El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona, condenó cualquier agresión contra periodistas y reiteró el compromiso del estado con la defensa de la libertad de expresión, tras el caso reciente de un comunicador lesionado en Celaya.
Indicó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se estableció contacto con la víctima, quien fue trasladada para recibir atención médica y se reporta fuera de peligro. Asimismo, confirmó que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.
El funcionario evitó adelantar conclusiones sobre la posible participación de elementos de seguridad, pero aseguró que existe disposición de las autoridades para llegar hasta las últimas consecuencias y aplicar la ley en caso de que se confirmen responsabilidades.
Enfatizó que ninguna agresión contra periodistas será tolerada, independientemente de quién la cometa, y recordó que existe una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.
Además, destacó la existencia de un fondo estatal destinado a apoyar a comunicadores que resulten afectados en el ejercicio de su labor, el cual puede utilizarse para reponer herramientas de trabajo en caso de robo o daño.
En otro tema, el secretario lamentó el fallecimiento del titular de la Cruz Roja en Celaya, Saúl Banda quien, de acuerdo con la información disponible, padecía una condición cardíaca previa.
Aunque no se ha podido acreditar plenamente si un intento de asalto detonó el paro, señaló que situaciones de estrés pueden representar un riesgo para personas con antecedentes médicos.
Expresó solidaridad con la familia y confirmó que el gobierno estatal mantiene contacto con la institución para brindar apoyo.
En cuanto a la alerta de género, explicó que el estado continúa implementando acciones y se encuentra en espera de una evaluación federal, tras la salida de la anterior titular del área.
Aseguró que se trata de un trabajo institucional que no debe verse afectado por cambios administrativos.
Acotó que los desafíos en seguridad, derechos humanos y gobernabilidad requieren una respuesta constante, coordinada y con apego a la legalidad, en la que participen tanto autoridades como sociedad.
