Durante el último año, la Secretaría de la Honestidad inició un total de 2 mil 288 investigaciones derivadas de auditorías y denuncias en entes públicos, de las cuales 180 corresponden a conductas relacionadas con violencia laboral y de género, como acoso laboral, hostigamiento laboral y acoso sexual, según lo compartió la titular de la dependencia, Arcelia María González González.
De acuerdo con la funcionaria estatal, estas 180 investigaciones reflejan una problemática persistente dentro del servicio público, siendo el acoso laboral la conducta más recurrente con 98 casos registrados, seguido de 58 denuncias por acoso sexual y 24 por hostigamiento laboral.
En cuanto al estado que guardan las investigaciones, González González detalló que 119 expedientes continúan en etapa de integración, lo que implica que aún se encuentran en proceso de análisis, recopilación de pruebas y revisión de testimonios para determinar si existen elementos suficientes que permitan fincar responsabilidades administrativas.
Indicó que 56 investigaciones fueron archivadas debido a la falta de pruebas suficientes, lo que impidió acreditar la comisión de una falta. En este sentido, explicó que el proceso de investigación exige un alto estándar probatorio, por lo que no basta con la denuncia para proceder con una sanción.
Precisó que únicamente en cinco casos se lograron reunir los elementos necesarios para sostener la existencia de una falta administrativa, por lo que se iniciaron los procedimientos correspondientes para sancionar a los responsables.
“En cinco investigaciones se obtuvieron elementos para sostener una falta, por lo que se iniciaron los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondiente”, señaló.
González González subrayó que la actuación de la Secretaría de la Honestidad se rige estrictamente por el marco legal y no por criterios políticos o mediáticos, por lo que cada resolución está sustentada en pruebas documentales.
Subrayó que el objetivo de estas investigaciones es garantizar la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos laborales dentro del servicio público, así como contribuir a la construcción de espacios libres de violencia en las instituciones gubernamentales.
