La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, abrió una investigación sobre los hechos registrados en la detención de las manifestantes, por parte de las Fuerzas del Estado, tras el bloqueo de la vía pública en la capital.

La Procuraduría agregó que se abrió el Expediente de Queja 72/2020-A, y se solicitaron informes a las FSPE, la Fiscalía General del Estado y la Policía municipal de Guanajuato.

El organismo consideró que las manifestaciones sociales son una expresión legítima, amparada en los derechos humanos y contenidos en el artículo 1 de nuestra Constitución, y añadió que las autoridades tienen la obligación de respetar el ejercicio de los mismos.

Explicó que el pasado 7 de julio, los integrantes de los colectivos hicieron llegar una solicitud para salvaguardar sus derechos durante un plantón que tenían programado para el jueves 9 del presente mes frente a las instalaciones del Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato.

En atención a esta petición, se solicitó al presidente municipal, Mario Alejandro Navarro Saldaña, a través de un oficio, proveer las medidas de protección necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la libertad de expresión de los integrantes de los colectivos que asistirían.

“El contenido de esta solicitud a las autoridades municipales se hizo del conocimiento de los representantes de los colectivos. De igual manera, este organismo público de derechos humanos en el marco de cooperación y trabajo conjunto con la CNDH, está en contacto con el representante de la Visitaduría Auxiliar de dicha instancia, Jorge Francisco Rubio Salgado, para dar seguimiento a este caso”.

Se hizo de conocimiento público una manifestación en una de las vías de comunicación del acceso al municipio de Guanajuato, en la que participaron integrantes de los colectivos “A Tu Encuentro” y “Sembrando Comunidad”.

“Derivado de esta situación, se observó la intervención de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado quienes posterior a la liberación del acceso, realizaron algunas detenciones de los participantes. Se solicitó a la Secretaría de Gobierno proporcionar la asignación de abogados a las personas detenidas, a efecto de que se garantice de manera efectiva su derecho a una defensa adecuada”.

“De igual manera, se ha solicitado un Informe a las autoridades responsables del operativo y la detención de las personas, a la Fiscalía General del Estado, Regional D, y a la Policía municipal”.

La PDHEG consideró que las manifestaciones sociales son una expresión legítima, amparada en los derechos humanos y contenidos en el artículo 1 de nuestra Constitución y las autoridades tienen la obligación de respetar el ejercicio de los mismos.

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