El mundo intelectual, se especializa cada vez más. La cantidad de doctorados y pos-doctorados aumenta, de tal manera, que la sociedad, si bien desorganizada orgánicamente, reclama –no siempre dentro de los cánones- una clase política con peculiaridades suficientes para garantizar el funcionamiento y evolución de las instituciones que rigen al Estado.
Con distintas motivaciones, quienes actúan en la opinión pública, han lanzado una serie de invectivas contra quienes ejercen la política. Un análisis serio, reclama una reforma consciente sobre los conocimientos y vocación que debe animar la participación de los funcionarios, empleados y servidores públicos.
Por tal motivo, el ejercicio de los cargos públicos requiere una formación cada vez más sólida en quienes sean escogidos para cumplir funciones en el manejo de las instituciones. Una forma civilizada de exigir el cumplimiento de requisitos para acceder a cargos públicos, es sin duda la certificación.
Comentando el asunto con expertos, surgió la pregunta obligada cómo evitar que el requisito sea burlado por actos de corrupción. Sin duda que es algo en lo que legisladores de todas las corrientes del pensamiento político deben analizar con sumo cuidado, así como los conocimientos exigibles para que en una vocación definida, puedan dar los frutos deseados.
La sociedad debe lograr acuerdos para que las buenas intenciones no topen con la indiferencia de los ciudadanos y sean éstos, cada vez en mayor número, quienes interactúen para fortalecer a los órganos del Estado.
Tienen razón quienes se quejan de la inoperancia de gran número de irresponsables a cargo de gobiernos; pero habremos de tomar en cuenta, que por razones múltiples-entre otras la radicalización del capitalismo vigente- se han abandonado las capacidades para cumplir y hacer cumplir la ley, por la dificultad para hacer defensa adecuada de los principios que inspiraron las normas jurídicas escritas.
Debería exigirse como requisito para la certificación, en primer término la vocación de servicio a través de la historia personal; conocimientos de historianacional, a través de la interpretación dialéctica de la misma, especialmente en materia económica, política y social.
En la realidad social, hay quienes tienen predilección y aptitud por la función ejecutiva, por la legislativa o la judicial, en el marco de los tres órdenes del gobierno. Para el ejercicio de cada una de ellas, se requiere conocimiento esencial del derecho, comenzando por los valores y principios que generaron sus distintas manifestaciones.
Fortalecer al Estado, no implica conculcar libertades, sino garantizar que la norma jurídica sea cumplida y los órganos de gobierno, capaces de obedecerla y hacerla cumplir, evitando que sean poderes de hecho quienes se arroguen la rectoría de la vida económica, social y política del país.
