con la obra porque ya han pasado casi cuatro años desde que ganó el concurso y los avances del proyecto han sido mínimos.
En este contexto, las organizaciones sociales que defienden a las comunidades que serían afectadas con la construcción de la presa, cuya obra se encuentra detenida en tanto no haya una resolución de la SCJN sobre la altura de la cortina, irán a otras comunidades de Jalisco a reiterar la inviabilidad del proyecto.
RECUENTO
El dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada, cerró la semana con el control de daños ante la embestida de la estructura informal que pretende imponer al Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, como el candidato del partido a la gubernatura de Guanajuato en 2018.
En primer lugar reclamó a los panistas que organizaron el desayuno en apoyo al funcionario estatal a la misma hora que la presentación del informe de la Secretaría Estatal Juvenil y a la que asistieron una parte de los alcaldes, diputados federales y locales, dirigentes municipales y funcionarios estatales y municipales que militan en el PAN. Les exigió respetar el Estado de Derecho para evitar actos anticipados de campaña y ajustarse a los tiempos que marcan las leyes electorales.
Luego, convocó a los presidentes de los comités municipales del PAN en el estado para pedir imparcialidad y respeto a las estructuras formales del partido para evitar pleitos internos que los lleven a perder la hegemonía política que han mantenido en Guanajuato en los últimos 25 años. El mensaje más claro a los representantes panistas en los municipios fue que el partido no tiene candidatos porque no son tiempos electorales para que eviten operar a favor de cualquiera de los aspirantes a un cargo de elección popular.
Vinieron también las llamadas a los coordinadores de los diputados locales y federales y de los alcaldes panistas en Guanajuato con el propósito de que se abstengan de hacer proselitismo a favor de cualquiera de los militantes porque deben garantizar la imparcialidad en el proceso.
Quienes ocupan las coordinaciones de diputados federales, locales y alcaldes panistas en Guanajuato ya tienen tarjeta amarilla y si mantienen su operación política antes de los tiempos que marca el partido, enfrentarán hasta la remoción de sus cargos, según lo establecen los propios estatutos internos.
El tema también se subió al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, porque será esa instancia quien determine junto con el Comité Directivo Estatal en Guanajuato, el método de selección de candidato a la gubernatura del estado, ya sea por elección interna o por designación. Este tema será abordado hasta que pasen las elecciones en los estados que hoy están en juego, el 4 de junio de este año.
Las medidas adoptadas por el Comité Directivo Estatal del PAN tienen el claro propósito de mandar un mensaje a los panistas de que el control del proceso electoral está en manos del partido y no en un grupo de militantes que quieren una designación por aclamación.
La valoración de los directivos del PAN estatal es que son legítimas las aspiraciones de quienes buscan un cargo de elección popular en el 2018 pero se deben ajustar a los tiempos y procesos que marca el partido para evitar que anulen sus posibilidades antes de que se abra la convocatoria formal, lo que sucedería hasta octubre de 2017.
Lo que sí quedó en evidencia es que nadie debe caer en la desesperación por ser el ungido como candidato ni buscar la confrontación como vía de presión política para alcanzar una designación sin antes ofrecer resultados de su trabajo y respetar el marco legal.
Quedo claro además de que el control del proceso lo tiene el partido y que las embestidas contra el Comité Directivo Estatal pueden resultar contraproducentes y hasta pueden tener consecuencias que los coloquen fuera de la posición que ahora sueñan alcanzar en el 2018.
MOTIVOS
La ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, sostuvo una reunión con algunos de sus ex colaboradores, el viernes pasado a medio día, previo a su visita a la oficina de la Contraloría Municipal que sigue procesos administrativos en su contra, en donde reiteró ser víctima de una persecución y venganza política del PAN.
De acuerdo con la legisladora federal del PRI, los panista siguen dolidos porque les arrebató la hegemonía política en León y les quitó varios de los negocios que tenían amarrados con proveedores de servicios al municipio además de que la quieren fuera de la competencia electoral en el 2018.
Para sustentar sus señalamientos, Botello Santibáñez puso como ejemplo los requerimientos que se le han hecho a los ex funcionarios que integraron la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión Especial para la licitación del sistema de recolección de residuos sólidos urbanos en 2014 y hasta los ciudadanos que participaron en el Consejo Directivo del SIAP por supuestas irregularidades en el proceso que acabo con la entrega de la concesión del servicio a Gisa y Red Recolector.
La abogada explica que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato se extralimitó en sus funciones legales al tratar de imputar supuestas conductas irregulares en el proceso, situación que será resuelta en los tribunales administrativos porque no asiste la razón legal a los auditores ni a los integrantes del Ayuntamiento actual que ordenaron a la Contraloría imponer sanciones a los ex funcionarios y ciudadanos que integraron los órganos arriba descritos. Es una aberración jurídica lo que pretende hacer la Contraloría Municipal, señaló.
La persecución política se hará más intensa porque según la legisladora federal, el PAN no encontró ninguna evidencia de lo que denunció durante muchos meses de que había corrupción en su administración.
‘La única intensión que tienen es dañar lo que hizo la administración que encabecé’, fue reiterativa en su planteamiento previo a la visita a la presidencia municipal y en donde estuvo acompañada, entre otros, por el ex director jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento y actual dirigente del PRI municipal, Dany Méndez, y el ex síndico del PRI, Leonel Charnichart Celis.
Respecto al último procedimiento que se abrió por la compra del terreno en el Timoteo Lozano para la construcción de la estación del SIT, y en donde la Auditoria Superior del Estado encontró elementos para sancionar a los ex integrantes del Ayuntamiento y del Comité de Adquisiciones, la ex alcaldesa aclara que no hay irregularidades.
El predio era el mejor ubicado para colocar la estación del SIT y daba al frente con el bulevar; el plan era que las oficinas de la Dirección de Movilidad y de algunas empresas de transporte público también tuvieran espacio para ubicarse en ese lugar y el estudio de movilidad marcaba que ahí era un sitio adecuado para facilitar a los usuarios la conectividad con el sistema de transporte público.
Finalmente, Botello Santibáñez remata que si de verdad hubiera interés por combatir la impunidad, el gobierno municipal y el Congreso del Estado deberían voltear a revisar otros asuntos como el aumento al transporte público que dejará más de 450 millones de pesos al año a los transportistas; la inseguridad que azota la ciudad pese a las inversiones millonarias en equipamiento; la pérdida de 40 millones de pesos invertidos en Metrofinanciera; la pérdida del patrimonio municipal con el predio del Metropolitano y el Estadio León, entre otros temas, los cuales no se habla nada porque están involucrados los mismos que hoy la persiguen.
